La oposición y los propietarios mantienen su batalla político-administrativa contra el Programa de Actuación Integral (PAI) de la Serreta, que ocupará 2,7 millones de metros cuadrados en plena huerta tradicional del término de La Nucia. El plan prevé levantar 3.594 viviendas con su correspondiente campo de golf.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha abierto un expediente sancionador al promotor, la mercantil Les Cases del Pinar, SL, del contratista Andrés Ballester, por supuesta invasión de suelo de dominio hidráulico al realizar obras en el cauce del Barranc de Lopes y Barranc del Racó de Lopes. El expediente está en fase de instrucción por parte de los técnicos del organismo hidrográfico. El PAI de la Serreta, autorizado definitivamente el pasado mes de mayo, se ejecutará al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. La futura urbanización también afectará a una infraestructura hidráulica de valor histórico-artístico, como Sèquia Mare, canalización del siglo XVII, de ocho kilómetros de recorrido que, a juicio de varios colectivos, debería protegerse.
Agustí Cerdà, diputado por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, ha trasladado al Gobierno una batería de preguntas sobre la aprobación del mencionado PAI. Cerdà, al igual que resto de la oposición, los ecologistas y los dueños del suelo, considera que el programa se ha autorizado a pesar de las múltiples carencias que presenta. Entre otros aspectos, el diputado sostiene que el PAI no dispone de los derechos para garantizar el suministro de los recursos hídricos necesarios para abastecer las 3.594 nuevas viviendas ni del informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que autoriza el inicio de las obras, actuaciones y modificaciones dentro del dominio público de los barrancos. Además, el diputado subraya que el plan carece de autorización respecto al diseño del campo de golf y de la autorización previa a de la CHJ para el vertido de las aguas residuales y pluviales. En concreto, el diputado Cerdà pregunta al Gobierno qué medidas tiene previsto ejercer ante las irregularidades descritas en relación con la previsión de falta de abastecimiento de agua en el PAI de la Serreta y si el Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado al Ayuntamiento de La Nucia las ilegalidades detectadas por el CHJ en la zona de dominio público del Barranc del Lopes y del Barranc del Racó de Lopes. Los pequeños propietarios afectados, en su mayoría contrarios al programa urbanístico, así como el PSPV en el Ayuntamiento, han presentado sendos recursos de alzada contra la aprobación definitiva del PAI, porque ésta no incluía precisamente los plazos para las que las partes presentasen reclamaciones, "esto puede significar un olvido, un error, o una ocultación de información", comenta un propietario de suelo.
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lunes, octubre 16, 2006
Las constructoras agotan el suelo a pie de playa hasta dejar sólo 34 kilómetros libres
El cemento está presente en la mayor parte del litoral de la Comunidad. Sólo el 31% de la costa está libre edificación, lo que significa que el 69% ya está urbanizado, según los datos recopilados por la Conselleria de Territorio y Vivienda a principios de 2006.
El litoral de la Comunidad se extiende a lo largo de 476 Kilómetros, de los que sólo 154 se encuentran, por el momento, sin urbanizar. Estos territorios libres de edificación se encuentran protegidos, salvo 34 kilómetros que todavía están expuestos a la amenaza urbanística, según los mismos datos. Fuentes de la Conselleria aseguran que el urbanizar en esos terrenos depende de lo que contemplen los diferentes ayuntamientos, pero inciden en que todos los PAI tienen que recibir el visto bueno de la Generalitat y que no se encuentran completamente desprotegidos.
Estos 34 kilómetros son la única superficie a pie de playa susceptible de ser construida, ya que los urbanizadores han agotado el suelo de la costa y, el que queda, se encuentra protegido bajo diferentes instrumentos ambientales y territoriales.
