Mercadona acosa. ¿Y agrede?

“Esto por Mercadona” le espetaban los cinco individuos que abordaron anoche en la calle a J.C., afiliado de CNT y miembro del Comité de huelga de Mercadona, mientras le propinaban puñetazos y patadas hasta dejarlo inconsciente en un charco de sangre. Tuvo que ser recogido por una ambulancia y posteriormente atendido en la Cruz Roja de traumatismo craneal, contusiones y puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo.

Entérate de todo lo relacionado con Mercadona y la lucha que desde CNT mantienen contra esta empresa que ya ha sido acusada por acoso laboral a sus trabajadores, que dificulta el ejercicio de las actividades sindicales, que despide arbitrariamente y que, por lo que se ve, le cuesta a más de un huelguista una buena ración de palos.

Estos supermercados se están reproduciendo como los hongos, al menos en la zona sur de Madrid que es la que más conozco. Sus bajos precios tienen la culpa, pero, ¿cuál es el precio real? ¿No estarán sus trabajadores pagando con creces la diferecia de precios? Que cada uno elija libremente dónde comprar, pero que todos seamos conscientes de qué precio pagamos nostros y qué precio deben pagar otros. Yo tengo claro que no compraré en Mercadona, y recomiendo hacer lo mismo.

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El Consell retira las competencias urbanísticas a Catral por permitir más de 1.200 viviendas ilegales

La Generalitat Valenciana asumió ayer las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Catral ante la «relajación del Consistorio» en la proliferación «exagerada» de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y en suelo protegido, informó ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons.
El conseller señaló que si la corporación local no realiza en el plazo de un mes una propuesta de concierto en la que reconozcan las más de 1.200 viviendas ilegales construidas y en la que proponga soluciones, la Generalitat asumirá también las competencias en planeamiento urbanístico, atendiendo a la Ley de Bases de Régimen Local, y se planteará «solicitar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Catral», gobernado por el grupo socialista.
Según el responsable de Territorio, existen 1.270 viviendas construidas en suelo no urbanizable, parte de ellas en suelo protegido del Parque Natural del Hondo, que suponen un total de tres millones de metros cuadrados construidos sin licencia y sin dotación de servicios.

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Territorio retira el control urbanístico a Catral porque tiene 1.270 casas ilegales

La Generalitat retiró ayer las competencias urbanísticas al municipio alicantino de Catral, gobernado por los socialistas, por no atajar la "proliferación" de casas ilegales en su término. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, justificó la drástica medida, sin precedentes, en la existencia de al menos 1.270 casas sin licencia levantadas sobre suelo no urbanizable y en el parque natural de El Hondo. La decisión tomó por sorpresa al alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, que afirmó que negociaba una solución. Los socialistas exigieron al consejero la misma contundencia en localidades del PP.
El consejero aseguró que Catral ha experimentado un crecimiento "desordenado y completamente excesivo", y que la intervención de la Generalitat era "inaplazable" ante la falta de reacción del Ayuntamiento. Según sus datos, en 2002 había 358 viviendas ilegales, una cifra que en 2005 alcanzó las 1.270 y probablemente se haya sobrepasado ya. Las casas se han construido sin ningún tipo de licencia, planeamiento o servicios en suelo no urbanizable y en terreno protegido del parque natural de El Hondo. González Pons destacó que la ocupación ilegal de suelo en Catral se ha multiplicado por cuatro y afecta a casi tres millones de metros cuadrados.
La Generalitat conocía la situación urbanística de Catral, por denuncias de afectados a la justicia y al menos un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ya urgió a actuar en octubre de 2004. González Pons argumentó que la consejería ha estado en contacto con el Ayuntamiento desde principios de legislatura y le exigió la redacción de un concierto previo, el documento de directrices de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Catral lo presentó el 5 de mayo de 2005, y la consejería tardó más de un año en rechazarlo. Según el consejero, el pasado 24 de julio descartó el documento porque no contemplaba más del 50% de las casas ilegales y no aportaba salidas urbanísticas. La notificación oficial no llegó a Catral hasta el 22 de septiembre.
González Pons envió ayer al Ayuntamiento al director territorial de Alicante y a la Policía Autonómica para notificar al alcalde que le retira las competencias de ordenación urbanística y le da un mes para redactar otro concierto. De ser insatisfactorio, la Generalitat asumiría también las competencias de planeamiento y no descarta pedir al Gobierno la disolución de la Corporación, como en el caso de Marbella, recalcó el consejero. El expediente se remitirá a la Fiscalía por un posible delito contra la ordenación urbanística. El consejero no quiso señalar al alcalde o a las constructoras, pero sí acusó al Ayuntamiento socialista de "dejadez".
"Espero que esta actuación tenga un carácter ejemplarizante", enfatizó González Pons, quien enarboló la bandera del rigor urbanístico justo un día antes de la moción de censura del PSPV-PSOE contra el presidente del Consell, Francisco Camps, y después de meses de denuncias de la oposición al PP por el desaforado desarrollo urbanístico de los últimos años en la Comunidad Valenciana. La política urbanística del PP mereció el año pasado la censura del Parlamento Europeo, que recibió más de 15.000 quejas de afectados.

