La actuación Zaplaníl de esta tarde, sumada a las ridículas respuestas dadas en Cuatro por un Rajoy que no se cree ni a sí mismo, deberían hacer reflexionar a las pocas cabezas pensantes que pueda haber en el PP, en el caso de que las hubiera, cosa que dudo.
Zaplana le dice a Rubalcaba que le conteste a él y no a otros... Oiga, moreno, dígame, usted ¿por qué pregunta lo que pregunta esta semana? ¿por inspiración divina o por inspiración Pedrojotesca? Tic, tac, tic, tac...
¿Qué calificativo merece un partido como el PP, que cree más en asesinos que en la justicia? ¿qué calificativo merece quién eleva a los altares a terroristas y pone en duda la labor judicial? ¿Se consideran ustedes a sí mismos demócratas? Pues háganselo mirar, creo que andan confundidos. ¿Están ustedes con Trashorras o con las fuerzas de seguridad? Sería interesante saberlo, para tener bien claro a quién tenemos enfrente.
Rajoy, en su entrevista con Gabilondo, se ha limitado a decir las mismas mentiras de siempre: Irak y el Líbano son la misma cosa, con ellos no había inmigración ilegal, Irak va bien, ellos siempre han estado dispuestos a pactar, ellos siempre han apoyado al gobierno en los asuntos de estado...
Mentiras y más mentiras. Rajoy tiene la desfachatez de presentarse ante Gabilondo y el mundo como un hombre de estado dispuesto a pactar con el gobierno desde el primer momento. Como tenemos memoria y raciocinio (él piensa que no) sabemos que quienes han roto toda posibilidad de diálogo y pacto desde el principio han sido ellos.
Rajoy tiene la desfachatez de afirmar que su partido no se ha dedicado a sembrar dudas sobre la autoría del 11 M ni sobre la intención de esclarecimiento del atentado por parte del actual gobierno. Rajoy vuelve a mentir, todos recordamos muy bien las intervenciones de Zaplana (quien no ha sido bautizado casualmente como "alomojó"), Ignacio del Burgo y el inefable Pujalte.
Haga un favor a este país, señor Rajoy: váyase.
Visto en 192 muertos- 192 mentiras
Video de la entrevista de Iñaki Gabilondo a Mariano Rajoy en cuatro
jueves, septiembre 14, 2006
¿Comienzo del fin de la burbuja inmobiliaria?
Primero exponemos una serie de datos del pasado cercano o del presente:
Sabemos que más de 100.000 empresas se dedican al sector inmobiliario en España (urbanoticias.com 09/06), que las sociedades dedicadas a la construcción son el 14% del sector empresarial español, que en nuestro país se ha urbanizado en el último decenio tanto como en toda la historia de España, que el 50% del litoral mediterráneo se encuentra urbanizado en la costa española, que en España se construye tanto como en Francia, Alemania e Italia juntos, que cada español debe cerca de 15.000 euros conforme a la deuda que tenemos contraída, que cada año tenemos que pagar cerca de 24.000 millones de euros solo en intereses a las distintas entidades prestatarias, que en el 2005 se han construido 800.000 viviendas y en el 2006 unas 650.000 (la república 09/06) cuando la población en los últimos 10 años tan solo ha crecido en 3.000.000 de habitantes, que de cada 10 viviendas se estima que 4 son adquiridas para inversores, que un piso medio de las grandes capitales ya se lleva cerca de 15 sueldos brutos anuales de un joven medio, que existen ya casi 4.000.000 de viviendas vacías y casi la mitad se encuentran en los grandes núcleos urbanos, que el 98% de los pisos de obra nueva se entregan con irregularidades o defectos de construcción (davidllada.blogspot.com 07/08/2006), que hasta mayo del 2006 se ha reducido la inversión extranjera en bienes inmuebles un 13.18% respecto al año pasado, que el año pasado se redujo un 16.72% (Expansión (versión escrita) 02/09/06).
