jueves, octubre 26, 2006
El Consell expropió suelo de Terra Mítica con pactos privados que luego incumplió
La Generalitat Valenciana dejó a la gran mayoría de los expropiados del área reservada para Terra Mítica sin posibilidad de obtener compensaciones económicas adicionales en caso de que -tal como constaba en todos los contratos privados- se fijara con posterioridad un precio por los terrenos -una vez en manos de la Administración- superior al abonado a los dueños originales.
Cuando la Sociedad Pública Parque Temático, 100% propiedad de la Generalitat, inició en 1997 el proceso de expropiación de 10 millones de metros cuadrados de la Sierra Cortina (Benidorm) para construir el parque y delimitar su área de reserva, se comprometió con los titulares del suelo -cerca de medio millar- a compensarles económicamente si la Generalitat fijaba en el futuro precios más elevados por los mismos solares. La compensación debía ser por el valor de la diferencia entre lo pagado a los expropiados y el precio nuevo.
>Sigue leyendo en Diario Información
Cuando la Sociedad Pública Parque Temático, 100% propiedad de la Generalitat, inició en 1997 el proceso de expropiación de 10 millones de metros cuadrados de la Sierra Cortina (Benidorm) para construir el parque y delimitar su área de reserva, se comprometió con los titulares del suelo -cerca de medio millar- a compensarles económicamente si la Generalitat fijaba en el futuro precios más elevados por los mismos solares. La compensación debía ser por el valor de la diferencia entre lo pagado a los expropiados y el precio nuevo.
>Sigue leyendo en Diario Información
Beniarbeig suspende licencias en 2 zonas para proteger su arquitectura tradicional
El Ayuntamiento de Beniarbeig, gobernado por el PSOE, ha decidido suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en dos zonas emblemáticas del municipio: el casco histórico y les Cases Noves. El objetivo de esta suspensión de licencias radica en proteger el ambiente arquitectónico tradicional de estas zonas al considerarlo un patrimonio público digno de protección.
Fuentes municipales aseguraron ayer que la suspensión de licencias ofrecerá al equipo de gobierno la garantía de acabar de redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sacarlo a exposición pública sin que ningún plan urbanístico pueda romper esa «armonía» arquitectónica que resplandece en el casco antiguo y en les Cases Noves.
Sin embargo, esta decisión no implica que Beniarbeig paralice su expansión urbanística en otras direcciones, ya que tan sólo evitará planes urbanísticos incompatibles con el paisaje de las dos zonas específicas. El núcleo histórico de Beniarbeig alberga entre sus paredes la esencia de pueblo, la personalidad del municipio. Y en les Cases Noves o del Govern, Beniarbeig cuenta con casas tradicionales de los años 50. Se trata de viviendas unifamiliares, típicas de pueblo.
Más en Diario Información
Fuentes municipales aseguraron ayer que la suspensión de licencias ofrecerá al equipo de gobierno la garantía de acabar de redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sacarlo a exposición pública sin que ningún plan urbanístico pueda romper esa «armonía» arquitectónica que resplandece en el casco antiguo y en les Cases Noves.
Sin embargo, esta decisión no implica que Beniarbeig paralice su expansión urbanística en otras direcciones, ya que tan sólo evitará planes urbanísticos incompatibles con el paisaje de las dos zonas específicas. El núcleo histórico de Beniarbeig alberga entre sus paredes la esencia de pueblo, la personalidad del municipio. Y en les Cases Noves o del Govern, Beniarbeig cuenta con casas tradicionales de los años 50. Se trata de viviendas unifamiliares, típicas de pueblo.
Más en Diario Información
Un informe revela que los 12 PAI en marcha en Benissa agotarán todo el agua potable
La acelerada tramitación de planes urbanísticos por parte del equipo de gobierno del PP en los últimos tres años le puede haber salido muy caro a Benissa. En estos términos se expresó ayer el portavoz del PSOE, Vicent Cabrera, al desvelar la existencia de un informe elaborado a petición del arquitecto municipal y en el que el departamento de Aguas advierte de que una vez estén ejecutados los 12 PAI que están en marcha en la actualidad Benissa habrá llegado al límite de sus recursos hídricos.
Es decir, no habrá más agua potable porque la previsión se ha confeccionado calculando el rendimiento al máximo de los cinco pozos de los que dispone el ayuntamiento y con el que se conseguirían unos recursos anuales totales de 3.565.620 metros cúbicos.
Según denunciaron los socialistas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benissa contempla que cualquier PAI que disponga del visto bueno del ayuntamiento debe contar con una certificación que asegure el abastecimiento de agua potable para las nuevas viviendas. Sin embargo, ninguno de los 12 que han sido aprobados o están en trámite (Santa Anna, Beniver, Orxelles 1, Pla dels Molins, Costera del Povil, Llobella 1, Llobella 2, Carrions, Pedramala 2, Busseit 2, Canor y el Polvorí) cuentan con esta documentación.