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El alcalde tacha la actuación del Consell de «descarada operación política»

El alcalde de Catral durante los últimos 15 años, José Manuel Rodríguez Leal, aseguró ayer que le parece «muy correcto y no hay ningún problema» en que la Conselleria de Territorio asuma las competencias en materia urbanística, aunque admitió que no se lo esperaba «porque se podía haber hecho hace años ya que el problema lo conoce perfectamente (la Conselleria ) desde el primer día, y a estas alturas asumir las competencias me parece que es una descarada operación política del PP de primer orden. Lo que cuenta es sacar lo de los alcaldes socialistas para contrarrestar».
En este sentido, dijo que otras localidades cercanas gobernadas por el PP, como «Dolores, Almoradí, menos pero también, y de Orihuela no hablemos, existen construcciones ilegales en la huerta, pero al parecer sólo las hay en Catral».
Opinó sobre la situación urbanística de Catral que se debe a un problema estructural que existe en la huerta, a un problema de rentabilidad de la tierra y a una gran presión urbanística que «en un principio se intentó paralizar y se vió que era imposible porque cuando se iban por uno venían por otro».

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Territorio emitió un informe en contra del nuevo PGOU por las ilegalidades

La Conselleria de Territorio y Vivienda informó de manera desfavorable al concierto previo (borrador) del Plan General de Ordenación Urbana de Catral el pasado 19 de septiembre al considerar «insuficiente» la documentación presentada por el Ayuntamiento respecto a las casas ilegales de la huerta.
Territorio señalaba en el documento que el Ayuntamiento debe formular una nueva propuesta que incluya las previsiones oportunas para minimizar el impacto territorial generado por los diversos núcleos de viviendas implantados en suelo no urbanizable (casas de huerta), al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación.
Previamente, el alcalde de Catral en un escrito de fecha 23 de marzo pedía a la Conselleria de Territorio que incluyese en el concierto previo del PGOU las casas ilegales al considerar que «es el momento idóneo» para acometer una solución al problema generado y en consecuencia se ordene en el instrumento de planeamiento los núcleos de población existentes.

