jueves, julio 13, 2006
Los sindicatos denuncian desde 2000 la falta de seguridad en el metro de Valencia
Los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han reclamado durante seis años mejoras de seguridad en la línea 1 del metro de Valencia, donde el día 3 de julio un descarrilamiento causó la muerte de 42 personas. Ayer, UGT acreditó advertencias de la necesidad de introducir medidas de seguridad en el trazado desde 2000. Mejoras que en parte se introdujeron tras un accidente en 2005, con la instalación de algunas balizas de frenado automático. Ninguna de ellas se colocó en la curva donde ocurrió el siniestro, pese a que los maquinistas las reclamaron en puntos previos a todas las curvas.
La actitud de la Generalitat en los últimos días en relación con el accidente de metro de la semana pasada en la estación de Jesús ha levantado indignación en los representantes de los trabajadores. Los sindicatos no están dispuestos a que la responsabilidad de la tragedia recaiga sobre el maquinista que conducía el convoy, fallecido también en el accidente, ni en el Comité de Seguridad en la Circulación por no denunciar la inseguridad de la curva, como sugirió el consejero de Transporte, José Ramón García Antón, durante el debate en las Cortes Valencianas del martes.
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La actitud de la Generalitat en los últimos días en relación con el accidente de metro de la semana pasada en la estación de Jesús ha levantado indignación en los representantes de los trabajadores. Los sindicatos no están dispuestos a que la responsabilidad de la tragedia recaiga sobre el maquinista que conducía el convoy, fallecido también en el accidente, ni en el Comité de Seguridad en la Circulación por no denunciar la inseguridad de la curva, como sugirió el consejero de Transporte, José Ramón García Antón, durante el debate en las Cortes Valencianas del martes.
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Rubio exige a Barberá que aclare si asesores del PP organizan protestas y abucheos a cargos de la oposición
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue abucheado el pasado sábado junto a la catedral de Valencia durante la visita de Benedicto XVI, y el martes los insultos se dirigieron contra el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, cuando entraban en el pleno de las Cortes a debatir sobre el accidente del metro de Valencia. En ambos casos, testigos de las protestas reconocieron a militantes del PP que acuden habitualmente a los plenos municipales que preside Rita Barberá. Junto a estos grupos ha sido visto en al menos uno de los actos el asesor de un concejal popular, confirmaron en el grupo socialista y miembros del movimiento vecinal.
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Fabra modifica el presupuesto para conveniar con siete pueblos del PP
El presidente de la Diputación de Castellón calificó de "casualidad" el hecho de que los siete pueblos que serán el destino de la modificación presupuestaria aprobada ayer estén gobernados por el PP. Ayódar, Atzeneta, Betxí, Sacañet, Segorbe, Todolella y Torre d'Embessora son los municipios cuyos ayuntamientos firmarán convenios con la institución provincial con el fin de lograr una inyección económica que asciende a 468.000 euros, que surgirán de la modificación de crédito aprobada ayer por el pleno de la Diputación con lo únicos votos del PP.
La variación asciende a un total de 800.000 euros y mientras Fabra sostuvo que la coincidencia en el signo de los gobernantes con el partido que lidera en la provincia, el PP, es "casual", los socialistas consideran que se es un "trato discrecional", tal como sostuvo el portavoz adjunto del grupo del PSPV en la Diputación, Juli Domingo. Para Domingo, los convenios no responden a necesidades de los vecinos, sino a "intereses electorales" del PP. Además, recordó que esta forma de actuar de Carlos Fabra ya fue recurrida judicialmente por el grupo socialista, que logró que los tribunales reconociesen la existencia de un reparto no reglado y recomendaba que la concesión de ayudas se ajustase a unas bases.
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La variación asciende a un total de 800.000 euros y mientras Fabra sostuvo que la coincidencia en el signo de los gobernantes con el partido que lidera en la provincia, el PP, es "casual", los socialistas consideran que se es un "trato discrecional", tal como sostuvo el portavoz adjunto del grupo del PSPV en la Diputación, Juli Domingo. Para Domingo, los convenios no responden a necesidades de los vecinos, sino a "intereses electorales" del PP. Además, recordó que esta forma de actuar de Carlos Fabra ya fue recurrida judicialmente por el grupo socialista, que logró que los tribunales reconociesen la existencia de un reparto no reglado y recomendaba que la concesión de ayudas se ajustase a unas bases.
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El Ayuntamiento de Castalla consiente la construcción de cientos de viviendas ilegales
La segunda fase de la urbanización Castalla Internacional, compuesta por más de 500 viviendas unifamiliares, carece de licencia de obras, tampoco dispone de una declaración de impacto ambiental favorable, y no tiene luz ni agua corriente legalizada, según denunció ayer el PSPV. Eugenio Burriel, responsable de Territorio y Vivienda del partido socialista, exigió al consejero, González Pons, que paralice de inmediato las obras en esta "ciudad sin ley" y que advierta al alcalde, Juan Rico, del PP, de las "ilegalidades" que está cometiendo por consentir estas obras.