Sigue leyendo en Diario Información
Es decir, no habrá más agua potable porque la previsión se ha confeccionado calculando el rendimiento al máximo de los cinco pozos de los que dispone el ayuntamiento y con el que se conseguirían unos recursos anuales totales de 3.565.620 metros cúbicos.
Según denunciaron los socialistas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benissa contempla que cualquier PAI que disponga del visto bueno del ayuntamiento debe contar con una certificación que asegure el abastecimiento de agua potable para las nuevas viviendas. Sin embargo, ninguno de los 12 que han sido aprobados o están en trámite (Santa Anna, Beniver, Orxelles 1, Pla dels Molins, Costera del Povil, Llobella 1, Llobella 2, Carrions, Pedramala 2, Busseit 2, Canor y el Polvorí) cuentan con esta documentación.
Sigue leyendo en Diario Información
Alcoy: La Coordinadora contra el Plan Eólico rechaza el plan de protección del río Serpis
La Coordinadora d´Estudis Eólics del Comtat rechaza el plan de protección del paisaje del río Serpis por considerarlo «una farsa» y anuncia que ya ha interpuesto alegaciones al proyecto presentado el pasado jueves.Desde la plataforma ciudadana consideran que un proyecto que no supondrá la paralización de ninguna actuación urbanística, ni ninguna intención de paralizar la instalaciones de aerogeneradores, no es más que «una operación de maquillaje de la Conselleria, para tratar de limpiar su imagen, haciendo ver que protege un territorio cuando en realidad esta figura legal no supondrá ninguna protección real del río Serpis».
Como ejemplo, señalan que la declaración de paisaje protegido no implicará la paralización de ningún proyecto urbanístico que afecta al área delimitada ni tampoco los molinos de la zona 14, situados en la Sierra de Almudaina. Hay que recordar que el proyecto del Serpis marca una franja de protección paralela al río que estará a 2.800 metros de dos de los parques eólicos previstos para la comarca de El Comtat.
La Coordinadora propone que «si se quiere proteger el paisaje se coja toda la cuenca visual desde la divisoria de aguas de la sierra de Almudaina a la del Benicadell con el fin de respetar los límites naturales del concepto de paisaje y no una estrecha franja simbólica de 2 kilómetros de ancho sin valor ecológico justificado». En este sentido, recuerdan que los molinos son la mayor causa de mortalidad de las grandes aves, teniendo en cuenta que en la declaración de paisaje protegido se alega como justificación la existencia a proteger del águila real y la de pecho blanco en la zona.
Más en Diario Información
Ripoll rechaza retirar la gestión de obras a municipios con tramas urbanísticas
El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, optó por poner en marcha el ventilador para rechazar la moción de los socialistas, que en principio debe debatirse en el próximo pleno, en la que reclaman que la corporación provincial se sume al decálogo contra la corrupción urbanística y que se retire la gestión de obras a los municipios implicados en tramas relacionadas con el ladrillo. Tras un acto en el Palacio Provincial, Ripoll consideró que, quizá, la petición esté motivada porque, posiblemente, haya algún caso que les afecte. «Los socialistas sólo actúan cuando les aprieta el zapato», aseveró el máximo responsable de la institución.
Ripoll, incluso, se encomendó a la intervención de la Generalitat en Catral, municipio socialista que se ha quedado sin competencias en disciplina urbanística al autorizar viviendas en suelo no urbanizable, para negar que existan casos de presunta corrupción urbanística en las filas del PP. «No hay en la provincia ningún caso parecido al de Catral», apuntó para insistir en que «tampoco hay un caso parecido a Ciempozuelos, ni un caso parecido -en un intento de alejar de la provincia la imagen de la corruptela urbanística a pesar, por ejemplo, de la censura de la UE- a Marbella».
Más en Diario Información
Ripoll, incluso, se encomendó a la intervención de la Generalitat en Catral, municipio socialista que se ha quedado sin competencias en disciplina urbanística al autorizar viviendas en suelo no urbanizable, para negar que existan casos de presunta corrupción urbanística en las filas del PP. «No hay en la provincia ningún caso parecido al de Catral», apuntó para insistir en que «tampoco hay un caso parecido a Ciempozuelos, ni un caso parecido -en un intento de alejar de la provincia la imagen de la corruptela urbanística a pesar, por ejemplo, de la censura de la UE- a Marbella».