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Las denuncias por irregularidades se iniciaron hace cuatro años

La huerta tradicional de Catral se ha llenado en los últimos años de más de mil casas construidas de forma ilegal con la «permisividad» de un Ayuntamiento que aunque ha abierto expedientes a 244 viviendas no ha sido capaz de paralizar la acción de los constructores y promotores a pesar de existir un decreto de Alcaldía en tal sentido, según recoge un informe del Seprona de la Guardia Civil. El caso lo instruye el Juzgado número 5 de Orihuela que además investiga las posibles falsificaciones de certificados para poder inscribir las casas en el registro de la propiedad y una vez legalizadas poder optar a los boletines de luz y agua.
Cuando la Asociación Europea de Consumidores en General y Urbanismo (AECU) denunció en julio de 2004 ante el Seprona la construcción de cientos de casas ilegales en Catral -aunque las primeras denuncias se inician en 2002- no podía suponer que fuera a tener la trascendencia que ha tenido, ya que la Conselleria de Territorio ha intervenido el área de Urbanismo del Ayuntamiento. El Gobierno valenciano tiene argumentos de sobra para justificar su decisión, aunque habría que preguntarse si ésta hubiera sido la misma si el color político de la Corporación municipal no fuera socialista.

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Un informe del Seprona demoledor

El informe instruido por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) es demoledor. El instructor señala que en vistas de las irregularidades observadas en la construcción de viviendas de forma abusiva en suelo no urbanizable, sin ningún control, sin presentación de proyectos técnicos, sin ejecutarse planes urbanísticos, sin realizar las infraestructuras necesarias para preservar el medio ambiente, puede suponer una vulneración del Código Penal. Por tal motivo, «se puede imponer la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable».

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La oposición exige al Consell la misma contundencia en municipios del PP

Una sola vara de medir. Socialistas y EU-L'Entesa exigieron ayer al Consell la misma firmeza y severidad en todos los municipios que incumplan la normativa urbanística. El PSPV-PSOE recordó que hay denuncias sobre viviendas ilegales en Orihuela, Castalla y Dolores, entre otros, y exigió que la legalidad se imponga "en todos". La retirada de competencias de Catral será un acto "hipócrita" si no extiende a otros municipios afectados, coincidieron los partidos de la oposición. El PSPV-PSOE pidió la dimisión del consejero de Territorio por lanzar "un montaje" contra la moción de censura.
"Ya era hora de que González Pons ejerciera sus competencias urbanísticas", ironizó el secretario de Territorio y Vivienda socialista, Eugenio Burriel, al conocer la intervención en Castalla. El dirigente del PSPV-PSOE emplazó al PP a demostrar que tiene la voluntad de "exigir la ley a todos" si no quiere que la retirada de competencias en Catral se reduzca a una medida partidista e "hipócrita". "Sacar hoy el espantajo con un municipio pequeño huele a una maniobra de propaganda, no indica una voluntad de ordenar el territorio", dijo Burriel.

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Castellón legaliza 2.000 casas en la Marjalería y hace la vista gorda a otras 1.000 en suelo protegido

En Castellón, el PP ha gobernado durante casi dieciséis años. En el término municipal hay más de 3.000 viviendas ilegales que, en cualquier caso, han ido en aumento sin que autoridad autonómica alguna bloqueara su proliferación. De hecho, lejos de adoptar esta medida, el Ayuntamiento y la Generalitat han optado por aprobar un plan especial que legalizará la mayoría de estas construcciones, levantadas sobre 5 millones de metros cuadrados de la Marjalería castellonense que han pasado a ser urbanizables. El pasado mes de marzo, Territorio dio el último visto bueno a esta medida por la que más de 2.000 viviendas pasarán a ser legales, en el momento en el que se ejecute el plan para el que hay prevista una inversión inicial de 20 millones de euros, una cantidad que saldrá de las arcas públicas, tanto de la Generalitat como del propio Ayuntamiento de la capital de La Plana. En el caso del consistorio, el gasto obligará a un endeudamiento. Los otros 100 millones de euros necesarios para realizar infraestructuras básicas como alumbrado, alcantarillado o asfaltado correrán a cargo de los propietarios de las viviendas.

