El grupo popular de la Diputación de Alicante se aferró ayer a su mayoría absoluta para rechazar una propuesta del PSPV para atajar la corrupción urbanística. Por el contrario el pleno de la Corporación Provincial, que preside el zaplanista José Joaquín Ripoll, sí dio luz verde a otras dos mociones impulsadas por los populares: la primera para encauzar la iniciativa de pedir a la Unesco que confiera a las fiestas de Moros y Cristianos el rango de Patrimonio Oral de la Humanidad, y la segunda para solicitar al Gobierno más fondos para las políticas relativas a la inmigración.
El PSPV presentó una moción, titulada Decálogo sobre las prácticas Urbanísticas, cuyo objetivo final, en palabras de su portavoz, Antonio Amorós, "es poner coto a la acción depredadora y la fiebre constructora que azota a la Comunidad Valenciana en los últimos años, fenómeno que conlleva que se esté construyendo el doble de lo que se demanda". El diputado socialista responsabilizó de esa situación al PP y planteó la alternativa de inhabilitar a los cargos públicos implicados en supuestos casos de corrupción urbanística. En esa lista, Amorós incluyó a los regidores de Alicante, Orihuela y Torrevieja.
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