jueves, octubre 05, 2006

Cayuquero, mi amor: Emigrantes españoles, el pasado de un drama actual


Qué...

Emigración española. En Venezuela habitan hoy 126.000 españoles, la mayoría de origen canario o gallego (el 54% regresaron). Sólo entre 1948-1950, unos 12.000 canarios emigraron. Entre 1900 y 1913, 180.000 emigrantes españoles zarparon al año.

Quién...

Por comunidades. Los gallegos, canarios, vascos, catalanes y andaluces fueron los que más emigraron.

Cómo...

Varias vías. Dependió de la época, y de las leyes migratorias. Hubo cargamentos clandestinos, embarcados en alta mar, o en los puertos de Burdeos, Lisboa, Marsella o Gibraltar, lugares más permisivos. También hubo inmigrantes que viajaron de modo legal, acudiendo a las propuestas de empleo.

Por qué...

Hambre y riquezas. Emigraron por la miseria reinante en el país, o siguiendo a los reclutadores latinoamericanos que prometían riqueza, o a sus propios familiares por sus cartas.

"Júrame que no morirás", le dijo, siendo niña, Blanca Azcona a su padre, Paco. "Miénteme, dime que estaremos siempre juntos, unidos, como eternos Don Quijote y Sancho Panza", susurró con cálido acento venezolano. Paco Azcona, su "papá", ‘incumplió’ la promesa, y murió a la edad de 76 años. ¿Acaso podía cumplirla?

En su entierro, en el municipio venezolano de Guarena, sonó el segundo himno de aquel país: Alma llanera. Y cuando la tierra que le había acogido cayó sobre el féretro, sus hijos improvisaron una isa canaria, su última voluntad: "Palmero sube a la Palma…"

De su memoria sobreviven los recuerdos de sus tres hijos (Blanca, Raquel y Jesús). Y de su historia, una cinta de casette en la que narró el calamitoso viaje.

(...)

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El PGOU de Finestrat prevé elevar su población de 5.000 a 50.000 personas

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Finestrat contempla un incremento poblacional que supondrá un aumento de 5.000 a 50.000 habitantes, según denunció ayer el grupo municipal popular de la localidad.

El Plan General se encuentra ahora en el periodo de resolución de alegaciones, tras finalizar la exposición pública del concierto previo. La resolución de las alegaciones podría elevarse a la sesión plenaria de octubre para su debate por los miembros de la corporación municipal.

Los «populares» explicaron que Finestrat tiene más de veinte planes parciales en tramitación en base a las normas subsidiarias vigentes, dos planes parciales presentados sobre suelo rústico y otros siete previstos en el concierto previo.

Además, los populares destacaron la intención socialista de ampliar en más del doble el casco urbano de Finestrat, pasando de 59.000 a 112.000 metros cuadrados. Esto supone, según los «populares», que toda la huerta del entorno municipal, donde se ubica el mayor número de las casas de campo de los vecinos, se vea afectada pasando sus fincas a ser suelo urbanizable.

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Orxeta: El Xoriguer denuncia que toneladas de vertidos de áridos han soterrado un cauce

El grupo ecologista de El Xoriguer denunció ayer que toneladas de vertidos de áridos han soterrado estas últimas semanas un cauce, que es afluente del río Amadorio, situado en el término municipal de Orxeta, concretamente en las inmediaciones del cruce de Relleu de la carretera comarcal y enfrente del antiguo vertedero de Orxeta.

Según los ecologistas, el vaciado repetitivo de los camiones ocasionó que, en la zona, se hayan depositado gran cantidad de toneladas de áridos de diferente granulometría hasta soterrar un cauce de 300 metros de longitud, 20 metros de profundidad y 40 de anchura, invadiendo el dominio público hidráulico. Estos áridos, por su composición, color, y textura, «nos demuestran que proceden del termino municipal de Orxeta, concretamente de las obras que se están realizando frente a la finca denominada La Ilicitana y en el paraje conocido como El Collao», apuntó el grupo ecologista. Los depósitos de áridos tuvieron lugar sobre antiguos cultivos y «muy probablemente en antiguas canteras de yeso rojo de edad triásica, en un suelo catalogado como rústico no urbanizable forestal y sin poseer autorización ni por parte de la Conselleria de Medio Ambiente ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)».

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Planes inicia la construcción de 295 chalés junto al pantano

Las obras de la urbanización del Mas de la Foia, en término municipal de Planes, ya han dado comienzo. El proyecto contempla la construcción de 295 chalés en las proximidades del pantano de Beniarrés, a través de una inversión cercana a los ocho millones de euros. La superficie afectada es de 500.000 metros cuadrados, un 40% de la cual estará ocupada por zonas verdes.