Más en Diario Información
El PSPV envía un dossier a Rajoy para que «no olvide» a los alcaldes del PP imputados
Los socialistas continúan machacando el flanco de los casos de presunta corrupción que azotan al PP y ayer anunciaron que remitirán a Mariano Rajoy un dossier con los dirigentes populares valencianos imputados en procesos judiciales en el que, entre otros, figuran el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los primeros ediles de Torrevieja y Orihuela, Pedro Hernández Mateo y José Manuel Medina, además del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El PSPV quiere que Rajoy «no se olvide» de los casos que afectan al PP al tiempó que le insta a tomar medidas.
El informe elaborado por los socialistas valencianos, que obra en poder de este periódico, arranca aludiendo a la situación del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, con el caso del supuesto trato de favor en la concesión de aparcamientos al constructor Enrique Ortiz, por el que está imputado junto a la edil de Urbanismo, Sonia Castedo; y la acusación sobre Mercalicante empresa pública en la que, recuerda el documento, se registró un «agujero» contable de seis millones de euros. El informe del PSPV también cita, igualmente, la macrourbanización de quince mil viviendas en Rabasa, adjudicada, de la misma manera, al mencionado Ortiz. Rajoy ratificó hace menos de un mes a Alperi como candidato a la reelección en el Ayuntamiento de Alicante.
Sigue leyendo en Diario Información
El informe elaborado por los socialistas valencianos, que obra en poder de este periódico, arranca aludiendo a la situación del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, con el caso del supuesto trato de favor en la concesión de aparcamientos al constructor Enrique Ortiz, por el que está imputado junto a la edil de Urbanismo, Sonia Castedo; y la acusación sobre Mercalicante empresa pública en la que, recuerda el documento, se registró un «agujero» contable de seis millones de euros. El informe del PSPV también cita, igualmente, la macrourbanización de quince mil viviendas en Rabasa, adjudicada, de la misma manera, al mencionado Ortiz. Rajoy ratificó hace menos de un mes a Alperi como candidato a la reelección en el Ayuntamiento de Alicante.
Sigue leyendo en Diario Información
El conseller Justo Nieto sobre el caso Ivex: «Julio Iglesias ni me gusta ni es mi tipo»
El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, despachó ayer las preguntas de control al Consell formuladas por el PSPV sobre el escándalo de los pagos del Ivex al cantante Julio Iglesias con una declaración sobre sus gustos musicales. «Julio Iglesias ni me gusta, ni es mi tipo», dijo. «No me gusta -matizó- esa languidez como cantante». Con esta confesión, Nieto ponía el punto y final a un debate un tanto surrealista sobre los pagos del Ivex y la concesión de becas a familiares de cargos públicos del PP, dos escandalos que ponen en cuestión la gestión en el organismo, y que Nieto parece observar con distancia. «No me interesa el pasado que a usted le interesa, yo he venido aquí para darle vida a las oportunidades y gestión a la inteligencia del futuro que la empresa necesita», espetó Nieto a la diputada Amparo Marco en un momento de su intervención.
La parlamentaria, que pidió al titular de Empresa que se posicionara ante los escándalos y dijera en la tribuna si asumía o no la gestión realizada en el Instituto, se encontró con una respuesta con enjundia. «¿Como no voy a asumir las decisiones del Ivex?», se preguntó retóricamente el conseller para, acto seguido, subrayar que en el consejo de administración del organismo se sientan «prestigiosos» empresarios que no son «convidados de piedra». La respuesta no pasó desapercibida entre las filas socialistas que, en privado, apuntaban que el conseller parecía corresponsabilizar a los representantes empresariales en asuntos tan graves como el de los pagos al cantante Julio Iglesias que están siendo investigados en los tribunales.
Más en Diario Información
La parlamentaria, que pidió al titular de Empresa que se posicionara ante los escándalos y dijera en la tribuna si asumía o no la gestión realizada en el Instituto, se encontró con una respuesta con enjundia. «¿Como no voy a asumir las decisiones del Ivex?», se preguntó retóricamente el conseller para, acto seguido, subrayar que en el consejo de administración del organismo se sientan «prestigiosos» empresarios que no son «convidados de piedra». La respuesta no pasó desapercibida entre las filas socialistas que, en privado, apuntaban que el conseller parecía corresponsabilizar a los representantes empresariales en asuntos tan graves como el de los pagos al cantante Julio Iglesias que están siendo investigados en los tribunales.
Más en Diario Información
Alicante: El PSOE señala que los informes del Gobierno prueban que el plan Rabasa no es bueno
El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel de Barros, ha afirmado que los informes negativos emitidos por los ministerios de Defensa y Fomento respecto al plan Rabasa demuestran «que el proyecto tiene oscuridades y lagunas pero, ante todo, que se trata de un plan que no es bueno para los ciudadanos».
El concejal de la oposición considera que el alcalde, Luis Díaz Alperi, defiende el citado plan «con excesivo ímpetu, como si de un caballero medieval se tratase» y destaca que el proyecto «no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos». De Barros afirma que el Partido Popular «se ha quedado solo respaldando este proyecto».