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El litoral de la Comunidad se extiende a lo largo de 476 Kilómetros, de los que sólo 154 se encuentran, por el momento, sin urbanizar. Estos territorios libres de edificación se encuentran protegidos, salvo 34 kilómetros que todavía están expuestos a la amenaza urbanística, según los mismos datos. Fuentes de la Conselleria aseguran que el urbanizar en esos terrenos depende de lo que contemplen los diferentes ayuntamientos, pero inciden en que todos los PAI tienen que recibir el visto bueno de la Generalitat y que no se encuentran completamente desprotegidos.
Estos 34 kilómetros son la única superficie a pie de playa susceptible de ser construida, ya que los urbanizadores han agotado el suelo de la costa y, el que queda, se encuentra protegido bajo diferentes instrumentos ambientales y territoriales.
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La Guardia Civil combatirá el delito urbanístico con 200 agentes y empezará en Madrid, Málaga y Murcia
La Guardia Civil tiene a punto su plan para crear equipos especializados en la lucha contra la corrupción urbanística. El proyecto prevé la formación de un Grupo de Delitos Urbanísticos, compuesto por una treintena de agentes encuadrados en la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite del instituto armado contra la delincuencia organizada. Este núcleo central se completará con la creación en sus 54 comandancias de Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, con 170 agentes en conjunto. La previsión es que los equipos empiecen a funcionar a primeros de año de forma escalonada y que el primer escalón se establezca en tres provincias sacudidas por casos llamativos: Madrid, Murcia y Málaga.
La creación de estas unidades fue anunciada por Joan Mesquida, actual director general de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en una entrevista a EL PAÍS, publicada el pasado mes de agosto. Mesquida, entonces sólo al frente del instituto armado, decía que consideraba la creación de estos equipos "una necesidad", dado que casos como el de Marbella transmitían a la ciudadanía la sensación de que "hay que hacerla muy gorda" para que los poderes públicos actúen.
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La creación de estas unidades fue anunciada por Joan Mesquida, actual director general de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en una entrevista a EL PAÍS, publicada el pasado mes de agosto. Mesquida, entonces sólo al frente del instituto armado, decía que consideraba la creación de estos equipos "una necesidad", dado que casos como el de Marbella transmitían a la ciudadanía la sensación de que "hay que hacerla muy gorda" para que los poderes públicos actúen.
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Valencianets tal vez, pero no imbéciles
La Comisión Europea ha advertido al Consell de que debe reformar la LUV con el fin de que los planes urbanísticos se adjudiquen con garantías de publicidad y concurrencia. ¡Ahí es nada! Pedirle a Camps y a sus consejeros garantías de que deben actuar con publicidad, con transparencia. Y en cuestiones urbanísticas, nada menos. Es como pedirle al prestidigitador que muestre al público sus trucos, que descubra cómo lo hace.
Así que, ni corto ni perezoso, el conseller del ramo, señor González Pons, ha salido a la palestra y ha culpado al presidente Zapatero de ocultar en sus informes a Bruselas que no es sólo la Comunidad Valenciana la que cuenta con el "agente urbanizador privado", sino que esta figura se incluye por otras comunidades autónomas en sus leyes. Sucede, sin embargo, que no es la existencia del citado agente el fondo de la cuestión que denuncia Bruselas. Lo que la Comisión Europea reprocha a la ley valenciana es la ausencia de mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad de los procedimientos de adjudicación de los planes urbanísticos que promueven los citados agentes urbanizadores. En otras comunidades autónomas sí que se delimita esta cuestión. Pero el conseller González Pons monta el truco del almendruco, y nos ofrece en rueda de prensa lo siguiente: "La Comunidad Valenciana no es ninguna isla legislativa en materia de urbanismo, puesto que otras comunidades autónomas incluyen en sus leyes la figura del agente urbanizador, que también prevé el proyecto de ley del suelo presentado por el Ejecutivo estatal que se tramita en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿por qué la Comisión Europea sólo conmina a la Generalitat valenciana a modificar su ley?".