Tal y como ha venido informando este diario, el Ayuntamiento de Planes ha venido gestionando a lo largo de los últimos meses los trámites necesarios para posibilitar la construcción de una urbanización de 295 chalés en el Mas de la Foia, cerca del pantano de Beniarrés. El proyecto fue presentado en su momento por una empresa urbanizadora que ya ha llevado a cabo distintas actuaciones, fundamentalmente en la zona de la costa. Los trabajos, que se han iniciado con el desmonte de tierras, supondrán una inversión cercana a los ocho millones de euros. Inicialmente se va a trabajar en las calles, accesos y la instalación de las distintas infraestructuras urbanas, si bien está previsto que, en el momento que sea posible, se pueda simultanear la construcción de las casas. El plazo de ejecución en este sentido ronda el año y medio.

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Moción de censura

Hoy ha comenzado el debate de la primera moción de censura que se presenta en el Parlamento valenciano. Y lo hace de la peor forma posible:

a) El Presidente de la Generalitat acude al debate de la moción de censura contra él hora y media después de iniciarse. A eso se le llama respeto a las instituciones que el mismo representa.
b) Desalojadas de las Cortes Valencianas las cámaras de TVE. La falta de transparencia informativa es una de las máximas del actual gobierno valenciano.

No querían sopa, pues doble taza. Mañana debate de política general.


Visto en otromundoesposible

El PP rechaza censurar a Camps en un debate marcado por la corrupción

Las Cortes Valencianas rechazaron ayer la primera moción de censura presentada en la historia del parlamentarismo autonómico contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. No hubo sorpresas al final y la iniciativa reprobatoria del PSPV recibió el voto en contra de los 47 diputados del PP, 35 a favor de los socialistas y siete abstenciones: seis de EU y una del grupo mixto. Las denuncias socialistas de supuesta corrupción por parte del PP, con especial mención a casos de la provincia de Alicante, marcaron el debate, que también se caracterizó por el desdén con el que lo vivió el Consell, con su presidente Camps a la cabeza: ningún miembro del Gobierno intervino y todas las réplicas populares las protagonizó su portavoz parlamentario, Serafín Castellano.

Un sonoro aplauso desde las bancadas socialistas y populares zanjó a las 20.03 la lectura del resultado de la votación de la moción de censura, que pareció contentar a los dos grupos mayoritarios: a los populares porque el PSPV no recibió el apoyo de EU ni del diputado del grupo mixto, y a los socialistas por entender que su propuesta de reprobación a Camps les ha permitido tomar la iniciativa en este decisivo curso electoral y les ha consolidado como alternativa seria de Gobierno.

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Pla ofrece al PP un pacto para investigar a los cargos acusados de irregularidades

El secretario general del PSPV y candidato a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, cumplió ayer con el guión y lanzó, junto a su programa de gobierno, un paquete de medidas de regeneración democrática para tratar de atajar los casos de presunta corrupción que azotan al PP, uno de los motivos de la moción de censura. Pla ofreció a los populares un pacto para investigar a todos los cargos públicos, de uno y otro bando, salpicados por irregularidades en la gestión pública e, incluso, retó a Camps a suspender de militancia a los dirigentes imputados hasta que se produzca una resolución judicial en firme.

El líder del PSPV dividió su intervención, a la que le faltaron cuatro minutos para la hora y media y en la que alternó momentos de tensión con otros de tedio en las tribunas, en dos partes. Una primera con un paquete de medidas para poner en marcha a lo largo de la próxima legislatura y, la segunda, con un plan de choque de treinta actuaciones concretas a aplicar de forma inmediata. En ese listado de decisiones urgentes, Pla incluyó las dedicadas a recuperar la ética en la gestión que, según el líder socialista, son «inaplazables» ante el deterioro de las instituciones públicas. «Los ciudadanos no nos perdonarían el silencio», proclamó.

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Caso Catral: El Consell embargará cuentas de los promotores de las casas ilegales de Catral para pagar a los afectados

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció ayer que dentro de las medidas cautelares por la construcción en la huerta de Catral de más de 1.200 viviendas ilegales en tres millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, parte de ellos dentro de los límites del Parque Natural del Hondo, se procederá a la «identificación inmediata» de los promotores y constructores implicados, al objeto de iniciar todas las actuaciones sancionadoras y de protección de la legalidad que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) establece.

Según el conseller, «vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe y ahora se encuentran con una vivienda ilegal, que podría incluso ser demolida».

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Orihuela denuncia a constructoras que importaron el «modelo Catral»

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado desde el año 2002 más de una veintena de denuncias por la vía penal contra construcciones ilegales en la huerta, sobre todo, concentradas en la pedanía de El Mudamiento, aunque también, aisladamente, en la zona de La Campaneta.

En algunos casos el Ayuntamiento de Orihuela, según fuentes del área de Urbanismo, ha añadido a las querellas el desacato a la autoridad por la rotura de precintos de las obras paralizadas por la brigada de inspección.

«Las mismas empresas» que «trabajan» en los términos colindantes de Callosa de Segura, Catral y Dolores, adquirieron en 2002 grandes superficies de terreno en la huerta de El Mudamiento. Comenzaron a construir y reparcelar suelo rústico. Estos empresarios apostaron por «probar» a ver si podían «sistematizar» su procedimiento de otros municipios en Orihuela. La mayoría de las casas se terminaron y vendieron.

