¡Hay Motivo!
jueves, julio 27, 2006
Propuesta de AUN (Ideario) al Gobierno Valenciano y a los Partidos Politicos Valencianos
IDEARIO EN TORNO A LAS MEJORAS A INTRODUCIR EN LA LUV
1. Cláusula de protección de las construcciones consolidadas: referencia expresa en la ley a la necesidad de respetar las viviendas consolidadas por la edificación, salvo que así lo exija de forma excepcional el interés público. Distinta regulación de las áreas con construcciones consolidadas por la edificación y utilizadas como vivienda, y las áreas puramente rústicas, sin viviendas consolidadas.
2. Definición clara del interés público, y relación de los criterios objetivos que permiten valorarlo como tal. Procedimientos de recurso rápidos y efectivos para proteger al ciudadano frente a una declaración de interés público lesiva para sus derechos.
3. Necesidad de realizar consultas vecinales previas sobre los proyectos urbanísticos que se propongan, especialmente cuando aumenten significativamente la población del municipio y/o alteren de forma significativa su entorno.
4. Preferencia por el planeamiento realizado a iniciativa municipal, en aras a la defensa del interés público.
5. Valoración de los terrenos al precio que alcanzan en el mercado, terrenos que días después van a ser urbanizables. Lo contrario solo favorece al Agente Urbanizador, sin que se vea reflejado en el coste final de las viviendas.
Tal como viene sucediendo, el Agente Urbanizador se aprovecha de “información privilegiada”, ya que sabe con anticipación dónde va a presentar su proyecto y procede a comprar suelo a bajo precio, con la seguridad de que va a incrementar el valor del mismo astronómicamente en el justo momento de aprobarse el proyecto, lo que no deja de ser un delito tipificado y una razón más para que el Agente Urbanizador no sea parte involucrada en los resultados del proceso urbanístico.
6. Valoración a precios de mercado de las construcciones afectadas, en caso de que sea necesario demolerlas.
7. Clara definición en la ley del concepto de “obra pública de urbanización”, que ha de ser interpretada de forma restrictiva: la obra pública de urbanización ha de limitarse a lo estrictamente necesario para atender las necesidades urbanísticas reales del entorno, sin recurrir a ejemplos inadecuados que malgastan el suelo en calles, avenidas y rotondas de faraónicas dimensiones incompatibles con el formato urbanístico mediterráneo.
Necesidad de apartarse de la situación actual, en la que el urbanizador propone el máximo de obra posible a fin de aumentar sus ganancias y su volumen de negocio, encareciendo así el importe de la cuota de urbanización a pagar por los afectados, obligándolos así a ceder más terreno.
8. Criterios objetivos para proceder a la reparcelación forzosa. Defensa de los intereses de los propietarios históricos. El Agente Urbanizador no puede tener voto en el proyecto de reparcelación como tal, sólo como propietario de suelo. La reparcelación se ha de conseguir por acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios históricos.
9. La retribución al Agente Urbanizador ha de ser en dinero. Y sólo como alternativa a esa forma de pago se podría contemplar el pago en suelo, solicitado mediante documento público y desde luego sin exigir garantías adicionales de ninguna clase, puesto que el propietario del suelo es el único de los participantes en el proceso urbanístico que está garantizando de forma natural sus obligaciones, pues su propiedad es inamovible.
10. En la propuesta jurídico-económica sólo ha de figurar el importe exacto total de los costes de urbanización, más la estimación de los variables, así como su repercusión por m2 de suelo.
11. El llamado coeficiente de canje ha de ser negociado con los colectivos de propietarios del ámbito, firmado y aceptado por sus representantes para poder ser aplicado.
12. Las Agrupaciones de Interés Urbanístico no pueden ser consideradas como tales si sólo se considera la condición de reunir al menos el 50% de la superficie del suelo ámbito objeto de reclasificación o urbanización. Se ha de añadir la condición de reunir al menos el 50 % de los propietarios del mismo. Sin esta condición las AIU pasan a ser un instrumento en manos de los terratenientes o urbanizadores avisados, que comprando algunas fincas pueden controlar la urbanización.