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Sabemos que más de 100.000 empresas se dedican al sector inmobiliario en España (urbanoticias.com 09/06), que las sociedades dedicadas a la construcción son el 14% del sector empresarial español, que en nuestro país se ha urbanizado en el último decenio tanto como en toda la historia de España, que el 50% del litoral mediterráneo se encuentra urbanizado en la costa española, que en España se construye tanto como en Francia, Alemania e Italia juntos, que cada español debe cerca de 15.000 euros conforme a la deuda que tenemos contraída, que cada año tenemos que pagar cerca de 24.000 millones de euros solo en intereses a las distintas entidades prestatarias, que en el 2005 se han construido 800.000 viviendas y en el 2006 unas 650.000 (la república 09/06) cuando la población en los últimos 10 años tan solo ha crecido en 3.000.000 de habitantes, que de cada 10 viviendas se estima que 4 son adquiridas para inversores, que un piso medio de las grandes capitales ya se lleva cerca de 15 sueldos brutos anuales de un joven medio, que existen ya casi 4.000.000 de viviendas vacías y casi la mitad se encuentran en los grandes núcleos urbanos, que el 98% de los pisos de obra nueva se entregan con irregularidades o defectos de construcción (davidllada.blogspot.com 07/08/2006), que hasta mayo del 2006 se ha reducido la inversión extranjera en bienes inmuebles un 13.18% respecto al año pasado, que el año pasado se redujo un 16.72% (Expansión (versión escrita) 02/09/06).
Para los que consideran que esto nunca baja:
Sabemos que se produjo la explosión de la burbuja en Japón, donde a mucha gente le han robado el poder de elegir donde quieren vivir (ipunkrock.com 09/2006), sabemos que ha habido una bajada de los pisos en Sydney y en Shangai (gurusblog.com 08/2006) y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, organización que agrupa a los 30 países más desarrollados del planeta) detecta un descenso del precio de la vivienda en España (también en EEUU y en Francia). (consumer.es 05/2006), y en el Reino Unido parece que están ya empezando.
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Un estudio revela que el 79,7% de los apartamentos turísticos de Benidorm escapa al control del Consell
Un estudio elaborado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (Aptur) revela que el 79,7% de las plazas turísticas en Benidorm no están reguladas, es decir, el alquiler se realiza al margen de las normas y cánones impuestos por la Administración para esta actividad. Tan sólo 19.087 plazas de las 92.044 existentes y que no corresponden a viviendas principales (de habitantes habituales) figuran en el registro de la Generalitat. El informe constata que en el último año en toda la región han disminuido en 4.000 unidades las plazas reguladas.
El trabajo ha comparado el censo de viviendas con el padrón de la principal ciudad turística de la Comunidad Valenciana.El descenso de las plazas regladas, una tendencia contraria al incremento de segundas viviendas y pisos de alquiler, demuestra, según los empresarios, cómo se está cometiendo "un fraude tolerado por la Administración autonómica".
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El trabajo ha comparado el censo de viviendas con el padrón de la principal ciudad turística de la Comunidad Valenciana.El descenso de las plazas regladas, una tendencia contraria al incremento de segundas viviendas y pisos de alquiler, demuestra, según los empresarios, cómo se está cometiendo "un fraude tolerado por la Administración autonómica".
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Ibi: El Ayuntamiento tendría que pagar 18 millones por la paralización del Alamí
Miguel Ángel Agüera, portavoz municipal del gobierno del PP en Ibi, señaló ayer que la retirada de la condición de agente urbanizador a Las Generala y la paralización del proyecto de urbanización del Alamí le supondría al Ayuntamiento el pago de una indemnización mínima de 18 millones de euros. El dirigente popular indicó que la empresa tendría derecho a pedir esta compensación y señaló que los responsables de este gasto, en caso de producirse, serían los partidos de la oposición que han intentado paralizar el proyecto.