Visto en Diario Información
El concejal de la oposición considera que el alcalde, Luis Díaz Alperi, defiende el citado plan «con excesivo ímpetu, como si de un caballero medieval se tratase» y destaca que el proyecto «no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos». De Barros afirma que el Partido Popular «se ha quedado solo respaldando este proyecto».
Visto en Diario Información
Elche_ EU afirma que la suspensión de licencias en La Marina evidencia la contradicción del PSOE
La suspensión de licencias en un sector de La Marina, el MR-10, para ordenar el territorio garantizando la protección del paisaje pone en evidencia, según manifestaba ayer la concejal de EU, Ángeles Candela, «las contradicciones urbanísticas del equipo de gobierno del PSOE, ya que esos mismos criterios hubieran sido aplicables para el sector AR-1 de Arenales y para el MR-9 de La Marina, pero entonces no los aplicó».
La concejal subrayó estar de acuerdo con la desestimación de los cuatro iniciativas privadas que se habían presentado para la zona y con que sea la Administración la que ordene la zona, «aunque lamentamos que hayan tardado tanto en decidirse, cinco años, ya que han podido generar derechos a los particulares y esto denota que el equipo de gobierno no tiene claras las cosas».
Más en Diario Información
La concejal subrayó estar de acuerdo con la desestimación de los cuatro iniciativas privadas que se habían presentado para la zona y con que sea la Administración la que ordene la zona, «aunque lamentamos que hayan tardado tanto en decidirse, cinco años, ya que han podido generar derechos a los particulares y esto denota que el equipo de gobierno no tiene claras las cosas».
Más en Diario Información
Elda: El dueño del vertedero advierte a Territorio de que la urbanización de Las Cañadas vulnera la ley
Limpiezas Urbanas del Mediterráneo, la empresa que gestiona el vertedero de residuos sólidos de Las Cañadas, ha enviado un escrito a la Conselleria de Territorio y al propio Ayuntamiento de Elda para advertir que la macrourbanización con campo de golf proyectada en este paraje vulnera la ley. Y ello por no respetar la distancia mínima de dos kilómetros que establece la normativa para los núcleos urbanos respecto al desarrollo de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Como se sabe, el Ayuntamiento aprobó en septiembre de 2004 este Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 6.500 viviendas. Sin embargo el Gobierno valenciano sigue sin emitir el dictamen definitivo respecto a esta actuación, que ha encontrado un fuerte rechazo en el grupo de Els Verds en las Cortes, Mosaico, IU y la Plataforma Cívica por un Urbanismo Sostenible de Elda. A este movimiento se suma ahora la mercantil propietaria del vertedero, cuyas instalaciones se encuentran a escasos cien metros de la zona residencial que pretende construir la promotora Invercon Reigo.
Sigue leyendo en Diario Información
Sigue leyendo en Diario Información
Elda: Por un Urbanismo Sostenible dice que el nuevo proyecto es sólo «un lavado de cara»
La Plataforma Cívica por un Urbanismo Sostenible de Elda ha rechazado el nuevo proyecto de campo de golf en Las Cañadas. Considera que «todo el proyecto continúa basándose en una recalificación salvaje de terreno protegido hecha a espaldas del vigente PGOU. Y mientras un nuevo proyecto no sea presentado a pleno, la única realidad conocida es que 2.600.000 de metros cuadrados de suelo de especial protección han sido recalificados por el Ayuntamiento como urbanizable».
Asimismo, sostiene que «se nos quiere vender un ambiguo ¡Parque Natural! sin aclarar de qué figura de protección se trata, ni existir constancia de que se haya solicitado ninguna ante la Generalitat. Solo sería aceptable para la zona de las Barrancadas una figura de protección reconocida por la administración que ofrezca garantías y financiación y declare el suelo como no urbanizable».
Más en Diario Información
Asimismo, sostiene que «se nos quiere vender un ambiguo ¡Parque Natural! sin aclarar de qué figura de protección se trata, ni existir constancia de que se haya solicitado ninguna ante la Generalitat. Solo sería aceptable para la zona de las Barrancadas una figura de protección reconocida por la administración que ofrezca garantías y financiación y declare el suelo como no urbanizable».
Más en Diario Información
Monforte del Cid: Denuncian la tala de cientos de pinos en una zona destinada a campo de golf
La finca El Lobo situada en la partida rural de Pozoblanco, dentro del término de Monforte del Cid, ha sido objeto de una tala selectiva de cientos de pinos que fueron plantados por Icona hace más de treinta años. Los trabajos se llevaron a cabo dos años atrás aunque los denunciantes, entre los que se encuentra el alicantino Pedro Jurado, han optado por sacar el tema a la luz pública «para que se tomen medidas contra los autores de esta masacre», comenta indignado.