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Los otros catrales de la C. Valenciana

La intervención por parte del Consell de las competencias urbanísticas de Catral chirría con la realidad valenciana, sólo en esta provincia existen, al menos, 26.000 viviendas por legalizar, según una primera estimación realizada por Levante-EMV ayer. En 2003 el hasta hace poco conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció lo que hasta hace 48 horas ha sido política oficial del Consell: «legalizar, donde se pueda», los chalés construidos irregularmente.

El que hasta hace unas semanas era conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció en diciembre de 2003, casi una década después de la llegada del PP al gobierno de la Generalitat Valenciana, que era voluntad del Consell «legalizar donde se pueda» los miles de chalés irregulares construidos.
Blasco fue diligente en su tarea, aunque su relevo le impidió concluirla: sólo en la provincia de Valencia al menos 26.000 viviendas situadas en decenas de municipios continúan sin legalizar o, como mucho, en un proceso de legalización que difícilmente será tan traumático como el de Catral, donde el Consell ha intervenido las competencias municipales.
Recientemente la Conselleria de Territorio y Vivienda ha autorizado al Ayuntamiento de Albaida, gobernado por el PP, una modificación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá reclasificar cualquier terreno del término municipal, incluido aquel que cuente con alguna protección especial.
La desprotección del término municipal de Albaida se produjo instancias del propio alcalde del municipio, Juan José Beneyto, y facilitará, además de la construcción de nuevas urbanizaciones, la legalización de todo lo construido ilegalmente en los últimos años.

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La Marjalería de Castelló triplica las viviendas ilegales de Catral

Las 4.000 viviendas ilegales que el Ayuntamiento de Castelló y la Conselleria de Territorio consienten en el humedal protegido de la Marjalería triplican las 1.270 casas sin licencia detectadas en Catral, circunstancia que ha utilizado el Consell para quitar las competencias urbanísticas a un ayuntamiento gobernado por el PSPV.
A pesar de la proliferación de construcciones en suelo protegido durante los últimos 14 años, la Generalitat no ha planteado en ningún momento retirar el control urbanístico del gobierno local del PP. Más bien al contrario, la conselleria no ha hecho más que respaldar públicamente las controvertidas operaciones urbanísticas del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra.
No pasa desapercibido que el PP ha preferido mirar hacia otro lado y no ha derribado ninguna de las viviendas construidas de forma ilegal en la Marjalería durante los últimos años. De hecho, en la memoria política del gobierno local sigue presente que la promesa de no derribar las construcciones ilegales decantó los comicios electorales de 1991 en favor del candidato popular, José Luis Gimeno.
Su compromiso era elaborar un plan especial para legalizar las viviendas alzadas en suelo protegido hasta esa fecha. Pese a ello, dicho proyecto aún no se ha ejecutado y las edificaciones se han multiplicado durante más de una década.

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La Fiscalía investiga ocho delitos urbanísticos y ha denunciado 20 ante el juez

La Fiscalía de Valencia investiga en estos momentos ocho denuncias por delitos urbanísticos cometidos en distintas poblaciones valencianas. No obstante, ha denunciado de oficio otras 20, que están siendo instruidas en diversos juzgados.

No obstante, en 2005, resolvió 123 expedientes relativos a delitos urbanísticos y todos los pendientes de 2004, que eran 31. Así, el pasado año, la Fiscalía de Valencia interpuso 80 denuncias, de las que 43 estaban relacionadas con la ordenación del territorio, según informó en abril el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo.
Según fuentes del portavoz de esta Fiscalía, Joaquín Baños, «a fecha de ayer se habían incoado en la Fiscalía de Valencia 37 diligencias por delitos urbanísticos». De ellas, ocho diligencias siguen en trámite; ocho se han archivado directamente porque no había indicios de delito, y 20 se han mandado a diferentes juzgados, al apreciarse indicios de delitos durante las diligencias de investigación. La restante fue remitida a la Fiscalía de Castelló, porque los hechos se referían a esta provincia. A ello hay que añadir cuatro diligencias incoadas por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos públicos relacionadas con la actividad urbanística. De éstas, dos están en los juzgados y una de ellas se archivó antes del verano, la del alcalde de Tavernes de Valldigna (PP). Esta información fue facilitada en abril por Ricard Cabedo, tras una orden del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que solicitó la relación de «actuaciones por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos de la administración pública relacionados con la actividad urbanística».

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Miles de casas ilegales en decenas de municipios



La proliferación de viviendas ilegales es una realidad palpable en el urbanismo valenciano. El fenómeno no es nuevo y se extiende de norte a sur de la Comunidad Valenciana. Sea en la costa, en el interior o en plena huerta, se han levantado a partir de los noventa miles de casas, en suelo no urbanizable y sin licencia. Municipios como Orihuela, gobernado por el PP, acumulan más de 30.000 casas irregulares. El Consell ha tomado cartas en el asunto y ha intervenido las normas urbanísticas de Catral, gobernado por el PSPV, con un número de casas ilegales menor que el caso oriolano. La suspensión de las competencias urbanísticas por primera vez en la historia a un Ayuntamiento ha motivado una reunión urgente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

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