El PP valenciano tuvo que rendirse a la evidencia de que la corrupción era su Talón de Aquiles y, muy probablemente, su mortaja política. De esto hace ya algún tiempo, años quizá, pero sólo han pasado seis meses desde que trató de taponar esa brecha por la que se le escurría el crédito electoral. Y para ello no sentó la mano a los transgresores y desvergonzados que se amparaban bajo sus siglas, como cabía esperar de quienes se habían pavoneado de contar con un Código Ético. Nada de eso. Antes que poner orden en su propia casa, trataron de centrifugar la porquería y alumbrar posibles chanchullos y maldades en los partidos de la oposición, poniendo el énfasis en una veintena de alcaldes socialistas, más o menos involucrados en alguna irregularidad justiciable.
No ha debido ser mucho el avío delictivo que han encontrado en este despliegue político por los "bajos fondos y juicios paralelos", en atinada descripción del vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa. Prueba de ello es que la orla de escándalos político-judiciales y rutilantes sospechas sigue prácticamente acaparada en esta autonomía por ediles y altos cargos del partido conservador. Quizá se deba a la ojeriza y distinta vara de medir que los fiscales valencianos aplican, como el PP proclama, pero lo cierto es que entre la corrupción y este partido se ha establecido una simbiosis que con el tiempo se acentúa y que únicamente se resolverá ante los tribunales, si antes no se produce un rosario de expiaciones y dimisiones.
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