La finca se halla a las faldas de la sierra del Cid y supera los cinco millones de metros cuadrados de superficie. Años atrás fue adquirida por la familia Quesada, del grupo inmobiliario Masa, con la intención de construir un campo de golf y 4.000 viviendas. Las fuentes consultadas aseguran que la operación de compraventa superó los 3,6 millones de euros, cerca de seiscientos millones de pesetas. La promotora presentó su propuesta urbanística al Ayuntamiento y tras obtener el visto bueno la actuación fue remitida a Territorio. Tras el correspondiente estudio la Conselleria rechazó la macrourbanización por su impacto paisajístico, la proximidad de un campo de tiro del ejército y la lejanía del casco urbano monfortino. Fue en ese intervalo cuando se realizaron los trabajos de tala selectiva y se acondicionaron los caminos que circundan el paraje.
Sigue leyendo en Diario Información
La finca se halla a las faldas de la sierra del Cid y supera los cinco millones de metros cuadrados de superficie. Años atrás fue adquirida por la familia Quesada, del grupo inmobiliario Masa, con la intención de construir un campo de golf y 4.000 viviendas. Las fuentes consultadas aseguran que la operación de compraventa superó los 3,6 millones de euros, cerca de seiscientos millones de pesetas. La promotora presentó su propuesta urbanística al Ayuntamiento y tras obtener el visto bueno la actuación fue remitida a Territorio. Tras el correspondiente estudio la Conselleria rechazó la macrourbanización por su impacto paisajístico, la proximidad de un campo de tiro del ejército y la lejanía del casco urbano monfortino. Fue en ese intervalo cuando se realizaron los trabajos de tala selectiva y se acondicionaron los caminos que circundan el paraje.
Sigue leyendo en Diario Información
Pilar de la Horadada: Moya acusa al alcalde de tener «compromisos urbanísticos con amigos empresarios»
El concejal de la Agrupación Independiente Horadada (AIH), Juan Ramón Moya, acusó ayer al alcalde socialista, Ignacio Ramos, de mantener «compromisos privados con amigos empresarios» para llevar a cabo planes urbanísticos al margen del Plan General (PGOU) en el municipio.
Moya hizo estas declaraciones en relación a la marcha atrás escenificada en el Pleno del martes por Ramos al dejar sobre la mesa, por presiones de la dirección del PSPV, un plan urbanístico no contemplado en el Plan General del año 2000 para construir 5.500 casas. El alcalde dijo que el Ayuntamiento abordará de nuevo la tramitación del proyecto, presentado por Desarrollos Urbanísticos Metropol, a través de una modificación puntual del PGOU para que no hubiese ningún tipo «de sospecha sobre la actuación municipal». Hasta el momento del debate del punto el resto de la Corporación, incluido su grupo, desconocía qué iba a hacer el alcalde, a la sazón delegado de Urbanismo.
Sigue leyendo en Diario Información
Moya hizo estas declaraciones en relación a la marcha atrás escenificada en el Pleno del martes por Ramos al dejar sobre la mesa, por presiones de la dirección del PSPV, un plan urbanístico no contemplado en el Plan General del año 2000 para construir 5.500 casas. El alcalde dijo que el Ayuntamiento abordará de nuevo la tramitación del proyecto, presentado por Desarrollos Urbanísticos Metropol, a través de una modificación puntual del PGOU para que no hubiese ningún tipo «de sospecha sobre la actuación municipal». Hasta el momento del debate del punto el resto de la Corporación, incluido su grupo, desconocía qué iba a hacer el alcalde, a la sazón delegado de Urbanismo.
Sigue leyendo en Diario Información
Vega baja: AECU responsabiliza al Colegio de Arquitectos de no actuar contra las casas ilegales
El presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) Honorio Fernández, responsabilizó ayer al Colegio de Arquitectos de mirar hacia otro lado durente los últimos años ante las denuncias que este colectivo remitió a este órgano colegial sobre las ilegalidades urbanísticas cometidas en la Vega Baja.
Fernández dijo que el colectivo al que representa tiene intención de demandar por presunta falsedad documental a varios arquitectos que han ejercido en la Vega Baja, avalando con su firma y sus proyectos casas ilegales, sobre todo en Catral, Dolores, Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada.
Fernández acusó a los colegios profesionales con competencias en el sector de la construcción de la Comunidad Valenciana de «ningunear» a sus asociados en las reclamaciones que se han formalizado legalmente ante estas instituciones.
La Asociación AECU ha logrado en parte ahora a través de sus denuncias que la Generalitat Valenciana actúe para retirar las competencias sobre disciplina urbanística a Catral. Hernández reconoció que ahora, tras varios años de peticiones, el Colegio de Arquitectos de Alicante se ha mostrado receptivo a la petición de este colectivo de intentar trabajar en conjunto para evitar la proliferación de actuaciones urbanísticas irregulares.