La mayoría de los propietarios de estas viviendas son residentes extranjeros que alcanzaban el sueño de disfrutar del clima y vivir cerca de la costa. Sin embargo, estas casas se han construido sin que el planeamiento del terreno estuviera aprobado por la Consejería de Territorio. El informe de impacto medioambiental no es favorable y el Ayuntamiento no ha concedido la correspondiente licencia municipal de obra, con lo cual la luz y el agua que tienen las casas es provisional, no hay contadores y se abastecen del suministro de la calle, ya que las casas tampoco disponen de cédula de habitabilidad, según aseguró, Eugenio Burriel, máximo responsable de Territorio y Vivienda en la ejecutiva del PSPV.
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La mayoría de los propietarios de estas viviendas son residentes extranjeros que alcanzaban el sueño de disfrutar del clima y vivir cerca de la costa. Sin embargo, estas casas se han construido sin que el planeamiento del terreno estuviera aprobado por la Consejería de Territorio. El informe de impacto medioambiental no es favorable y el Ayuntamiento no ha concedido la correspondiente licencia municipal de obra, con lo cual la luz y el agua que tienen las casas es provisional, no hay contadores y se abastecen del suministro de la calle, ya que las casas tampoco disponen de cédula de habitabilidad, según aseguró, Eugenio Burriel, máximo responsable de Territorio y Vivienda en la ejecutiva del PSPV.
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El auditorio de Castellón es ilegal
El Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad del auditorio de Castellón, que se construyó a través de un plan parcial "nulo de pleno derecho". El Supremo ni siquiera ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el equipo de gobierno del PP después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) declarara nula la aprobación de este plan de desarrollo urbanístico que, además, permitía la construcción de este edificio sobre un solar calificado como zona verde. El plan parcial de la obra fue avalado por el consejero José Ramón García Antón.
El grupo socialista dio a conocer ayer el fallo del Supremo que, además, sostiene que el recurso del ayuntamiento está "defectuosamente preparado", ya que no se ajusta a lo que dispone la normativa sobre los requisitos para acudir a este alto tribunal.
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Calpe desarrolla en sólo una década el 87,5% del suelo previsto en su PGOU
El Plan General aprobado en 1994 contempla 32 PAI en total y en la actualidad 28 de ellos ya han sido puestos en marchaAquellos promotores o empresas constructoras que quieran agenciarse un Programa de Actuación Integrada (PAI) en la localidad de Calpe empiezan a tenerlo muy crudo. Sólo cuatro sectores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no han sufrido hasta el día de hoy ningún tipo de trámite para iniciar su desarrollo mientras que todos los restantes se han puesto en marcha. Esto es, el 87,5% del suelo previsto en 1994, en poco más de una década.
El Plan General de la localidad, aprobado primero por el PSOE en 1994 y homologado en 1998 por el actual PP de Javier Morató, tiene contemplados 32 sectores que deben ser desarrollados por otros tantos 32 PAI. A día de hoy, 28 de ellos ya han tenido, al menos, la presentación de una propuesta urbanística para su urbanización.
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Elche: Medio Ambiente permite a los regantes del Pantano producir energía eléctrica
El Ministerio concede a los agricultores una autorización para aprovechar un desnivel de 29 metros en el canal de desvío del río Vinalopó
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha comunicado a la comunidad de propietarios de la Acequia Mayor del Pantano la autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente para la producción de energía eléctrica en el canal de desvío por el cual discurre el río Vinalopó desde que en el año 1995 se rompiera la compuerta del embalse. Dicho canal, construido en 1912, discurre paralelo al Pantano de Elche y a pocos metros de la presa salva un desnivel de 29 metros antes de que las aguas retornen al cauce del Vinalopó. El canal, que nace en la cola del Pantano, concretamente en la presa de Pavía, tiene un caudal aproximado de 550 litros por segundo.
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La Confederación Hidrográfica del Júcar ha comunicado a la comunidad de propietarios de la Acequia Mayor del Pantano la autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente para la producción de energía eléctrica en el canal de desvío por el cual discurre el río Vinalopó desde que en el año 1995 se rompiera la compuerta del embalse. Dicho canal, construido en 1912, discurre paralelo al Pantano de Elche y a pocos metros de la presa salva un desnivel de 29 metros antes de que las aguas retornen al cauce del Vinalopó. El canal, que nace en la cola del Pantano, concretamente en la presa de Pavía, tiene un caudal aproximado de 550 litros por segundo.