13. Por otra parte en suelo urbanizable, las AIU han de continuar disfrutando del derecho de adjudicación preferente que les concedía la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1.994. Es curioso que el único articulo que en alguna forma concedía un derecho a los propietarios históricos del suelo, ha sido derogado por la Ley actual.
14. En el proceso urbanístico no puede darse la máxima preponderancia a una figura como la del Agente Urbanizador, que obtiene beneficios aprovechándose de las desventajas que sufren los propietarios históricos del suelo. El Agente Urbanizador establece las reglas del juego urbanístico, pudiendo ajustarlas de forma que el propietario histórico quede fuera de juego por no poder cumplirlas, perdiendo su propiedad en beneficio del Agente Urbanizador. Proponemos la desaparición de la figura del Agente Urbanizador, o como mínimo su sujeción a muy estrictos controles por parte del Ayuntamiento y los propietarios afectados, y la desaparición de las desmesuradas e injustificadas prerrogativas que hasta ahora le confiere la ley.
15. Proponemos que en los casos en que la gestión indirecta no sea asumida por una AIU, se anuncie un concurso entre urbanizadores profesionales que presenten su proyecto técnico acompañado de una minuta-presupuesto que comprenda el coste del mismo y la dirección de las obras de realización, con la prohibición expresa de disponer de un solo m2 de suelo en el ámbito del programa, rindiendo cuentas si son adjudicatarios a una comisión de seguimiento constituida por el Ayuntamiento y representantes de los propietarios históricos afectados. Con ello, los propietarios no habrían de pagar con suelo infravalorado los costes de urbanización hiperinflados, pudiendo gestionar créditos en base a sus propiedades para atender los costes que ellos mismos vigilarían y controlarían, ventaja de la que hoy por hoy solo disfrutan los Agentes Urbanizadores dada la redacción de la ley. Por añadidura, este procedimiento no ralentiza en ningún caso la creación de suelo edificable, pero sí reduce la tendencia inflacionista a la acumulación de costes inflados al valor del suelo.
16. Así como para determinados acuerdos en el Parlamento se requieren porcentajes superiores a la mayoría simple, dada su relevancia , para los acuerdos a tomar en los Plenos de los Ayuntamientos en materia de revisión o modificación de PGOU,s o de aprobación provisional de PAI,s o PRI,s se ha de requerir al menos el 75 % de los votos del Ayuntamiento. La materia urbanística afecta de tal forma a la población, entorno y recursos de una zona, tanto actuales como futuros, que no se puede dejar en manos a la alegre inconsecuencia de una mayoría simple, que nunca es superior al 25/30% del censo electoral.
Más en Abusos urbanísticos NO
1. Cláusula de protección de las construcciones consolidadas: referencia expresa en la ley a la necesidad de respetar las viviendas consolidadas por la edificación, salvo que así lo exija de forma excepcional el interés público. Distinta regulación de las áreas con construcciones consolidadas por la edificación y utilizadas como vivienda, y las áreas puramente rústicas, sin viviendas consolidadas.
2. Definición clara del interés público, y relación de los criterios objetivos que permiten valorarlo como tal. Procedimientos de recurso rápidos y efectivos para proteger al ciudadano frente a una declaración de interés público lesiva para sus derechos.
3. Necesidad de realizar consultas vecinales previas sobre los proyectos urbanísticos que se propongan, especialmente cuando aumenten significativamente la población del municipio y/o alteren de forma significativa su entorno.
4. Preferencia por el planeamiento realizado a iniciativa municipal, en aras a la defensa del interés público.
5. Valoración de los terrenos al precio que alcanzan en el mercado, terrenos que días después van a ser urbanizables. Lo contrario solo favorece al Agente Urbanizador, sin que se vea reflejado en el coste final de las viviendas.
Tal como viene sucediendo, el Agente Urbanizador se aprovecha de “información privilegiada”, ya que sabe con anticipación dónde va a presentar su proyecto y procede a comprar suelo a bajo precio, con la seguridad de que va a incrementar el valor del mismo astronómicamente en el justo momento de aprobarse el proyecto, lo que no deja de ser un delito tipificado y una razón más para que el Agente Urbanizador no sea parte involucrada en los resultados del proceso urbanístico.