Dos días después del pleno en el que la oposición revocó el acuerdo sobre el Alamí, sigue abierta la polémica en torno a este proyecto de urbanización, que prevé la construcción de más de mil viviendas. Miguel Ángel Agüera insistía ayer en señalar las graves consecuencias económicas que podría tener para la corporación una posible paralización de esta iniciativa. El portavoz popular recordó que el convenio con la empresa La Generala esta aprobado en dos plenos y firmado. La marcha atrás, si se mantienen las teses de la oposición, obligaría a la empresa a recurrir a los tribunales y podría reclamar una indemnización que se situaría en torno a los 18 millones de euros, según estimaciones del PP. Esta dinero correspondería a la redacción del proyecto, a los intereses y al denominado lucro cesante; es decir el dinero que tenía previsto ganar la empresa y no ganará.
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Dos días después del pleno en el que la oposición revocó el acuerdo sobre el Alamí, sigue abierta la polémica en torno a este proyecto de urbanización, que prevé la construcción de más de mil viviendas. Miguel Ángel Agüera insistía ayer en señalar las graves consecuencias económicas que podría tener para la corporación una posible paralización de esta iniciativa. El portavoz popular recordó que el convenio con la empresa La Generala esta aprobado en dos plenos y firmado. La marcha atrás, si se mantienen las teses de la oposición, obligaría a la empresa a recurrir a los tribunales y podría reclamar una indemnización que se situaría en torno a los 18 millones de euros, según estimaciones del PP. Esta dinero correspondería a la redacción del proyecto, a los intereses y al denominado lucro cesante; es decir el dinero que tenía previsto ganar la empresa y no ganará.
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Orihuela: Medina pide prorrogar el plazo para entregar el PGOU a la juez
El alcalde José Manuel Medina ha solicitado al juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Orihuela número 4 una prórroga al plazo dispuesto para entregar la documentación del PGOU que le solicitó la juez Lidia María Paloma. La magistrada investiga la vinculación del alcalde con promotores a los que se les ha adjudicado planes urbanísticos y el disfrute de Medina de bienes a nombre de algunos de esos promotores; como un chalé en la costa, un automóvil Bentley y un Audi 8.
El nuevo plazo expira el próximo lunes. La titular del citado juzgado solicitó a Medina el pasado 29 de agosto que en un plazo de diez días aportara toda la documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela y sus modificaciones vigentes desde 1990.
Lidia Paloma solicitó también todos los expedientes investigados en la causa abierta por un presunto delito relativo a la ordenación del territorio en el que el alcalde oriolano fue a declarar como imputado: Asomadas Norte y Sur (Joaquín Grau) y Molino de la Ciudad, Tierras Nuevas I y II (San Antonio).
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El nuevo plazo expira el próximo lunes. La titular del citado juzgado solicitó a Medina el pasado 29 de agosto que en un plazo de diez días aportara toda la documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela y sus modificaciones vigentes desde 1990.
Lidia Paloma solicitó también todos los expedientes investigados en la causa abierta por un presunto delito relativo a la ordenación del territorio en el que el alcalde oriolano fue a declarar como imputado: Asomadas Norte y Sur (Joaquín Grau) y Molino de la Ciudad, Tierras Nuevas I y II (San Antonio).
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Un alga invasora amenaza los fondos marinos alicantinos
El Servicio Provincial de Costas de Alicante ha detectado esta semana en Torrevieja la presencia de un alga invasora que amenaza los fondos marinos de Alicante. La caulerpa racemosa es una especie que se expande con mucha rapidez y que elimina la posidonia. No obstante, desde Costas se han tomado soluciones con celeridad y ayer ya se envió una lancha para que tratara de erradicar la media docena de manchas que han aparecido en Torrevieja. Fuentes cercanas a Medio Ambiente confirmaron a este diario que ayer mismo ya se «quitó» una de ellas y que en los próximos días se procederá a eliminar el resto.«El biólogo del Ayuntamiento detectó esta alga muy cerca de la costa. Se ha pasado por la zona un par de días con cámaras submarinas, pero las manchas están antes de las boyas, es decir, en la zona de baño». Ayer, un equipo accedió por primera vez a esa parte del mar y comenzó los trabajos de erradicación.