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Otros casos en la provincia

Catral no es la excepción. Varias localidades de la provincia están afectadas por construcciones ilegales, sobre todo en la comarca de la Vega Baja. Así, en Dolores hay al menos 500 viviendas construidas en zona de huerta. En Albatera también se construyeron sin licencia 20 chalés. Luego, en ayuntamientos como el de Pilar de la Horadada se ha proyectado varios proyectos urbanísticos en suelo de huerta. Tampoco se salva San Fulgencio, Bigastro y Almoradí, entre otras poblaciones. Pero no sólo en esta comarca. En parcelas rurales de Aspe, en el Medio Vinalopó, se han edificado decenas de casas. El Ayuntamiento ordenó hace unos meses los primeros derribos pero aún no se ha llevado ninguno a cabo al recurrir los dueños de los inmuebles. Sin embargo, en La Romana ya se han efectuado las primeras demoliciones. Por otro lado, el PSOE anunció el pasado mes de julio la presentación de una denuncia ante los tribunales para que se abra una investigación sobre la segunda fase de la urbanización Castalla Internacional, donde se están construyendo 410 chalés. Los socialistas afirmaron que estas obras carecían de licencia, motivo por el que solicitaban al Consell la paralización de la actuación. El responsable de Territorio del PSPV, Eugenio Burriel, destacaba que en 2004 la Conselleria emitió un informe de impacto ambiental desfavorable y que como consecuencia, el Ayuntamiento de Castalla no había podido conceder licencia de Obras.

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El fiscal investiga 8.000 viviendas sin licencia en Orihuela

La proliferación de casas construidas sobre suelo no urbanizable o sin licencia de obras no es un fenómeno aislado. Durante los últimos meses también se han publicado escándalos urbanísticos en otras localidades.

En Orihuela, donde gobierna el PP, "hay unas 8.000 viviendas ilegales sin licencia y con expediente sancionador que están siendo estudiadas por el Fiscal Anticorrupción", según recordó ayer Francisco García Ortuño, portavoz opositor en Orihuela expulsado del partido socialista. El concejal de Orihuela también recordó el caso de Albatera, gobernado por el PSPV, donde el juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela está investigando la denuncia presentada por el Seprona de la Guardia Civil, tras una anterior de Ecologistas en Acción, contra un promotor, San José SA, que presuntamente construyó una urbanización con campo de golf en un monte de utilidad pública.

En Benidorm el Ayuntamiento "ha dejado caducar" más de 1.000 expedientes de disciplina urbanística, como ocurre en Altea, Polop, Relleu o La Vila, según dijo el portavoz socialista de la Diputación de Alicante, Antonio Amorós que criticó que el presidente del Consell, Francisco Camps, haga un uso partidista y utilice una doble vara de medir. "Esperamos que aplique las mismas medidas en los ayuntamientos del PP", como Altea, Castalla, Relleu, Monòver o Dolores. Así, en Castalla, la segunda fase de la urbanización Castalla Internacional está compuesta por más de 500 viviendas unifamiliares, carece de licencia de obras, tampoco dispone de una declaración de impacto ambiental favorable, y no tiene luz ni agua corriente legalizada, según el PSPV. En Relleu, localidad de 1.000 vecinos, el equipo de Gobierno ha reclasificado, en contra de los criterios del Consell, 1,2 millones de metros cuadrados para construir viviendas para 20.000 personas. En Monòver, sin modificar el PGOU, el empresario Enrique Ortiz construirá una urbanización de 4.000 viviendas que incluye un campo de golf. En Dolores, una urbanización para 2.600 viviendas y campo de golf afecta al perímetro de protección del Hondo de Elche.

Según Amorós, el PP, a partir de ahora, deberá derribar "miles de casas que se encuentran levantadas sin permisos en municipios del PP, tales como las asentadas en Castalla, Novelda, Calpe o Callosa de Segura".

Por su lado, el colectivo La Vega Baja no se Vende también achacó la actuación del Consell a "otros motivos" ya que el "expolio" de la huerta tradicional en beneficio de la construcción es "conocido desde hace años". Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, lamentó que algunos poderes locales de la zona "consideren la huerta como un gran solar que espera impacientemente su urbanización".