6. Valoración a precios de mercado de las construcciones afectadas, en caso de que sea necesario demolerlas.
7. Clara definición en la ley del concepto de “obra pública de urbanización”, que ha de ser interpretada de forma restrictiva: la obra pública de urbanización ha de limitarse a lo estrictamente necesario para atender las necesidades urbanísticas reales del entorno, sin recurrir a ejemplos inadecuados que malgastan el suelo en calles, avenidas y rotondas de faraónicas dimensiones incompatibles con el formato urbanístico mediterráneo.
Necesidad de apartarse de la situación actual, en la que el urbanizador propone el máximo de obra posible a fin de aumentar sus ganancias y su volumen de negocio, encareciendo así el importe de la cuota de urbanización a pagar por los afectados, obligándolos así a ceder más terreno.
8. Criterios objetivos para proceder a la reparcelación forzosa. Defensa de los intereses de los propietarios históricos. El Agente Urbanizador no puede tener voto en el proyecto de reparcelación como tal, sólo como propietario de suelo. La reparcelación se ha de conseguir por acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios históricos.
9. La retribución al Agente Urbanizador ha de ser en dinero. Y sólo como alternativa a esa forma de pago se podría contemplar el pago en suelo, solicitado mediante documento público y desde luego sin exigir garantías adicionales de ninguna clase, puesto que el propietario del suelo es el único de los participantes en el proceso urbanístico que está garantizando de forma natural sus obligaciones, pues su propiedad es inamovible.
10. En la propuesta jurídico-económica sólo ha de figurar el importe exacto total de los costes de urbanización, más la estimación de los variables, así como su repercusión por m2 de suelo.
11. El llamado coeficiente de canje ha de ser negociado con los colectivos de propietarios del ámbito, firmado y aceptado por sus representantes para poder ser aplicado.
12. Las Agrupaciones de Interés Urbanístico no pueden ser consideradas como tales si sólo se considera la condición de reunir al menos el 50% de la superficie del suelo ámbito objeto de reclasificación o urbanización. Se ha de añadir la condición de reunir al menos el 50 % de los propietarios del mismo. Sin esta condición las AIU pasan a ser un instrumento en manos de los terratenientes o urbanizadores avisados, que comprando algunas fincas pueden controlar la urbanización.
13. Por otra parte en suelo urbanizable, las AIU han de continuar disfrutando del derecho de adjudicación preferente que les concedía la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1.994. Es curioso que el único articulo que en alguna forma concedía un derecho a los propietarios históricos del suelo, ha sido derogado por la Ley actual.
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15. Proponemos que en los casos en que la gestión indirecta no sea asumida por una AIU, se anuncie un concurso entre urbanizadores profesionales que presenten su proyecto técnico acompañado de una minuta-presupuesto que comprenda el coste del mismo y la dirección de las obras de realización, con la prohibición expresa de disponer de un solo m2 de suelo en el ámbito del programa, rindiendo cuentas si son adjudicatarios a una comisión de seguimiento constituida por el Ayuntamiento y representantes de los propietarios históricos afectados. Con ello, los propietarios no habrían de pagar con suelo infravalorado los costes de urbanización hiperinflados, pudiendo gestionar créditos en base a sus propiedades para atender los costes que ellos mismos vigilarían y controlarían, ventaja de la que hoy por hoy solo disfrutan los Agentes Urbanizadores dada la redacción de la ley. Por añadidura, este procedimiento no ralentiza en ningún caso la creación de suelo edificable, pero sí reduce la tendencia inflacionista a la acumulación de costes inflados al valor del suelo.
16. Así como para determinados acuerdos en el Parlamento se requieren porcentajes superiores a la mayoría simple, dada su relevancia , para los acuerdos a tomar en los Plenos de los Ayuntamientos en materia de revisión o modificación de PGOU,s o de aprobación provisional de PAI,s o PRI,s se ha de requerir al menos el 75 % de los votos del Ayuntamiento. La materia urbanística afecta de tal forma a la población, entorno y recursos de una zona, tanto actuales como futuros, que no se puede dejar en manos a la alegre inconsecuencia de una mayoría simple, que nunca es superior al 25/30% del censo electoral.