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San Miguel de Salinas: El colectivo vecinal denuncia al alcalde en la Fiscalía por 11 presuntos delitos urbanísticos
La Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por once casos de presuntos delitos por irregularidades urbanísticas contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, en la que «podría ser autor de los hechos» el alcalde del PP, Ángel Sáez, y «otras personas».
Entre los asuntos más destacados, se pide la investigación de la actuación del «gobierno municipal que permite la construcción de un campo de golf en la finca de Lo Espartal con licencia para movimiento de tierras y construcción de vallado ilegal sobre suelo no urbanizable» y protegido, con la figura de Lugar de Interés Comunitario de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Además, en la relación de presuntas anomalías se encuentra lo que describen como «la acción municipal tendente a favorecer la apropiación privada de la rambla que atraviesa», un plan urbanístico ahora en construcción, el SUS-A, «Los Invernaderos». La rambla ocupa siete hectáreas con un valor de mercado de suelo urbano de 37 millones de euros y ha sido incluida en el cómputo de aprovechamiento del plan.
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Entre los asuntos más destacados, se pide la investigación de la actuación del «gobierno municipal que permite la construcción de un campo de golf en la finca de Lo Espartal con licencia para movimiento de tierras y construcción de vallado ilegal sobre suelo no urbanizable» y protegido, con la figura de Lugar de Interés Comunitario de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Además, en la relación de presuntas anomalías se encuentra lo que describen como «la acción municipal tendente a favorecer la apropiación privada de la rambla que atraviesa», un plan urbanístico ahora en construcción, el SUS-A, «Los Invernaderos». La rambla ocupa siete hectáreas con un valor de mercado de suelo urbano de 37 millones de euros y ha sido incluida en el cómputo de aprovechamiento del plan.
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San Vicente: Vecinos de El Tubo denuncian que polvo de una planta de Cemex contamina la zona
Tejados blanquecinos, coches sucios, árboles y plantas llenas de polvo y porches embarrados. Ese es el panorama urbano en el que viven unos cuarenta vecinos del barrio El Tubo en San Vicente del Raspeig. La situación les ha empujado a denunciar ante el Ayuntamiento lo que consideran una contaminación evidente de una zona residencial. El origen lo sitúan en una de las plantas que Cemex tiene en la localidad -Hormicemex- que está situada a escasos metros de unas viviendas.
Los vecinos se quejan del exceso de suciedad, que afecta sobre todo a la calle Córdoba, y exigen a la empresa que coloque filtros más precisos para evitar los vertidos a la atmósfera. Además piden a la alcaldesa, Luisa Pastor, que tome cartas en el asunto ante la negativa de la firma a solucionar la situación. «Nos dicen que no nos preocupemos, que van a intentar que no salga tanto y que los filtros vienen de fuera y no pueden cambiarlos todos los días», explica uno de los afectados.
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Los vecinos se quejan del exceso de suciedad, que afecta sobre todo a la calle Córdoba, y exigen a la empresa que coloque filtros más precisos para evitar los vertidos a la atmósfera. Además piden a la alcaldesa, Luisa Pastor, que tome cartas en el asunto ante la negativa de la firma a solucionar la situación. «Nos dicen que no nos preocupemos, que van a intentar que no salga tanto y que los filtros vienen de fuera y no pueden cambiarlos todos los días», explica uno de los afectados.
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Tocamos a un bar por cada 137 valencianos, más que los madrileños
No es para menos. Hay un bar o restaurante por cada 137 personas. En Alicante, la media baja hasta las 120 personas y en Valencia sube a 159.
Estamos un poco por encima de la media española (115 personas por bar), pero no tenemos que estar tan amontonados como los madrileños (170 por establecimiento) o los catalanes (143), según el Anuario económico 2006, de La Caixa.
En relación con 2004 (se publicó el anuario anterior), es en la población alicantina de Benijófar donde más ha crecido el número de bares de toda la Comunitat, un 211% (tienen 28 bares).
Por otra parte, los valencianos gastamos entre 129 y 134 euros al mes en comida (incluyendo tabaco, alcohol y bebidas no alcohólicas), por debajo de San Sebastián, con 172 euros al mes. En ropa y calzado, los alicantinos se dejan 495 euros al año y los valencianos, 435.