Pues muy sencillo. Porque la Comisión Europea no se refiere a la figura del agente urbanizador. No maree la perdiz, señor González Pons. La Comisión Europea no le pide al Consell que elimine la figura del citado agente. Ese no es el problema. Lo que la CE le censura al gobierno valenciano es el procedimiento, que no cuenta con "los mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad en la adjudicación de los planes urbanísticos que promueven los agentes urbanizadores". Es decir, que la LUV no cumple la directiva europea sobre contratos.
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Así que, ni corto ni perezoso, el conseller del ramo, señor González Pons, ha salido a la palestra y ha culpado al presidente Zapatero de ocultar en sus informes a Bruselas que no es sólo la Comunidad Valenciana la que cuenta con el "agente urbanizador privado", sino que esta figura se incluye por otras comunidades autónomas en sus leyes. Sucede, sin embargo, que no es la existencia del citado agente el fondo de la cuestión que denuncia Bruselas. Lo que la Comisión Europea reprocha a la ley valenciana es la ausencia de mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad de los procedimientos de adjudicación de los planes urbanísticos que promueven los citados agentes urbanizadores. En otras comunidades autónomas sí que se delimita esta cuestión. Pero el conseller González Pons monta el truco del almendruco, y nos ofrece en rueda de prensa lo siguiente: "La Comunidad Valenciana no es ninguna isla legislativa en materia de urbanismo, puesto que otras comunidades autónomas incluyen en sus leyes la figura del agente urbanizador, que también prevé el proyecto de ley del suelo presentado por el Ejecutivo estatal que se tramita en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿por qué la Comisión Europea sólo conmina a la Generalitat valenciana a modificar su ley?".
Pues muy sencillo. Porque la Comisión Europea no se refiere a la figura del agente urbanizador. No maree la perdiz, señor González Pons. La Comisión Europea no le pide al Consell que elimine la figura del citado agente. Ese no es el problema. Lo que la CE le censura al gobierno valenciano es el procedimiento, que no cuenta con "los mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad en la adjudicación de los planes urbanísticos que promueven los agentes urbanizadores". Es decir, que la LUV no cumple la directiva europea sobre contratos.
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El consejero y la caja de Pandora
Esteban González Pons, el consejero de Territorio, carece de vergüenza escénica. Lo demuestra a menudo. En los archivos audiovisuales se guardan, por ejemplo, las enardecidas respuestas que brindó a Carlos Dávila a finales del año 2004 en una entrevista de horario privilegiado en Canal 9, destinada a echar gasolina a una hoguera de anticatalanismo que se vería obligado a sofocar en meses sucesivos. No se le notó entonces vacilación alguna en la ejecución de unos aspavientos que a la postre habrían de llevarle, sobre los pedazos del pacto lingüístico, a acabar aceptando lo que aquella noche escarnecía. Él pertenece, sin duda, a una generación de políticos tácticos, de esos que responden con entusiasmo a los estímulos del combate sin pararse a calibrar los efectos a medio plazo. Y en eso resulta muy representativo de la derecha actual, tan enfática como manifiestamente irresponsable.
Junto a la falta de memoria, la brillantez fugaz es, pues, una cualidad distintiva del consejero, cuya audacia merecería, sin embargo, causas mejores. Abrir la caja de Pandora de las construcciones ilegales diseminadas por el territorio valenciano, con el mediocre objetivo de que sus emanaciones afearan la moción de censura de Joan Ignasi Pla al presidente Camps, le ha convertido en rehén de una tarea ímproba, que desborda con amplitud el súbito ardor demostrado en defensa del parque natural de "El Hoyo", como denominaba el secretario de organización del PP, Enrique Crespo, al paraje de El Hondo en un comunicado contra los socialistas por el desmadre municipal de Catral, pueblo representativo donde los haya del paisaje moral que define la Vega Baja.