Más en Diario Información
Fernández dijo que el colectivo al que representa tiene intención de demandar por presunta falsedad documental a varios arquitectos que han ejercido en la Vega Baja, avalando con su firma y sus proyectos casas ilegales, sobre todo en Catral, Dolores, Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada.
Fernández acusó a los colegios profesionales con competencias en el sector de la construcción de la Comunidad Valenciana de «ningunear» a sus asociados en las reclamaciones que se han formalizado legalmente ante estas instituciones.
La Asociación AECU ha logrado en parte ahora a través de sus denuncias que la Generalitat Valenciana actúe para retirar las competencias sobre disciplina urbanística a Catral. Hernández reconoció que ahora, tras varios años de peticiones, el Colegio de Arquitectos de Alicante se ha mostrado receptivo a la petición de este colectivo de intentar trabajar en conjunto para evitar la proliferación de actuaciones urbanísticas irregulares.
Más en Diario Información
Alcaldes valencianos planean urbanizar casi 200 millones de metros cuadrados
La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones de metros cuadrados de suelo que actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 kilómetros cuadrados. De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo rústico a urbanizable 67,2 millones de metros cuadrados en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de Alicante.
El actual responsable de Territorio del Gobierno, Esteban González Pons, asumió su responsabilidad el pasado mes de junio y apenas ha movido ficha desde entonces. La consejería sólo ha dado curso a un Plan de Actuación Integrada (PAI), el de Porxinos, que promueve Juan Soler, presidente del Valencia CF, sobre 1,6 millones de metros cuadrados en el término municipal de Riba-roja, a una veintena de kilómetros de la capital. El proyecto prevé levantar una ciudad deportiva para el club de fútbol y una ciudad residencial paralela cuyos beneficios permitirían paliar la actual deuda del club, según avanzó hace meses el propio Soler.
Más en El País
El actual responsable de Territorio del Gobierno, Esteban González Pons, asumió su responsabilidad el pasado mes de junio y apenas ha movido ficha desde entonces. La consejería sólo ha dado curso a un Plan de Actuación Integrada (PAI), el de Porxinos, que promueve Juan Soler, presidente del Valencia CF, sobre 1,6 millones de metros cuadrados en el término municipal de Riba-roja, a una veintena de kilómetros de la capital. El proyecto prevé levantar una ciudad deportiva para el club de fútbol y una ciudad residencial paralela cuyos beneficios permitirían paliar la actual deuda del club, según avanzó hace meses el propio Soler.
Más en El País
Y de pronto estalla el urbanismo
No sabemos qué ha tenido que pasar para que, súbitamente, los poderes del Estado caigan en la cuenta de que están medio desarmados frente al desmadre urbanístico. Faltan fiscales, policías e incluso instrumentos legales idóneos para afrontar los grandes desaguisados que comportan las ingentes recalificaciones de terrenos no urbanizables con las consiguientes, espectaculares y a menudo turbias plusvalías, frecuente devastación del territorio y abonado de corrupciones de toda laya. Marbella, desde luego, pero tanto o más importante han sido para la sensibilización del Gobierno los episodios de Ciempozuelos o Seseña, tan cerquita de la Corte que los petardos mediáticos le han estallado en la mano. Ahora vienen las prisas y el anuncio de remedios.
Visto desde la periferia, y concretamente desde el País Valenciano, la verdad es que tal desbordamiento y la imprevisión que delata más bien han de parecernos el resultado de una política consentida que se hubiese prolongado -y nada ha cambiado, de momento- sin la catarsis de los mencionados escándalos y otros similares que han acabado por disparar las alarmas e instinto defensivo del Gobierno. De ahí ese decálogo que propone el PSOE y cuyo corolario sería el preguntarnos ingenuamente cómo es posible que unas normas o preceptos tan elementales como los divulgados no se vengan observando a rajatabla. Sobre todo, a partir del momento en que el urbanismo -nos referimos al condenable- comenzó a constituirse en una desgracia medioambiental, lo que ya venía siendo y se acentuó con la Ley del Suelo de 1998, del PP.
Decíamos política consentida porque eso es, exactamente, lo que ha pasado hasta ahora en el marco autonómico valenciano, como es sabido. Desde 1995, y al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), parida por los socialistas, se desarrolló un frenesí urbanizador que ninguna trapisonda hubiese disciplinado porque, de un lado, el gobierno de Francisco Camps -por no hablar de la Consejería de Territorio y Vivienda- estaba persuadido de que la proliferación de los famosos PAI, con las recalificaciones masivas de suelo no urbanizable, era el exponente incuestionable de que se estaba en el buen camino. Y de otro lado, la euforia económica y el imperio de la mayoría absoluta permitían, incluso, que campase la impunidad, por más que formalmente se emprendiesen algunos expedientes sancionadores que en buena parte se han diluido en el trampeo burocrático y legalismo procesal.