Visto en 20 minutos
Estamos un poco por encima de la media española (115 personas por bar), pero no tenemos que estar tan amontonados como los madrileños (170 por establecimiento) o los catalanes (143), según el Anuario económico 2006, de La Caixa.
En relación con 2004 (se publicó el anuario anterior), es en la población alicantina de Benijófar donde más ha crecido el número de bares de toda la Comunitat, un 211% (tienen 28 bares).
Por otra parte, los valencianos gastamos entre 129 y 134 euros al mes en comida (incluyendo tabaco, alcohol y bebidas no alcohólicas), por debajo de San Sebastián, con 172 euros al mes. En ropa y calzado, los alicantinos se dejan 495 euros al año y los valencianos, 435.
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El PP quiere jugar en casa
El anuncio de la presentación de la moción de censura le ha permitido a Ignasi Pla marcar la agenda política en este inicio de curso y ha descolocado al PP cuyo calendario, de aquí a las elecciones, estaba diseñado, fijado y establecido. El esquema que manejaban los populares era tan rígido que no contemplaba la aparición de elementos diferentes a los que ellos utilizaban. La primera respuesta a la iniciativa del líder socialista demostró hasta qué punto el desconcierto se había instalado en el Consell. Cuando Francisco Camps dijo aquello de "si pierdo yo, me iré; pero si pierde él que se vaya", cometió dos errores. Por un lado, colocó a Ignasi Pla a su mismo nivel institucional. De otro, el presidente ignoraba -o quería ignorar- que si perdía la votación (harto improbable) no se iba, más bien lo echaban; cosa que aún siendo parecida no es exactamente igual. Esa fue la primera señal de la confusión que se instaló en el PP.
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Hacienda multó al Ivex al no justificar los pagos a la empresa ligada a Julio Iglesias
La economía del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) salió doblemente fastidiada con los pagos a la empresa Midway International en relación con el concierto que Julio Iglesias ofreció en México DF, en abril de 1999, el que cerraba la gira de seis para promocionar presuntamente los productos valencianos en el mundo. Primero porque el IVEX pagó 980.321 dólares por la organización del espectáculo musical, cuando la firma irlandesa no gastó un centavo ni dedicó un segundo a aquel montaje, según se desprende de la documentación entregada recientemente por el ex delegado del organismo público en México, Vicente Sendra Aparisi. Pero, en segundo lugar, las cuentas del instituto ni siquiera tuvieron el alivio de beneficiarse de la preceptiva deducción fiscal por unos gastos que se hicieron dentro del capítulo de promoción exterior, exactamente la actividad que le es propia al IVEX. Porque los pagos se hicieron. Concretamente, en nueve cheques de Bancaja emitidos entre abril y mayo de 1999. Lo que no está nada claro es que esos pagos respondieran a servicios efectivamente prestados por Midway. Por eso, la Agencia Tributaria no aceptó que el IVEX se dedujera fiscalmente esos 980.321 dólares (cantidad equivalente a 163.413.345 pesetas al cambio de la época), por falta de justificantes que demostraran que los trabajos cobrados se hicieron.Sigue leyendo en Diario Información
Admitidos los recursos de La Mancha y Aragón contra el Estatuto valenciano
El Tribunal Constitucional acordó ayer admitir a trámite los recursos presentados por los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha contra el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según informa el propio TC. En concreto, los recursos cuestionan el artículo 20 de la nueva Carta Magna de la Comunidad, que reserva para los valencianos el derecho al agua de las cuencas excedentarias. Con la admisión a trámite, el alto Tribunal da traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Asimismo, traslada al Consell y a las Cortes de la Comunidad Valenciana la admisión a trámite para que puedan también presentar las alegaciones que entiendan oportunas. El Constitucional acordó asimismo publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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Asimismo, traslada al Consell y a las Cortes de la Comunidad Valenciana la admisión a trámite para que puedan también presentar las alegaciones que entiendan oportunas. El Constitucional acordó asimismo publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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