El humo de las construcciones ilegales que ha empezado a emerger de la caja de Pandora, más bien un auténtico pozo sin fondo, consiguió ensombrecer el envite parlamentario de los socialistas, pero no conjuró ni conjurará la denuncia recurrente de Bruselas sobre la inconveniencia de la ley urbanística valenciana. Hace años que se repiten los rapapolvos europeos al Consell por la forma de adjudicar proyectos al denominado agente urbanizador (esa figura que ha permitido que algunas empresas se hinchen "gestionando el suelo" hasta el extremo de crear fundaciones, patrocinar cultura y fichar como ejecutivos a familiares de altos cargos públicos) y, aunque González Pons no ha estado ágil en el episodio, ya que ha recurrido de nuevo a la inverosímil maldad de Zapatero, cunde la expectación sobre su próximo arrebato.
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Junto a la falta de memoria, la brillantez fugaz es, pues, una cualidad distintiva del consejero, cuya audacia merecería, sin embargo, causas mejores. Abrir la caja de Pandora de las construcciones ilegales diseminadas por el territorio valenciano, con el mediocre objetivo de que sus emanaciones afearan la moción de censura de Joan Ignasi Pla al presidente Camps, le ha convertido en rehén de una tarea ímproba, que desborda con amplitud el súbito ardor demostrado en defensa del parque natural de "El Hoyo", como denominaba el secretario de organización del PP, Enrique Crespo, al paraje de El Hondo en un comunicado contra los socialistas por el desmadre municipal de Catral, pueblo representativo donde los haya del paisaje moral que define la Vega Baja.
El humo de las construcciones ilegales que ha empezado a emerger de la caja de Pandora, más bien un auténtico pozo sin fondo, consiguió ensombrecer el envite parlamentario de los socialistas, pero no conjuró ni conjurará la denuncia recurrente de Bruselas sobre la inconveniencia de la ley urbanística valenciana. Hace años que se repiten los rapapolvos europeos al Consell por la forma de adjudicar proyectos al denominado agente urbanizador (esa figura que ha permitido que algunas empresas se hinchen "gestionando el suelo" hasta el extremo de crear fundaciones, patrocinar cultura y fichar como ejecutivos a familiares de altos cargos públicos) y, aunque González Pons no ha estado ágil en el episodio, ya que ha recurrido de nuevo a la inverosímil maldad de Zapatero, cunde la expectación sobre su próximo arrebato.
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La oposición pide que dimita el secretario de Justicia por maniobrar contra el fiscal
El episodio en el que se ha visto involucrado el PP valenciano al anunciar la creación de una comisión que vigile a la fiscalía y encontrarse horas después con el desmentido del más significado de sus supuestos miembros, el ex fiscal del TSJ Enrique Beltrán, ha puesto al descubierto que el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, ha hecho gestiones desde su cargo institucional para constituir un grupo de partido surgido de los ataques más duros contra el actual fiscal jefe, Ricard Cabedo. Los socialistas, que exigieron la dimisión de De Rosa, y Esquerra Unida acusaron ayer al presidente Francisco Camps de autoritarismo por presionar a la justicia desde la Generalitat para frenar los casos de corrupción.
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San Miguel de salinas : El colectivo vecinal pide que el Seprona investigue el vertido de aguas fecales en El Galán
La Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel presentará una denuncia ante el Seprona por un delito contra el medio ambiente y la salud pública por la prolongación en el tiempo del vertido de aguas fecales en la urbanización El Galán del plan parcial Blue Lagoon, en término municipal de San Miguel de Salinas. La Asociación denunciará la «pasividad municipal si no se solventa el problema de inmediato» después de que, transcurridos quince días desde el inicio del vertido, «no se haya hecho nada para resolver la situación», según indicó ayer el presidente de la asociación vecinal, Manuel Gómez.
