La corrupción se presenta a las elecciones

La corrupción política modificará las listas de candidatos de los principales partidos en los próximos comicios locales y autonómicos de 2007, pero no al completo. Al menos seis altos cargos públicos del PP, cuatro del PSOE y uno del PA mantienen su intención de repetir candidatura y continuar en el puesto que ocupan ahora y por el que están imputados en graves delitos relacionados con la corrupción.

Los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen en sus reglamentos internos medidas de regeneración que pasan por la expulsión o la suspensión de militancia para casos de corrupción política, aunque estas medidas quedan generalmente congeladas a la espera de que haya una condena firme, que en muchos casos tarda varios años.

Los socialistas mantienen que en sus listas no habrá rastro de políticos sobre los que recaiga una sospecha cierta de corrupción y han empezado por dar ejemplo en Murcia, donde algunos concejales o alcaldes han dejado su puesto. En cambio, el regidor de Carboneras, con una condena de seis meses, sí parece mantenerse como candidato en este municipio almeriense. En el PP las cosas no están tan claras y parece que algunos de sus principales dirigentes en la Comunidad Valenciana repetirán en las listas electorales pese a los graves casos de corrupción por los que están siendo investigados.

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Testigos usados por el PP y sus medios en la teoría conspirativa declaran al juez que les manipularon

La investigación judicial del 11-M ha profundizado en asuntos dudosos que fueron aireados en el Congreso por el PP haciéndose eco de informaciones de sus medios afines. El PP ha formulado cientos de preguntas al Gobierno planteando sospechas respecto a una conspiración policial en torno al 11-M. El juez, tras tomar declaración a muchos de los testigos utilizados por los citados medios para sostener sus informaciones, ha descubierto que, en muchos casos, su testimonio había sido manipulado. Así lo aseguraron al juez Juan del Olmo -y figura en el sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS- un portero de un bloque citado para demostrar que el Skoda del 11-M era una prueba manipulada, un testigo protegido y, también, los policías que revisaron la Renault Kangoo.

El sumario demuestra cómo el juez ha investigado las informaciones publicadas sobre todo por El Mundo en la serie sobre el 11-M "Los agujeros negros". Éstos son algunos ejemplos que figuran en el sumario sobre testigos que aseguran que sus declaraciones fueron manipuladas.

- "Le dije a 'El Mundo' que no era verdad lo que habían publicado".

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¡Qué trío!

Esto es una maravilla. Ojo a lo que ha dicho Camps, entrevistado en un periódico amigo: Si Zapatero reconociera que ya somos 4,6 millones, nadaríamos en la abundancia. Ésta es la respuesta del señor president cuando el periodista le pregunta sobre cómo se ataja la enorme deuda de la Comunidad Valenciana. Tiene fácil solución. Si el Estado reconoce que somos 4,6 millones, 700.000 valencianos más que en 1999, cuando se negoció el modelo de financiación, asunto resuelto. Como dice Camps, nadaríamos en la abundancia. ¡Ahí queda eso! Nada tiene que ver esta megadeuda con los derroches que el gobierno del PP valenciano, cuando Zaplana, lo mismo que ahora, con Camps, ha llevado a cabo. Nada tienen que ver con las facturas falsas del Ivex por importe de varios millones de euros que fueron transferido a paraísos fiscales cuando el contrato con Julio Iglesias, que iba a descubrir al mundo entero la existencia de la Comunidad Valenciana. Ya he dicho en otra ocasión que el maestro Padilla, con su pasodoble Valencia, ya había dado a conocer a todo el orbe la existencia de esta tierra. Y sin cobrar un duro del presupuesto público. Los millones que ganó por su pasodoble los percibió a través de los derechos de autor.

Tampoco tienen nada que ver los derroches en construcciones megalómanas, que siempre han superado en altos porcentajes su presupuesto inicial, en terras míticas, etc., etc. Nada de nada. Si el Estado quisiera, aquí en esta tierra nadaríamos en la abundancia. Cosa que uno no entiende. Porque si con el dinero del Estado que reclama Camps se pudiera pagar la deuda, ¿aún sobraría dinero para nadar en la abundancia?

¡Qué cosas hay que oír!

Y es que el president Camps es un cachondo. Le pregunta el periodista si cree que en la Acadèmia Valenciana de la Llengua se logrará un acuerdo y responde: "Creo que los académicos están realizando una labor excepcional. Si el conflicto es un conflicto de candidaturas en la AVL, es que hemos superado el conflicto de la lengua". ¡Olé los hombres con gracia y salero! Y digo que es un cachondo porque mientras dice estas cosas, sabe perfectamente que el presidente de la Diputación de Valencia no hace sino provocar y mantener vivo el conflicto. Don Fernando Giner acaba de montarnos una exposición en la que trata de demostrar que el valenciano procede de una lengua romance que ya se hablaba en esta Comunidad mucho antes de que don Jaime viniese a conquistarla acompañado de unos colonos catalanes. Y en la que pone verde a la AVL. Cuando el señor Camps, sabiendo lo que está haciendo el señor Giner, nos cuenta la milonga de que el conflicto de la lengua se ha superado "si sólo es un conflicto de candidaturas", ¿qué quiere decir?, ¿que nos toma por imbéciles a los valencianos?