Nada, decimos, hubiese cambiado por estos pagos sin el activismo de los damnificados por la citada ley y la intervención de las autoridades comunitarias de Bruselas que, quizá con tantos o semejantes méritos que otras regiones, se convirtió en el paradigma del abuso y aún del despojo urbanístico. Una imagen que ni siquiera ha enmendado la promulgación de la nueva ley urbanística (LUV), asimismo cuestionada parcialmente por la Comisión Europea, que en ningún momento ha edulcorado sus críticas. Sucesos éstos que, a la par con la misma protesta de no pocos vecindarios costeros agobiados por la saturación inmobiliaria y el clima viscoso de corrupción, forzaron el giro político en la gestión de esta parcela. Es la llamada política sandía, intensa e incluso aparatosamente ecológica con tal de borrar la sombra depredadora que se proyectaba y que se llevó por delante al consejero Rafael Blasco que la personalizaba.
Quisiéramos pensar que estamos ante una nueva etapa, decididamente distinta, en la gestión del territorio y que estos propósitos de rigor y reforma no constituyen únicamente un guiño meramente electoralista. Aquí y acullá el abuso urbanístico ha calado en la opinión pública que endosa la culpa a la voluntad, irresolución -y eventual venalidad- de los políticos. A ellos, a los partidos hegemónicos, les incumbe con pacto o sin él reorientar el proceso urbanizador del país y por doquier. Y a los jueces, y a los policías y también a los promotores inmobiliarios que están a lo que se legisle. Pero la iniciativa han de tomarla los gobernantes, que en este capítulo y durante muchos años han transitado entre el dontancredismo y la complicidad.
Visto en El País
Visto desde la periferia, y concretamente desde el País Valenciano, la verdad es que tal desbordamiento y la imprevisión que delata más bien han de parecernos el resultado de una política consentida que se hubiese prolongado -y nada ha cambiado, de momento- sin la catarsis de los mencionados escándalos y otros similares que han acabado por disparar las alarmas e instinto defensivo del Gobierno. De ahí ese decálogo que propone el PSOE y cuyo corolario sería el preguntarnos ingenuamente cómo es posible que unas normas o preceptos tan elementales como los divulgados no se vengan observando a rajatabla. Sobre todo, a partir del momento en que el urbanismo -nos referimos al condenable- comenzó a constituirse en una desgracia medioambiental, lo que ya venía siendo y se acentuó con la Ley del Suelo de 1998, del PP.
Decíamos política consentida porque eso es, exactamente, lo que ha pasado hasta ahora en el marco autonómico valenciano, como es sabido. Desde 1995, y al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), parida por los socialistas, se desarrolló un frenesí urbanizador que ninguna trapisonda hubiese disciplinado porque, de un lado, el gobierno de Francisco Camps -por no hablar de la Consejería de Territorio y Vivienda- estaba persuadido de que la proliferación de los famosos PAI, con las recalificaciones masivas de suelo no urbanizable, era el exponente incuestionable de que se estaba en el buen camino. Y de otro lado, la euforia económica y el imperio de la mayoría absoluta permitían, incluso, que campase la impunidad, por más que formalmente se emprendiesen algunos expedientes sancionadores que en buena parte se han diluido en el trampeo burocrático y legalismo procesal.
Nada, decimos, hubiese cambiado por estos pagos sin el activismo de los damnificados por la citada ley y la intervención de las autoridades comunitarias de Bruselas que, quizá con tantos o semejantes méritos que otras regiones, se convirtió en el paradigma del abuso y aún del despojo urbanístico. Una imagen que ni siquiera ha enmendado la promulgación de la nueva ley urbanística (LUV), asimismo cuestionada parcialmente por la Comisión Europea, que en ningún momento ha edulcorado sus críticas. Sucesos éstos que, a la par con la misma protesta de no pocos vecindarios costeros agobiados por la saturación inmobiliaria y el clima viscoso de corrupción, forzaron el giro político en la gestión de esta parcela. Es la llamada política sandía, intensa e incluso aparatosamente ecológica con tal de borrar la sombra depredadora que se proyectaba y que se llevó por delante al consejero Rafael Blasco que la personalizaba.
Quisiéramos pensar que estamos ante una nueva etapa, decididamente distinta, en la gestión del territorio y que estos propósitos de rigor y reforma no constituyen únicamente un guiño meramente electoralista. Aquí y acullá el abuso urbanístico ha calado en la opinión pública que endosa la culpa a la voluntad, irresolución -y eventual venalidad- de los políticos. A ellos, a los partidos hegemónicos, les incumbe con pacto o sin él reorientar el proceso urbanizador del país y por doquier. Y a los jueces, y a los policías y también a los promotores inmobiliarios que están a lo que se legisle. Pero la iniciativa han de tomarla los gobernantes, que en este capítulo y durante muchos años han transitado entre el dontancredismo y la complicidad.