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Territorio comienza a eliminar plantas exóticas invasoras en el litoral de la provincia
La brigada de erradicación de plantas invasoras que la conselleria de Territorio creó en Alicante ha comenzado el trabajo de campo para acabar con una de las principales amenazas para la biodiversidad en la Comunidad, las especies exóticas, informaron ayer fuentes de la Generalitat. La recién creada brigada, formada, en principio, por un equipo de tres personas, se centra ahora en la erradicación total de las especies que están causando mayores problemas, como la pitera, (agave americana), y la uña de gato, (carpobortus), sobre las áreas de litoral en las que la colonización es aún incipiente, para que no puedan volver a reproducirse.Posteriormente, en una siguiente fase se trabajará para la erradicación de otras especies que también causan problemas a los ecosistemas alicantinos.
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Alicante: Un juez cita a declarar como imputado a un alto cargo de Bienestar Social en Alicante
El director territorial de Bienestar Social en Alicante, Alberto Martínez, y el ex director del Centro de Recepción de Menores Alacant, Alfonso Navarro, declararán el próximo miércoles como imputados de un delito contra el derecho de los trabajadores.
El Juzgado de Instrucción 8 de Alicante abrió la investigación en noviembre de 2005 a instancias del fiscal de Siniestralidad Laboral, después de que éste recibiera «numerosas denuncias de los educadores del recinto alertando de que eran víctimas de palizas por parte de los adolescentes y Bienestar Social no ponía remedio». El fiscal determinó, de acuerdo con esta información, que la conselleria «podría haber incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales», mientras que el juzgado ya ha tomado declaración como testigos durante la pasada semana a un inspector de trabajo y varios trabajadores del centro.
La Conselleria de Bienestar Social expresó hoy su «respaldo absoluto a la actuación del director territorial de Alicante, Alberto Martínez, y la del ex director del centro de menores».
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El Juzgado de Instrucción 8 de Alicante abrió la investigación en noviembre de 2005 a instancias del fiscal de Siniestralidad Laboral, después de que éste recibiera «numerosas denuncias de los educadores del recinto alertando de que eran víctimas de palizas por parte de los adolescentes y Bienestar Social no ponía remedio». El fiscal determinó, de acuerdo con esta información, que la conselleria «podría haber incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales», mientras que el juzgado ya ha tomado declaración como testigos durante la pasada semana a un inspector de trabajo y varios trabajadores del centro.
La Conselleria de Bienestar Social expresó hoy su «respaldo absoluto a la actuación del director territorial de Alicante, Alberto Martínez, y la del ex director del centro de menores».
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Alicante: El edil Ronda pide al PP que «cubra necesidades básicas» y no se ocupe de «deportes elitistas»
El portavoz de Deportes del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante y miembro del Patronato Municipal José Vicente Ronda pidió ayer al equipo de gobierno que «cubra las necesidades básicas de la ciudad», tanto en este área como en el resto, en vez de ocuparse de «deportes elitistas y escaparatistas» como la Volvo Ocean´s Race. De esta forma, el edil respondía a las declaraciones del concejal de Turismo, Andrés Llorens, sobre la desestimación del Gobierno de declarar la regata de «excepcional interés público», a pesar de que el portavoz municipal socialista, Manuel de Barros, también se pronunció el sábado al respecto.
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Alicante: La ratio de camas para enfermos crónicos cae un tercio en una década
La ratio de camas hospitalarias de larga estancia para personas mayores ha disminuido un tercio durante la última década en la provincia, según se desprende de comparar los datos del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CES) con las cifras de población. La demarcación alicantina tiene un único recinto para enfermos crónicos, el de San Vicente del Raspeig, que en 1997 tenía 149 camas funcionantes para dar cobertura a 207.914 mayores de 65 años, lo que daba una media de 0,72 camas por cada persona. En 2005, esta proporción se había reducido a sólo 0,48 camas, a causa del envejecimiento de la población y de que el citado hospital tenía 14 plazas menos que ocho años antes.
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