Luego tenemos al ínclito señor Rajoy, que visita Valencia en actos de partido, y tiene la bondad de advertirnos a los ciudadanos de estas tierras que la Comunidad Valenciana no tiene nada que agradecerle a Zapatero. Gracias por la advertencia. Y uno se atreve a preguntar: ¿Y a Zaplana, por ejemplo? ¿Tenemos algo que agradecerle?

Porque a ese también hay que echarle de comer aparte. En ese paripé que se ha montado con el sindicato del crimen con el fin de poder demostrar que el atentado del 11-M fue obra de ETA en combinación con el PSOE -¡ojo que la cosa tiene tela!- declaraba este fin de semana que hay que comprometerse a investigar en el Parlamento. A pesar de que la justicia ya tiene abierto sumario para aclarar la autoría del desastre, el portavoz del PP en el Congreso se muestra partidario de que también el Parlamento investigue. Cosa que el PP de Valencia no admite. Unos diputados del PSPV que acudieron al Ivex para recabar documentación sobre el caso del pago de facturas falsas en el contrato con Julio Iglesias, fueron despachados con el argumento de que cuando un caso está en manos de la Justicia, el PP se opone a que se abra una investigación paralela en el Parlamento. ¡Vaya por Dios! Y Zaplana sin enterarse. Pero Zaplana podría ayudar a la Justicia presentándose en el juzgado de Valencia en el que se tramita el caso de las facturas falsas y el dinero que voló a paraísos fiscales, para aclararlo y explicarlo mejor que nadie, dado que esto sucedió cuando él era presidente de nuestra Generalitat, y nada se hizo en el negocio con Julio Iglesias que él no diese su consentimiento. A ver si es verdad y el señor Zaplana tiene un detalle de político demócrata y ciudadano honorable.

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Un juez autoriza que Ortiz y Ballester urbanicen juntos un PAI en Benidorm

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante estima legal la cesión de la condición de agente urbanizador del Plan Parcial 1/1 Armanello, en Benidorm, de Ortiz e Hijos a una sociedad que éste comparte con Andrés Ballester, denominada Armanello Milenium S.L. El magistrado ha desestimado el recurso interpuesto por un pequeño grupo afectado de propietarios contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Benidorm que aceptó la petición formulada por el urbanizador de este PAI de cerca de 600.000 metros cuadrados y 4.300 viviendas de lujo.

Está en juego la urbanización de la última zona de huerta de Benidorm. Sin embargo, los promotores no podrán iniciar las obras por la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de julio de 2005 que ordena la suspensión cautelar por la existencia de una investigación en los juzgados de Benidorm por presunto delito de estafa o maquinaciones fraudulentas para alterar el precio de las cosas.

Armanello Milenium S.L., creada en 2002, está conformada por dos sociedades: la mitad del accionariado de Enrique Ortiz a través de una de sus sociedades, Inmovist, y la otra mitad pertenece a la mercantil Urbanismo Mare Nostrum (participada por Ballester). Se da la circunstancia que esta última también concurrió al concurso de adjudicación del plan, pero se retiró tras alcanzar un acuerdo con Ortiz. Ahora el juez avala la operación. El magistrado que ha desestimado el recurso en el que se pedía la impugnación del acuerdo plenario, Ricardo Estévez, entiende que "la cesión no ha supuesto variación alguna de las condiciones jurídico-económicas a las que venía sometida la adjudicación al primitivo Urbanizador, y el cesionario ha prestado aval en los términos exigidos por la LRAU".

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Sobredosis de ladrillo en Albaida

El cambio de un artículo y la firma de un convenio han revolucionado el panorama urbanístico de Albaida. La población acordó por consenso hace tres años que el suelo urbanizable del municipio crecería en los próximos 25 o 30 años (la esperanza de vida del Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU) 110.000 metros cuadrados. El actual alcalde, Juan José Beneyto, del PP, sin embargo, decidió en mayo aceptar la oferta de una empresa para comenzar a urbanizar de inmediato 2,1 millones de metros cuadrados. Espacio de sobra para alojar un campo de golf, un macrocomplejo para la tercera edad y cerca de 1.500 nuevas viviendas. En cinco años, la población de Albaida crecerá un 75%; pasará de 6.000 a 10.500 habitantes. La Consejería de Territorio acaba de darle su bendición.

