viernes, octubre 20, 2006

Los amos del mundo

Primer capítulo de Voces contra la globalización ¿otro mundo es posible?.




otromundoesposible.com

La Vila modifica la edificabilidad de una parcela para legalizar el hotel Elbim

El Pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó ayer el Plan de Reforma Interior (PRI) de la zona conocida como Hort de Lau, en la que se ubica el hotel Elbim, un edificio en construcción en primera línea de la playa. El PRI otorga a la parcela una bonificación urbanística por su uso hotelero, lo que significa que el exceso de edificabilidad por el que lleva siete años paralizado será legalizado y no se ejecutará el decreto de demolición del alcalde. El establecimiento tendrá que compensar al municipio con 539 metros cuadrados de techo o su valor económico, estimado en 227.512 euros.

El caso es similar al del hotel Atrium Beach, aunque en este caso los cuatro partidos políticos votaron a favor del PRI, y además de no demoler, no se prevé la aplicación de ninguna sanción. El hotel Elbim está ubicado en pleno centro y sus obras se iniciaron con la confianza de sus promotores de que la Generalitat otorgaría bonificaciones urbanísticas por la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas en la costa. Es el caso de los hoteles Atrium o Elbim en La Vila, el Kaktus Albir en L'Alfàs del Pi y otros quince establecimientos de Benidorm. Finalmente esta medida, conocida como "premio hotelero" fue otorgada en exclusiva a Benidorm.

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El Elbim tendrá que pedir nueva licencia de obra para el hotel

El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó ayer por unanimidad el Plan de Reforma Interior (PRI) para iniciar la restitución de la legalidad urbanística del hotel Elbim. El hotel está ubicado en primera línea de la playa Centro, en la partida Hort de Lau.

Las obras de edificación de esta infraestructura fueron paralizadas a través de un decreto de Alcaldía en 1998, a causa de un exceso de edificabilidad detectado. Desde entonces, el edificio, alzado en esqueleto de hierros, hormigón y ladrillo, se ha mantenido paralizado, según fuentes municipales.

El alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, manifestó que el paso dado ayer en el pleno «nos abre la puerta a la posibilidad de contemplar la licencia en el futuro, siempre que los pasos se adapten a lo que dice el PRIM. Además, con la aprobación del PRIM finaliza una etapa desagradable y se abre la posibilidad de que exista un hotel en primera línea de playa». Sin embargo, el grupo municipal socialista de La Vila Joiosa lamentó, respecto a la aprobación plenaria del PRI del Elbim, que estuviese siete años «la obra parada y creando un problema que hubiera requerido mayor diligencia por parte del Ayuntamiento», según aseveró el concejal Gaspar Lloret Valenzuela.

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Territorio restringirá el acceso al Montgó al constatar que 1.000 personas lo visitan al día

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural del Montgó, que la Conselleria de Territorio quiere aprobar en poco más de un mes, establecerá límites a la capacidad de carga del espacio protegido, es decir, se fijará un tope máximo a la concertación de visitas. El dato lo avanzaron ayer técnicos de la conselleria durante la reunión de la Junta Rectora del parque que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Dénia, y a raíz de la preocupación expresada por algunos de sus miembros ante el espectacular incremento de las visitas que desvela un estudio cuyos resultados dio a conocer la directora del parque natural, Inma Vidal.

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La presa de la Rambla de Gallinera dañará el pozo de l´Atzúvia y de las nuevas urbanizaciones

Propietarios, agricultores y el alcalde de l´Atzúvia, Manuel Reig, del PP, no dan crédito a los daños «irreversibles» que padecerá el municipio cuando el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa Aquamed ejecuten las obras del proyecto de laminación y drenaje de la Rambla de Gallinera. La iniciativa tiene como finalidad evitar las avenidas de agua que afectan al barrio de Sant Francesc, de la vecina población de Oliva en el caso de lluvias torrenciales así como las inundaciones en la N-332. Y para ello, el proyecto contempla la construcción de una presa de 128 metros por 20 de planta que convertirá en inundables dos partidas rurales de l´Atzúvia: Ainer y Carrasca.

La infraestructura afectará a cerca de 50 hectáreas del termino municipal de l´Atzúvia, dedicadas a la agricultura. Pero, además, la presa se ubicará en una superficie estratégica, ya que en la zona está el pozo de l´Ainer, que suministra agua potable tanto al núcleo de población de l´Atzúvia como al de Forna y prevé hacerlo también a las futuras urbanizaciones aprobadas provisionalmente. Cabe recordar que el PP aprobó tres PAI que supondrán 2.000 nuevas viviendas. En las partidas afectadas también se ubica un motor de riego con el que se abastece a los campos de l´Atzúvia y también de parte de Pego.

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Alcoy: Denuncian que los vertederos de inertes en canteras pueden contaminar Mariola

La colla ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció denunció ayer la intención del equipo de gobierno de Alcoy de ubicar dos vertederos de inertes en sendas canteras abandonadas del parque natural de la sierra Mariola, y alertó de los riesgos de contaminación de estas instalaciones.