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Por la dignidad de los servicios públicos
El pasado lunes 3 de julio, mucha gente despertó súbitamente de un sueño de esplendor para encontrarse con una pesadilla. Sometidos durante los últimos años a una intensa campaña de autopromoción mediática por parte de los gobiernos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, se encontraron con la triste y cruel realidad de una ciudad con unos servicios públicos que no encajan en ese espejismo fastuoso que tanto se ha publicitado.
La catástrofe de la línea 1 ha tenido un impacto humano, social y mediático de gran magnitud, si bien corre el riesgo, en este último caso, de disolverse pronto en la vorágine de las noticias de un mundo que no se encuentra, precisamente, en un estado de placidez. Si algo ha calado en las últimas semanas en la opinión pública –no hay más que ver los foros de debate- son dos ideas claras: que el accidente era evitable y que el despilfarro de la Administración para determinados eventos y construcciones resulta lacerante al compararlo con la magra dimensión de los presupuestos para los servicios públicos.
Corresponde ahora, al margen de las consideraciones políticas, jurídicas e incluso éticas del caso, reflexionar una vez más sobre nuestro sistema de transportes metropolitano, una reflexión que, con los matices adecuados, puede extenderse al resto de las áreas urbanas del país.
Sigue leyendo en Terra Crítica
La catástrofe de la línea 1 ha tenido un impacto humano, social y mediático de gran magnitud, si bien corre el riesgo, en este último caso, de disolverse pronto en la vorágine de las noticias de un mundo que no se encuentra, precisamente, en un estado de placidez. Si algo ha calado en las últimas semanas en la opinión pública –no hay más que ver los foros de debate- son dos ideas claras: que el accidente era evitable y que el despilfarro de la Administración para determinados eventos y construcciones resulta lacerante al compararlo con la magra dimensión de los presupuestos para los servicios públicos.
Corresponde ahora, al margen de las consideraciones políticas, jurídicas e incluso éticas del caso, reflexionar una vez más sobre nuestro sistema de transportes metropolitano, una reflexión que, con los matices adecuados, puede extenderse al resto de las áreas urbanas del país.
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La propiedad del Kaktus Albir afirma que para demoler hay que anular primero la licencia
Los servicios jurídicos del hotel Kaktus Albir en Alfaz del Pi han manifestado que, antes de procederse a cualquier demolición, «tendría que anularse la licencia, porque la obra está ajustada a licencia, es el título que legitima la obra realizada, por eso no se puede tocar el hotel y está probado por la medición». Estas manifestaciones las han efectuado los abogados del hotel a raíz de la sentencia de un juzgado de Alicante, promovida por los socialistas locales solicitando la demolición del exceso de obra, cuyo fallo ordenaba a la administración local a poner fin al procedimiento de restitución de la legalidad urbanística. Una sentencia que el hotel no va a recurrir porque «no nos perjudica».
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González Pons y el alcalde de L'Alfàs eluden comentar la sentencia que obliga a derribar la mitad de un hotel
El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, "no valorará sentencias judiciales". El máximo responsable del urbanismo valenciano declinó ayer referirse a la decisión de un juzgado de Alicante que obliga a derribar la mitad de un hotel de L'Alfàs del Pi (Marina Baixa) por haber duplicado la edificabilidad contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Su antecesor en el cargo, Rafael Blasco, impuso una multa de 12 millones de euros al hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa por un caso similar, aunque en diferentes proporciones. Blasco se encargó de proclamar que la medida del Atrium era un "ejemplo" de la actitud del Consell de Francisco Camps ante las irregularidades urbanísticas, aunque la cantidad todavía no ha sido abonada al Consistorio vilero por la empresa infractora, Hotel Luna. Pero Pons mostró ayer una actitud más condescendiente con la promotora de L'Alfàs del Pi, Amarcalia S.L., en la misma línea del alcalde del municipio, Gabriel Such, también del PP. El primer edil tampoco quiso valorar la sentencia alegando que la estaba estudiando junto a los servicios jurídicos municipales. Será esta mañana, tres días después de conocer la decisión judicial, cuando exponga su postura en una rueda de prensa.