La oposición rechaza el Programa de Actuación Integrada (PAI). Y el Gobierno ha recurrido el convenio firmado por el Ayuntamiento y la empresa Alter S.A. para llevarlo a cabo. El brusco incremento demográfico que conllevará es sólo uno de los argumentos sostenidos por el PSPV y el Bloc contra el plan del alcalde Beneyto. Consideran, además, que la modificación, a última hora, de un artículo del PGOU (el 1.3 de las directrices generales) abre la puerta a la urbanización de todo el término municipal. Nada menos que 35 kilómetros cuadrados. Ven también irregularidades administrativas y un posible delito en el acuerdo municipal con Alter S.A. El mismo que ha recurrido el abogado del Estado.

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El Consell ignora las críticas al impacto de la ampliación del puerto de Valencia

El puerto de Valencia espera iniciar el año que viene una ampliación de sus instalaciones que doblará la superficie actual de contenedores y adentrará sus diques dos kilómetros más en el mar. El proyecto suscita el rechazo de expertos, socialistas, EU-L'Entesa, las asociaciones de vecinos de Valencia y los ecologistas, entre otras razones, por su fuerte impacto ambiental sobre las playas de la ciudad y la cercanía del parque natural de L'Albufera. El puerto minimiza este impacto y asegura que con medidas correctoras es asumible. El Consell, ausente del debate, guarda silencio. El Ministerio de Medio Ambiente ultima la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto, que determinará si es necesario modificarlo o basta con aplicar medidas correctoras, como sostiene la Autoridad Portuaria de Valencia, que tiene prisa y ya ha abierto las plicas de las ofertas para la asistencia técnica de la redacción de la obra, un paso que los socialistas creen irregular mientras no se pronuncie el Gobierno.

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El agua del Turia alcanza niveles peligrosos de nitratos que comprometen su potabilidad

En el tramo del río Turia entre Vilamarxant y Riba-roja, las concentraciones de nitratos debido a su uso en la agricultura «se acercan peligrosamente y llegan, con alguna frecuencia, al límite máximo de 50 miligramos por litro establecido para las aguas potables de consumo público, comprometiendo de esta manera la aptitud de las aguas para dicho uso». Además, el curso del río antes de la estación potabilizadora de Manises, que suministra agua potable a Valencia y su área metropolitana, recibe «vertidos de aguas residuales, esporádicos y ocasionales con altas cargas orgánicas (cada dos meses y habitualmente nocturnos)» que incrementan la turbidez del agua y la presencia de «solidos en suspensión, fenoles, fósforo, amonio y coliformes» que las hacen «inapropiadas para la potabilización y obligan a suspender la captación de aguas» en Manises «durante dichos episodios».


Este diagnóstico sobre la calidad de las aguas del Turia lo ha realizado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el estudio informativo del Parque Fluvial del Turia que ejecutarán la CHJ y la Conselleria de Territorio y que prevé recuperar el curso del río desde Vilamarxant hasta Valencia mediante una inversión de 13,9 millones de euros. El estudio, que salió a información pública en mayo, localiza los vertidos que se vierten al Turia y analiza los sedimentos depositados en el lecho del río para «proponer medidas correctoras tales como biorremediación o dragado».

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La LUV, el transporte escolar y el parque de ocio de Paterna siguen pendientes del examen de la UE

Clara Pinar, Bruselas corresponsal

La Comisión Europea inició este mes de septiembre el nuevo curso político con numerosos expedientes encima de la mesa, entre los que también se encuentran los procedimientos de infracción que inició el pasado mes de mayo contra las provisiones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y las condiciones en las que se adjudicaron contratos para el transporte escolar en Valencia, así como relacionados con presuntas irregularidades registradas en la gestión de aguas urbanas, particularmente en la construcción de un parque de ocio en Paterna. Estos casos se han ido abriendo progresivamente desde principios de este año y, desde entonces, las autoridades comunitarias han demandado más información sobre ellos al Gobierno español que, como es habitual, ha sido sometida a estudio en Bruselas. La próxima fecha clave será la reunión que celebrarán los 25 comisarios a mediados del mes de octubre.
Por lo que respecta a los casos valencianos, la decisión consistirá en si, a la luz de la información y facilitada por España, la Comisión da por buenas las explicaciones sobre sus dudas y cierra los casos o si, por el contrario, cree que éstas no son suficientes y decide emprender un segundo paso en el procedimiento de infracción en el que ya no pedirá datos, sino que se modifiquen aspectos concretos que actualmente vulneran la legislación comunitaria. El tercer y último paso sería la denuncia de España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la ley . Tanto la demanda de información como eventuales posteriores recomendaciones y, en último caso, denuncia judicial, se dirigen al Gobierno central, puesto que la Comisión sólo mantiene este tipo de contactos con los Estados miembros de la UE. No obstante, como España tiene estas competencias transferidas, la responsable de responder y de modificar sus normas sería la Generalitat.