Según manifestó a EFE el portavoz de los ecologistas, Tirs Llorens, los vertederos proyectados en estos puntos no contendrán únicamente inertes (cascotes) sino que también podrían albergar materiales y sustancias tóxicas derivadas de los derribos y las construcciones.

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Alicante: El Consell descarta la moratoria por el rechazo de la oposición a la ley del golf

La posibilidad de que el Consell asuma una moratoria en la construcción de campos de golf hasta contar con un plan estratégico que fije cuántos hacen falta y dónde se evaporó ayer, tan sólo 24 horas después de que la ofreciera el conseller de Territorio, Esteban González Pons. Momentos después de que el PP rechazara en las Cortes la enmienda a la totalidad del PSPV al proyecto de ley reguladora de estas instalaciones, González Pons dio por descartado un acuerdo con EU y, por tanto, la moratoria ante las críticas a la ley de la oposición. «A una oferta de diálogo generosa le ha correspondido una retahíla de improperios, insinuaciones, amenazas y calificativos que si yo siguiera manteniendo la mano tendida y la sonrisa de quien busca el diálogo sincero quedaría un poco de canelo», dijo

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El juzgado archiva la denuncia por construir más de un millar de viviendas ilegales en Catral

El Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela ha sobreseído provisionalmente la causa abierta tras la denuncia de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) contra el alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez (PSOE), por la construcción de más de 1.200 viviendas ilegales.
Según el auto dictado por la titular de este juzgado, Natividad Navarro, «de las diligencias de investigación practicadas» contra el alcalde y varios concejales socialistas del equipo de gobierno «no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa». Por ello, la juez determina el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
El presidente de AECU, Honorio Fernández, informó de que su asociación presentó ayer mismo un recurso de reforma contra el auto, emitido con fecha del 27 de septiembre de 2006, aunque su asociación lo recibió el pasado lunes.
Subrayó que esta decisión judicial se produjo una semana antes de que el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunciara -el pasado 3 de octubre- que la Generalitat asumía las competencias urbanísticas de Catral por la «relajación del Ayuntamiento» en la proliferación de unas 1.270 viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido.

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Santa Pola: EU critica que las obras denunciadas por vecinos comenzarán sin el nuevo Plan

Esquerra Unida (EU) considera que las obras que los vecinos denunciaron ante la Conselleria y el Síndic por sobrepasar las alturas permitidas en la normativa urbanística vigente no debían de haberse realizado antes de la aprobación del nuevo Plan General. Las construcciones estaban contempladas en un convenio entre el Ayuntamiento y las empresas propietarias de las parcelas, tal y como informó este diario el pasado miércoles, y EU señala que a través del acta del pleno donde se aprobó uno de los acuerdos se puede comprobar que era condición necesaria que antes entrara en vigor el nuevo Plan General.

Mediante el convenio que señala EU el Ayuntamiento adquiere por permuta un terreno colindante al nuevo edificio de la Policía Local para poder realizar el Depósito Municipal de Vehículos. A cambio, el Consistorio ofrece un incremento de edificabilidad, de casi dos mil metros cuadrados, a la empresa propietaria en otra de sus parcelas, la situada en la calle del Mar, donde ahora están construyendo uno de los bloques denunciados.

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Elda: IU denuncia que el nuevo proyecto en Las Cañadas es ilegal al no pasar por pleno

El concejal de IU de Elda, Domingo Orgilés, afirmó ayer que el nuevo proyecto del campo de golf de Las Cañadas es «ilegal», ya que éste «no ha pasado por pleno pese a que ha cambiado sustancialmente» y tampoco «ha sido informado por los técnicos municipales como es preceptivo. Es lamentable que este Ayuntamiento esté sometido a dos empresas privadas, que lo único que pretenden en especular y el beneficio cuanto mayor sea mejor. No defienden el interés general, sino el particular. Carece de seriedad y de rigor. Tenemos otro proyecto que va a estar estancado, como la Jaud o la Ciudad del Fútbol. Es la tercera modificación que se hace. Todo se hace ilegal y por eso los proyectos no salen».

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Derecho urbanístico valenciano

La celebración del II Congreso de la Abogacía Valenciana en Castelló este fin de semana nos permite debatir nuevas ideas relacionadas con la profesión y el derecho. Una aportación a la reflexión es nuestra ponencia sobre el derecho urbanístico valenciano, base de esta reflexión.

No puede caber ninguna duda que el vuelco que se ha producido en la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana, con la derogación de la LRAU y la aprobación de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Decreto 67/2006, de 12 de mayo) ha sido consecuencia del Dictamen Motivado de la Comisión de las Comunidades Europeas de 13 de Diciembre de 2005. Dos dudas nos plantea el referido Dictamen motivado de la Comisión, a primera vista, sin ni siquiera entrar en el fondo del mismo; a saber:

a).- La competencia orgánica; es decir, cuál es el órgano competente para verificar si un Estado miembro ha incumplido o no una Directiva, pudiendo llegar a la conclusión de que el órgano competente para su conocimiento es el TJCE, sin que, a fecha de hoy, exista ninguna reclamación ante este órgano.

b).- La competencia material, es decir, en qué medida, la actuación de la UE no se puede considerar una injerencia en una competencia que no sólo no corresponde a la Comunidad Europea, sino que ni tan siquiera al Estado, cual es el Urbanismo.