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La alcaldesa popular de Parcent expulsa a un periodista del pleno sobre el PGOU

"Ya está bien de grabar. Aquí mando yo y se hace lo que yo diga". Con estas palabras, la alcaldesa de Parcent, la popular Mari Carmen López, conminaba al único periodista presente en la sala a abandonar la misma. Juan Nieto, corresponsal de Radio Litoral de la Cadena SER, cubría el pleno convocado por el Ayuntamiento para debatir las bases del futuro Plan General de Ordenación Urbana. Un proyecto que multiplicaría por diez la población actual de este pequeño municipio del interior de la Marina Alta que cuenta con apenas 800 habitantes. No pudo dar fe de lo que acabó aprobándose en solitario por el Partido Popular. Previamente Coalición Democrática solicitó la suspensión de la sesión al considerar que había sido convocada a una hora inusual y sin conocimiento previo de la oposición. El mismo secretario municipal, Ivan López, advirtió de que la convocatoria no se había realizado con tiempo suficiente. Fue precisamente éste quien además tomó la palabra cuando se produjo la expulsión del informador recordando a los ediles que la libertad de prensa es un derecho democrático recogido por la Ley y que no procedía impedir la labor del periodista. Sin embargo, ignorando estas palabras, fue el portavoz del PP, Ismael Reig, quien se mostró más contundente y acabó por reforzar la orden de la alcaldesa.

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«Veïns de Parcent» dice que con los 3 PAI se prohibirá el rally del Coll de Rates

El colectivo «Veïns de Parcent» repartió este fin de semana, durante el rally del Coll de Rates, unos panfletos en los que advertía a los ciudadanos que con la construcción de los tres PAI, que prevén levantar unas 1.800 viviendas, se prohibirán las carreras. Entre los argumentos el colectivo destaca que las áreas de ambos lados de la carretera estarán llenas de villas y apartamentos, además de las tres nuevas rotondas y varios baches anti-velocidad que se ubicarán. En este sentido, «Veïns de Parcent» alerta de que las farolas sustituirán a las barreras de seguridad y la carretera está saturada de desagües, bordillos altos y tapas de alcantarilla, por lo que se dificultará el paso del rally.

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L´Entesa acusa al PP de evitar la comparecencia de González Pons sobre el hotel de la Font Roja

L´Entesa ha acusado al PP de poner todo tipo de impedimentos para que el conseller de Territorio, Esteban González Pons, comparezca en las Cortes para ofrecer explicaciones sobre el proyecto de hotel en la Font Roja.

El diputado de L´Entesa, Carles Arnal, denunció ayer que el PP recortó la comisión de Medio Ambiente a la mínima expresión para que el Consell no contestara, entre otras cosas, a esta cuestión. Arnal considera que González Pons «es consciente de las graves irregularidades del proyecto y de las nefastas consecuencias para el equilibrio ambiental que supone instalar un hotel de estas características en una zona tan delicada». Por eso, continúa, «el PP suspendió sin ningún argumento la comisión del pasado jueves, consciente de que esta semana no habrían comisiones por el debate de la moción de censura y el estado de la Comunidad, y que la semana que viene tampoco será hábil».

El diputado de L´Entesa recuerda que la pregunta fue registrada hace más de un año «y ahora retrasan tanto como pueden el debate para aplicar una política de hechos consumados sin ni tan siquiera dar explicaciones en sede parlamentaria». Arnal recuerda que el proyecto no tiene evaluación de impacto ambiental y que «sólo beneficiará los intereses de una determinada empresa».


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IBI: El PP aprueba en solitario el plan para construir 350 chalés en Finca Barberá

El Partido Popular aprobó el pasado lunes en Junta de Gobierno el proyecto urbanístico de la Finca Barberá, que contempla la construcción de 350 chalés y se niega a debatirlo en pleno a petición del grupo independiente. Esta actuación, cuyo agente urbanizador es Ciudad Jardín, supone el primer gran proyecto de expansión fuera del casco urbano.