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Territorio permite construir un chalet dentro del Parque Natural de La Mata

El «silencio administrativo» del Servicio Territorial de Urbanismo y Ordenación Territorio ha ocasionado el inicio de la construcción de una vivienda situada en suelo no urbanizable dentro del área de protección del Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja, sito en el término municipal de Guardamar del Segura.

A pesar de que la construcción se sitúa en el perímetro de 500 metros de protección del Parque Natural, la Conselleria no pone traba o impedimento alguno a la misma, según diversos documentos a los que ha tenido acceso este medio.

Un documento del 20 de noviembre de 2002, firmado por el director general de Urbanismo, señala que en el presente caso «se ha producido el silencio positivo» de la solicitud presentada el 21 de mayo de 2002 en el Servicio Territorial de autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar en la partida Lomas del Polo, paraje Las Palmeras. El silencio positivo es razonado en el escrito en base a la Ley 4/1992 de la Generalitat Valenciana sobre el Suelo No Urbanizable.

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Vecinos, ecologistas y oposición rechazan el nuevo Puertoamor

Vecinos, ecologistas y dirigentes políticos de la oposición municipal critican la falta de decisión de todas las administraciones, tanto locales, autonómicas y nacionales, para impedir la construcción de la instalación náutica de La Albufereta promovida por la mercantil Gestión de Puertos Deportivos y el empresario Juan Ignacio Otamendi. Casi tres décadas después de que el proyecto conocido como Puertoamor recibiera luz verde en el Consejo de Ministros, la concesionaria reiniciará las obras en el plazo de un mes ante la falta de respuesta oficial y el riesgo de perder las indemnizaciones. Los vecinos no entienden cómo puede emerger ahora este proyecto desde las profundidades del tiempo. El vicepresidente de la asociación de vecinos de La Albufereta «Playa Blanca», Ernesto Jarabo, cree que «la cosa no puede ir en serio». «No entiendo que unas personas puedan comenzar unas obras sin que la otra parte haya dicho nada». El portavoz vecinal sospecha que «este interés por iniciar ahora las obras puede ser por conseguir la indemnización que piden -42 millones de euros-», aunque señala que «habría que descontarle los desperfectos que han ocasionado a la playa los espigones puestos desde hace tantos años».

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El servicio del Psiquiátrico que Sanidad sigue sin asumir cuesta 3,6 millones a la Diputación

El retraso en la aplicación del acuerdo pendiente de formalizar entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana para transferir la gestión del servicio de Salud Mental del Psiquiátrico, supone para la institución provincial un gasto anual de 3.654.801,24 euros. Tal y como aseguró en el pleno de octubre del año pasado Ana Kringe, responsable de Salud Mental de la Diputación, esta cantidad debía asumirla desde enero de este año la Conselleria de Sanidad, a raíz de la ejecución de un convenio que, sin embargo, aún no se ha suscrito. De modo que mientras la Diputación de Valencia ya traspasó a Sanidad el mantenimiento de este servicio, en Alicante el acuerdo no termina de concretarse.

Lejos de culpar a la Generalitat, fuentes sindicales de la institución provincial apuntan a la lentitud del proceso negociador iniciado por la Diputación con sus trabajadores. El equipo de gobierno del PP ha optado por respetar el derecho de libre elección de los empleados para que decidan si prefieren depender de la Administración provincial o la autonómica. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que las reuniones están «atascadas y escasean».

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El Consell incumple su propia ley al modificar departamentos sanitarios

La Generalitat está incumpliendo su propia legislación al prever la alteración de varios departamentos sanitarios como consecuencia de la construcción de nuevos hospitales. La Ley 3/2003, de Ordenación Sanitaria, establece que el Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana debe «conocer e informar de las propuestas de modificación territorial» de estas demarcaciones, algo que no se ha producido en los casos de las instalaciones previstas en Torrevieja y Elche.

La misma normativa exige que este organismo se reúna «como mínimo cada seis meses» y sea también informado de «los convenios, acuerdos o conciertos que establezca la Conselleria de Sanidad» en asuntos sanitarios. La no convocatoria del Consejo en el último medio año impide que se le haya podido comunicar la alteración de los departamentos sanitarios 18 y 20 para la creación del segundo hospital ilicitano. Asimismo, tampoco se efectuó este paso en el caso de Torrevieja, ni tampoco cuando se anunció la construcción del nuevo hospital de gestión indirecta de Dénia, que asumirá todo el departamento 13 sin alterar sus límites.

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