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Benidorm: Los propietarios pagarán 12,4 € por m2 para la urbanización de L´Almafrà
La comisión de Urbanismo dictaminó el pasado martes las cuotas de urbanización que deberán afrontar los propietarios del suelo afectado pro el PAI de L´Almafrá, del que el propio Ayuntamiento se ha constituido como urbanizador. Cada uno de los dueños de las 33 parcelas afectadas en este paraje de la huerta benidormense deberá abonar a razón de 12,4 euros por metro cuadrado de terreno de su propiedad. Este suelo está calificado como «urbano» en el vigente PGOU, aprobado en 1990, y algunas de las parcelas afectadas ya están edificadas con viviendas unifamiliares.
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Calpe: La juez estudia llamar como imputado al gerente de Aguas de Calpe tras declarar Roselló
La juez que instruye las diligencias previas del caso Aguas de Calpe estudia llamar como imputado al gerente de esta entidad, José Alberto Mut, tras la toma de declaración del pasado martes al diputado provincial del PP Juan Roselló. Según explicaron fuentes del caso, el concejal popular responsabilizó de gran parte de la obra de la renovación de la red a Mut hasta tal punto que la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Dénia anunció que podría llamarlo a declarar como imputado. Las imputaciones que pesan sobre Roselló y tres empresarios más por la trama del agua son las de cuatro presuntos delitos (prevaricación, malversación, alteración artificial del precio de las cosas y negociaciones prohibidas a funcionarios).
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Dénia: Alertan de que la construcción masiva amenaza las aves del Montgó
«Es necesario parar la construcción masiva», asegura el portavoz de Acció Ecologista Agró, Joan Sala. Con semblante serio, Sala añade «el hombre es el principal culpable de la destrucción de hábitats; su acción, materializada en fumigaciones con pesticidas, atropellos y caza indiscriminada redunda en la pérdida de biodiversidad». La excusa para estas denuncias fue una charla sobre las aves que viven en el Montgó que tuvo lugar la pasada semana. Y es que la riqueza natural del parque natural es un tema a debate en el ciclo de conferencias organizado por la Generalitat, que recorrerá los principales municipios de la comarca hasta mediados de septiembre.Actualmente en el Montgó, que se alza sobre los términos municipales de Xàbia y Dénia, conviven un total de 104 especies de aves distintas. De entre todas ellas, algunas sólo están de paso pero más de la mitad anidan allí. La fauna presente en el declarado como parque natural desde 1987, se encuentra íntimamente ligada a la vegetación de la zona. De ahí la importancia de parar el urbanismo, que en los últimos años se ha disparado.
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Alicante: El PSOE duda de que el plan junto a la Serra Grossa sea legal y VA lo califica de «atropello urbanístico»
La concejala socialista Antonia Graells cuestionará en el pleno municipal de hoy la legalidad de los cambios introducidos en el plan parcial de Vistahermosa-Goteta, especialmente el de sustituir las viviendas unifamiliares por bloques de pisos de hasta siete alturas. Vecinos por Alicante (VA), por su parte, lo califica de «atropello urbanístico».
la edil del PSOE afirmó que además de los cambios en la tipología de las viviendas, se abre un nuevo vial y se mantiene la gasolinera en una zona que estaba calificada de residencial, «lo que para nosotros son cambios estructurales de dudosa legalidad si no son previamente aprobados por la Conselleria de Territorio».
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PP: un desencuentro con final incierto
De atenernos únicamente a los gestos y fastos que se producen estos días en el PP valenciano se diría que su bicefalia y crisis de liderazgo se acentúa. Zaplanistas y campistas han escenificado por separado el divorcio y exhibido sus respectivas huestes en el partido. Han aprovechado para ello las habituales cenas de verano, una buena tribuna mediática y oportunidad para recontar los efectivos y enviar mensajes más conminatorios que fraternales al oponente. Mero ceremonial previo a la paz que se concertará necesariamente después del verano para no perder el favor de la grey conservadora, según se opina en medios populares, propensos a creer lo que les conviene.