Visto en El País
Los barones del PP imponen sus deseos
Jaume Matas abrió la veda: su choque con la dirección del PP por el sistema de financiación que proponía el Estatuto balear, muy similar al del catalán, acabó con un pacto. Finalmente, dicho texto fija una inversión del Estado de 3.000 millones en 10 años, aunque no la vincula a la participación de esta comunidad en el PIB español, la fórmula que figura en el Estatuto catalán y por la que apostaban Matas y los socialistas de Baleares.
De esta forma, la voluntad de uno de los barones regionales más importantes del PP de sacar adelante su propio estatuto, calificado por él mismo como una respuesta para "defenderse" del catalán, se impuso. Y poco a poco, ha sido así con todas las reformas estatutarias.
El PP aragonés, por ejemplo, que aún no se ha recuperado electoralmente desde que José María Aznar apostó por el trasvase del Ebro, contestado en la calle por miles de aragoneses, ha pactado con el PSOE regional una fórmula que prácticamente hace inviable el trasvase, ya que establece el derecho "preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos" de Aragón, y reserva 6.550 hectómetros cúbicos de agua para uso exclusivo de la comunidad.
Más en El País
De esta forma, la voluntad de uno de los barones regionales más importantes del PP de sacar adelante su propio estatuto, calificado por él mismo como una respuesta para "defenderse" del catalán, se impuso. Y poco a poco, ha sido así con todas las reformas estatutarias.
El PP aragonés, por ejemplo, que aún no se ha recuperado electoralmente desde que José María Aznar apostó por el trasvase del Ebro, contestado en la calle por miles de aragoneses, ha pactado con el PSOE regional una fórmula que prácticamente hace inviable el trasvase, ya que establece el derecho "preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos" de Aragón, y reserva 6.550 hectómetros cúbicos de agua para uso exclusivo de la comunidad.
Más en El País
Barberá recibe Tabacalera a cambio de dejar a Ballester un negocio millonario
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, estampó ayer su firma en un acuerdo que recupera para la ciudad la antigua fábrica de tabacos y deja en manos del grupo inmobiliario Ballester un negocio multimillonario. La permuta acordada con la empresa convierte al Ayuntamiento en propietario de parte de Tabacalera, un complejo industrial histórico de 23.832 metros cuadrados de superficie que albergará la mayoría de dependencias municipales. A cambio del inmueble, el grupo Ballester podrá construir viviendas en dos parcelas que suman 43.700 metros de edificabilidad en las zonas más cotizadas de la ciudad. Fuentes del sector calculan los beneficios de la empresa en al menos 220 millones de euros.
Barberá subrayó que el acuerdo es "absolutamente transparente y ajustado a la ley", para "satisfacción" del equipo de gobierno del PP y a pesar de las "rabietas de la oposición", como calificó las denuncias de socialistas y EU-L'Entesa, que consideran la operación un "pelotazo urbanístico" a costa del patrimonio municipal.
Sigue leyendo en El País
Barberá subrayó que el acuerdo es "absolutamente transparente y ajustado a la ley", para "satisfacción" del equipo de gobierno del PP y a pesar de las "rabietas de la oposición", como calificó las denuncias de socialistas y EU-L'Entesa, que consideran la operación un "pelotazo urbanístico" a costa del patrimonio municipal.
Sigue leyendo en El País
El PP elude otra vez dar a conocer el patrimonio de sus diputados
"¿Van a apoyar nuestra proposición de ley de transparencia de altos cargos? ¿Van a hacer ustedes públicas, como nosotros, sus declaraciones de bienes y actividades?". Estas dos preguntas directas que hizo ayer en el pleno de las Cortes el portavoz socialista adjunto Antoni Such quedaron sin respuesta. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, se salió por la tangente y aseguró que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha cumplido su compromiso de hacer público su patrimonio y que el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, no lo ha hecho.
El PP no parece dispuesto a aceptar el reto de los socialistas, que la semana pasada anunciaron su decisión de poner a disposición de todos los ciudadanos, en el Registro de las Cortes, las declaraciones de bienes y actividades de todos los diputados. La iniciativa respondía al reto que, en el debate de política general, le lanzó el presidente de la Generalitat Pla, quien le había ofrecido un pacto entre los dos partidos para luchar contra la corrupción. Camps no respondió a la oferta de pacto, pero dijo que estaba dispuesto a sentarse con el líder socialista y que ambos enseñaran sus patrimonios. Posteriormente, el presidente ha dicho que todo su patrimonio se limita a un piso y un coche antiguo.
Más en El País
Suscribirse a:
Entradas (Atom)