Hay que recordar que se trata del segundo proyecto urbanístico que el PP aprueba en solitario en el último mes, después de sacar adelante el polémico plan de El Alamí sin contar con el resto de partidos de la corporación. El PP se reafirma en su actuación y defiende que el órgano competente es la Junta de Gobierno por lo que no aceptó la propuesta presentada por el partido independiente solicitando que se sometiera a debate.

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San Juan: El pleno suspende licencias urbanísticas en diversas zonas hasta aprobar el PGOU

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant aprobó ayer la suspensión cautelar de las licencias urbanísticas en zonas del término municipal susceptibles de destinarse a equipamiento público o de cambio de uso en el nuevo PGOU. La coalición formada por el PSOE y L´Entesa logró sacar adelante este punto del orden del día con el voto de calidad del alcalde, Francesc de Paula Seva.

El Bloc decidió abstenerse aunque criticó la medida, no porque en sí la considerase negativa, sino porque no había recibido la resolución final de la Conselleria de Territorio y Vivienda acerca del concierto previo sobre el Plan General. La portavoz de la formación, Maite Pastor, tildó la propuesta de «electoralista».

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Las Cortes desalojan a un equipo de TVE que iba a transmitir la moción de censura

La moción de censura del socialista Pla contra el presidente Camps, que se debatirá hoy en el pleno de las Corts a partir de las 10 de la mañana, provocó ayer un grave incidente mediático. El presidente Julio de España ordenó por la tarde a los responsables de la Policía Autonómica que desalojaran al personal de TVE que se encontraba montando los equipos para retransmitir hoy en directo el pleno de la moción y mañana, el de política general. Los trabajadores fueron conminados a desmontar y marcharse «inmediatamente». La explicación que se les dio es que, aunque por la mañana habían presentado por registro la solicitud, no tenían autorización y ésta la da la Mesa de las Cortes. Este órgano no iba a reunirse hasta hoy, cuando ya no es posible preparar nada.

Un portavoz del Parlamento explicó que la única cadena autorizada por la Mesa para retransmitir los plenos, por motivos de espacio y de seguridad, es Canal 9. Y añadió que TVV cede sin ningún problema la señal en directo al resto de cadenas. En las Cortes cada medio o televisión puede ocupar una ventana de las cabinas de prensa del hemiciclo para tomar imágenes. La retransmisión en directo exige una infraestructura mucho más compleja. Eliseo Lizarán, director del centro territorial del TVE en la Comunidad, señaló que desde que la tarde del lunes se puso en contacto con las Cortes y «estaban claras las intenciones de retransmitir la sesión por nuestros propios medios». Y no sólo nadie le puso impedimento alguno, dijo, sino que se le dieron todas las facilidades. La «sorpresa», comentó, fue cuando, montados los equipos, los obligaron a irse. Las Cortes hablaban anoche de «malentendido» y «precipitación» de TVE.

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La 2 de Radio Televisión Española (RTVE) no podrá ofrecer hoy como tenía previsto la retransmisión del debate de la moción de censura que el líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del PP. Los técnicos que ayer preparaban el material para ofrecer su retransmisión de la sesión -que también será retransmitida por la segunda cadena de Ràdio Televisió Valenciana, Punt 2- fueron desalojados de las Cortes Valencianas.

Fuentes de RTVE calificaron de "intolerable" la decisión de la presidencia de las Cortes después de que el pasado lunes, cuando la cadena estatal anunció sus intenciones, no planteara "ningún problema". Los técnicos encargados de preparar la retransmisión explicaron que ayer por la mañana se acreditaron y empezaron a pasar cables desde una unidad móvil situada en la calle hasta el hemiciclo. Añadieron que por la tarde dos miembros del servicio de seguridad de las Cortes les invitaron a recoger el material y a abandonar el edificio porque no tenían autorización. Y les explicaron que RTVE podría retransmitir el debate si tomaba la señal que ofrecerá la cadena autonómica valenciana.