La plana mayor del zaplanismo y más de 3.000 leales se han reunido en Terra Mítica para dejar constancia de quién manda en esa circunscripción y, de paso, cubrir dos objetivos: uno, proclamar la bondad de los dirigentes alicantinos que comanda el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, lo que es tanto como decir que no se han de tocar y menos aún que Valencia puede interferir en la elaboración de las próximas listas autonómicas y municipales de esa provincia. Y segundo objetivo, desagraviar a Eduardo Zaplana como motor que fue de ese parque de atracciones, sumido en tantos apuros financieros y -¿todavía presuntas?- corrupciones si hemos de creer las cuentas de explotación y a la Agencia Tributaria, en espera de cuanto decida el juez anticorrupción. De esto no se habló en la referida velada.
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Metro Valencia: Las declaraciones en la comisión del accidente empiezan hoy sin haber revisado los documentos
El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, criticó ayer con dureza los tiempos, la metodología y los contenidos que el PP, con el "rodillo" que le da su mayoría absoluta, ha impuesto en la comisión parlamentaria que investiga el accidente de metro en la Línea 1 del pasado 3 de julio, el más grave de España, con 43 víctimas mortales y otros tantos heridos. Por ello, el dirigente socialista anunció que el partido organizará el próximo mes de septiembre unas jornadas sobre seguridad a las que invitará a todas las personas vetadas por el PP en la comisión de las Cortes.
Así lo manifestó tras un encuentro de trabajo con los alcaldes y portavoces socialistas de los municipios atravesados por la Línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
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Las declaraciones en la comisión del accidente empiezan hoy sin haber revisado los documentos
La ronda de comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente del metro de Valencia se inicia hoy sin que los grupos hayan tenido tiempo para estudiar la documentación solicitada. Esta llegó ayer a mediodía, pero los grupos no dispusieron de ella hasta primeras horas de la noche, porque la monopolizó el PP. La comisión había sido convocada ayer, precisamente, para recibir la documentación. Pero no fue la mesa de la comisión la que la recibió, sino su presidente, el popular Rafael Maluenda, que leyó la relación de documentos llegados -48, aunque en sus carpetas los grupos sólo tenían ocho- y cuya decisión de negar la palabra a los portavoces de la oposición provocó una considerable bronca.
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Metro Valencia: Bronca en las Cortes al no aparecer 40 de 48 documentos de la tragedia del Metro
La sesión de la comisión de investigación sobre el accidente de la línea 1 del Metro de Valencia ocurrido el pasado día 3 que causó 43 muertos acabó ayer en bronca entre su presidente, Rafael Maluenda, del PP, y la oposición, por no haberse entregado a los grupos 40 de los 48 documentos solicitados, entre ellos los 39 de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). La comisión se reunió un día antes de que se inicien las comparecencias para dar cuenta del grado de cumplimiento de la recepción de los documentos pedidos el pasado lunes a FGV y a las consellerias de Infraestructuras, Justicia, Interior y Administraciones Públicas y Sanidad.
El presidente, Rafael Maluenda, del PP, informó de que se había cumplido «a rajatabla» el acuerdo, al haberse recibido por la comisión los 48 documentos, un hecho que consideró «sin precedentes», enumeró la relación de lo entregado y alabó en distintas ocasiones la «diligencia» y «prontitud» de la Generalitat a la hora de remitir la documentación a la Cámara. Tras hacerlo y después de dar cuenta de forma detallada de las notificaciones efectuadas «en tiempo y forma» a los 32 comparecientes, dio por concluida la comisión y se negó a dar la palabra a los grupos del PSPV y EU-Entesa.
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EU pide que intervenga el Congreso
El portavoz adjunto de EU-Entesa en las Cortes Valencianas, Joan Antoni Oltra, manifestó ayer que la coalición trasladará al Congreso de los Diputados una petición de constitución urgente por parte del Gobierno de un organismo de investigación independiente de accidentes ferroviarios para, como según dijo, «el PP no pueda esconder las causas de la tragedia del pasado 3 de julio en la línea 1 del metro de Valencia, que causó la muerte de 43 personas».
Oltra basó esta petición en la aplicación de la directiva 2004/49 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, que tiene como objetivo, según señaló, «el establecimiento obligatorio en cada estado miembro de una autoridad responsable en materia de seguridad y un organismo de investigación de accidentes e incidentes»
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