Desde este punto de partida, en cuanto al fondo de la cuestión, es decir, si la legislación urbanística valenciana se ajusta o no a las Directivas comunitarias que en materia de contratación pública se dictaron por la UE, no hay más que echar un vistazo a las recientes sentencias del TJCE, todas ellas recaídas sobre cuestiones referidas a Contratos de Ejecución de una Obra pública, -incluso la del Teatro alla Bicoca- y resuelven cuestiones relativas a la legislación de contratos.

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La oposición en Riba-roja espera que los jueces "frenen la especulación" del PP

El gobierno municipal del PP en Riba-roja, dirigido por Francisco Tarazona, propicia "operaciones urbanísticas de dudosa legalidad" y al margen del plan general urbano que aprobó en 1997, con la reclasificación de miles de metros cuadrados de suelo rústico en residencial. Así lo denunció ayer de nuevo desde la oposición el grupo municipal socialista, que ha presentado una querella contra Tarazona y dos concejales más, ambos sobrinos del alcalde, por la principal operación urbanística, el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos, donde el Valencia CF construirá su nueva ciudad deportiva y 2.700 viviendas.

La querella por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada describe un amplio entramado de intereses urbanísticos e inmobiliarios vinculados al alcalde y su entorno familiar, que han comprado suelo en la zona de expansión de Porxinos, pendiente de varios PAI en trámite.

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Escándalo Tres Cantos: "Aquí tiene que estar Romero de Tejada (...) Huele que da pena, todo el mundo se va a forrar y yo no"

El ex concejal del PP en Tres Cantos (Madrid) Antonio Reino Cortés amagó en septiembre de 2004 con fugarse al grupo mixto y votar contra un plan del Gobierno municipal -que comparten los populares con Tres Cantos Unido- para ceder la gestión del Plan General de la localidad a la empresa privada FCC. Reino Cortés no llegó a fugarse al grupo mixto, pero dimitió como concejal antes de que se aprobase la adjudicación a favor de FCC. En conversaciones mantenidas por el propio Reino Cortés, destapaba sus sospechas de corrupción en el contrato urbanístico que decidía el futuro de Tres Cantos. Este periódico confirmó ayer con el propio Reino Cortés que las grabaciones que se publican en estas páginas corresponden a las cosas que dijo entonces.

El pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos lo integraban 21 concejales, 11 del Gobierno municipal, que compartían Tres Cantos Unido y el PP, y 10 de la oposición. El 7 de mayo de 2003, la Comunidad aprobó el nuevo Plan General de Tres Cantos, donde se establecían los crecimientos de la ciudad para levantar 4.500 viviendas. La previsión del Gobierno municipal era que un consorcio público gestionase el desarrollo del plan mediante la expropiación de los terrenos por los que iba a crecer el municipio y mediante acuerdos con los propietarios de los mismos.

Grabaciones a un ex concejal del PP de Tres Cantos (I)

Grabaciones a un ex concejal del PP de Tres Cantos (II)

Grabaciones a un ex concejal del PP de Tres Cantos (III)

Grabaciones a un ex concejal del PP de Tres Cantos (IV)

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La fiscalía investiga al Gobierno de Murcia por un 'pelotazo' de 75 millones de euros

El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. Según la investigación del fiscal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. La fiscalía ha abierto diligencias también por la recalificación de otro terreno protegido en cuya compra intermedió el cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca.

La finca La Zerrichera está en un lugar privilegiado: cerca del Mediterráneo y de una sierra protegida y junto a la futura autovía Cartagena-Vera. El concejal del PP de Águilas José López compró junto a otros empresarios el suelo en 2004. Pocos meses después, el 15 de septiembre de 2004, vendió al promotor Trinitario Casanova. El concejal ganó 1,2 millones de euros y el constructor pagó 30 millones de euros por toda la finca. Entonces, las 240 hectáreas de suelo estaban calificadas como rústicas y un tercio estaba protegido por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves.

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Los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos ingresaron 916.000 euros en un banco andorrano

La Unidad Central de Información de Andorra comunicó hace días al Servicio para la Prevención y el Blanqueo de Capitales del Banco de España una sospechosa operación monetaria cuyos protagonistas eran Pedro Torrejón, el dimitido alcalde de Ciempozuelos (Madrid), y Joaquín Tejeiro, ex regidor de esta localidad entre 1991 y 1995, ambos socialistas. Torrejón, según esa información, ingresó 800.000 euros, y Tejeiro los 116.000 restantes, cantidades que superan con creces los ingresos profesionales de ambos. La Fiscalía Anticorrupción decidió hace algunos días abrir una investigación sobre este caso. El PSOE obligó a su alcalde en Ciempozuelos a dimitir tras conocer irregularidades en el plan urbanístico, que prevé una recalificación masiva de suelo para viviendas.

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