Un portavoz del presidente de las Cortes, el popular Julio de España, indicó que los trabajadores de RTVE no tenían autorización para el cableado -algo que sólo puede hacer Canal 9, aseguró- y que sólo tienen acreditación para hacer "información". Añadió que, en todo caso, si RTVE quiere retransmitir el debate, puede utilizar la señal de Canal 9.

'Esconder' la moción

La decisión de la Cámara se suma a los intentos del PP por esconder la moción de censura, de la que Canal 9 apenas ha informado. El PP ha programado el debate para hoy y, para taparlo, ha convocado para el jueves y el viernes el debate de política general, que la Ley de Gobierno obliga a celebrar en septiembre, mes en el que las Cortes Valencianas han estado paralizadas.

Los socialistas justifican la moción de censura por los "casos de corrupción que afectan al Gobierno valenciano" y el "deterioro de los servicios públicos", con el accidente del metro de Valencia que el 3 de julio causó 43 muertos como máximo exponente, y pretende la "regeneración democrática" de la Generalitat, en manos del PP desde el año 1995.

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La junta de fiscales de Valencia apoya a Cabedo y rechaza los ataques del PP

La junta de fiscales de Valencia respaldó ayer en sesión extraordinaria y por unanimidad la gestión de Ricard Cabedo al frente de la institución y rechazó "las interferencias políticas en su actuación" y envió un mensaje a la Generalitat y al PP recordando que las decisiones de archivo por parte de la fiscalía no impiden a quien esté disconforme presentar denuncia ante un juzgado. Los fiscales de Valencia defendieron la legalidad e imparcialidad de las decisiones de Cabedo. La junta de ayer aprobó el nombramiento del fiscal Joaquín Baños como portavoz de la fiscalía de Valencia.

Fue el teniente fiscal, Miguel Ángel Altés, quien presidió la parte de la junta extraordinaria de fiscales de ayer por la tarde en la que se sometió a votación un comunicado de respuesta a las descalificaciones vertidas por el PP sobre las actuaciones de Ricard Cabedo al frente de la Fiscalía de Valencia y sobre el anuncio de constitución de una comisión de expertos que examinará las decisiones tomadas hasta ahora por el fiscal jefe. A pesar de la reducida asistencia física a la sesión, una escasa treintena de fiscales, "con el voto delegado se ha llegado a contar con el 98% de la plantilla", dijo Altés.

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Alicante: Cultura pide más documentación sobre Rabasa

La Conselleria de Cultura ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante documentación técnica de la que carece el informe del Plan Parcial de mejora del sector de las lagunas de Rabasa.

Debido a esta falta de información, la Unidad de Inspección de Patrimonio de la Dirección Territorial de Cultura no ha podido cursar a Valencia el citado informe, por lo que se le otorga al Consistorio alicantino un plazo de diez días para que «subsane las deficiencias señaladas».

Además, la Conselleria, en el requerimiento presentado a la Gerencia de Urbanismo, advierte de que esta solicitud de documentación suspende el plazo legalmente establecido para la resolución del procedimiento, por el tiempo desde que se ha notificado la irregularidad hasta que se solventa.

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EU exige que no se haga Puertoamor y reclama al Consell un estudio ambiental

El candidato a la Alcaldía de Alicante por EU, Juan Antonio Fernández Cabello, rechazó ayer el proyecto para construir el puerto deportivo de la Albufereta (Puertoamor) e instó al Consell y a Medio Ambiente que resuelvan la situación de inmediato. Cabello reclamó en un comunicado la elaboración de un estudio de impacto ambiental para calibrar el efecto que tendría el puerto sobre el medio litoral «lo que demostraría la inviabilidad de esta obra y, en todo caso, que se negocie con el promotor el rescate de la concesión». El candidato de EU recordó que «el Consell ha gastado 215 millones en un proyecto muy agresivo para el medio como la Ciudad de la Luz».

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