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Baix Vinalopó: EU y el Bloc alertan del impacto que generarán 83.000 nuevas viviendas
Jesús Ruiz y Alfons Luján denuncian los daños medioambientales que va a causar el desarrollo de urbanizaciones junto a zonas húmedas de Elche, Crevillent y Santa Pola
Los coordinadores comarcales de EU y el Bloc, Jesús Ruiz y Alfons Luján, respectivamente, alertaron ayer de los peligros y graves daños medioambientales que, en opinión de ambas formaciones políticas, van a provocar las nuevas urbanizaciones en desarrollo o programadas en el Baix Vinalopó.
En concreto, Ruiz y Luján se refirieron a las 20.000 nuevas viviendas previstas en Santa Pola (el nuevo PGOU contempla ya 16.000), destacando especialmente el sector CJ-5 de Torre Brissó ya aprobado y las cerca de 4.000 viviendas sobre un millón de metros cuadrados que tendrán un grave impacto sobre el Clot de Galvany, según señalaron.
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Los coordinadores comarcales de EU y el Bloc, Jesús Ruiz y Alfons Luján, respectivamente, alertaron ayer de los peligros y graves daños medioambientales que, en opinión de ambas formaciones políticas, van a provocar las nuevas urbanizaciones en desarrollo o programadas en el Baix Vinalopó.
En concreto, Ruiz y Luján se refirieron a las 20.000 nuevas viviendas previstas en Santa Pola (el nuevo PGOU contempla ya 16.000), destacando especialmente el sector CJ-5 de Torre Brissó ya aprobado y las cerca de 4.000 viviendas sobre un millón de metros cuadrados que tendrán un grave impacto sobre el Clot de Galvany, según señalaron.
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Vega baja: Prevén expropiar 1,5 millones de m2 de huerta
La concejal de Urbanismo, Eva Ortiz, afirmó ayer que se expropiarán 1.483.000 metros cuadrados para la ejecución del proyecto de mejora de las carreteras CV-91 y CV-95. Con este plan se pretenden «regenerar las conexiones de Orihuela con el litoral», manifestó.
De los 172 millones de euros del presupuesto global de licitación, «17 serán destinados a pagar las expropiaciones que se harán en distintos muncipios de la Vega Baja», afirmó Ortiz.
Los particulares dispondrán de un mes para presentar las observaciones referidas a este proyecto y los grupos políticos tendrán dos una vez abierto el período de exposición pública. En esta etapa del proceso se conciliarán los intereses de los propiestarios de las tierras afectadas con los de la Administración, ya que «ante este tipo de obras surgen muchas observaciones de quienes no quieren que las vías pasen por sus tierras».
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De los 172 millones de euros del presupuesto global de licitación, «17 serán destinados a pagar las expropiaciones que se harán en distintos muncipios de la Vega Baja», afirmó Ortiz.
Los particulares dispondrán de un mes para presentar las observaciones referidas a este proyecto y los grupos políticos tendrán dos una vez abierto el período de exposición pública. En esta etapa del proceso se conciliarán los intereses de los propiestarios de las tierras afectadas con los de la Administración, ya que «ante este tipo de obras surgen muchas observaciones de quienes no quieren que las vías pasen por sus tierras».
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Graells acusa al Consell de trato de favor al desviar un vial «en beneficio del campo de golf de Bacarot»
«Es un claro trato de favor de la Generalitat en beneficio del promotor del campo de golf El plantío de Bacarot, ya que se desvió el trazado del vial de servicio para no afectar a los terrenos del campo de golf», manifestó la concejala socialista Antonia Graells, sobre este polémico asunto.
La edil del PSOE explicó que el proyecto de Vía Parque entre Alicante y Elche, cuyo trazado coincide en parte con el Camino Viejo de Elche, fue redactado por el Ministerio de Fomento, con excepción del tramo que afecta al campo de golf El Plantío, promovido por Finca lo Cirer, en Bacarot.
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La edil del PSOE explicó que el proyecto de Vía Parque entre Alicante y Elche, cuyo trazado coincide en parte con el Camino Viejo de Elche, fue redactado por el Ministerio de Fomento, con excepción del tramo que afecta al campo de golf El Plantío, promovido por Finca lo Cirer, en Bacarot.
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Bigastro: El alcalde no consta como imputado por la gestión urbanística como afirma el PP
Una juez admite la querella del portavoz popular contra Moya y pide al secretario municipal que verifique los documentos
La titular del Juzgado número uno de Orihuela que investiga presuntas irregularidades urbanísticas del Ayuntamiento de Bigastro descarta por ahora imputar al alcalde de la localidad, José Joaquín Moya, según la documentación del proceso judicial a la que ha tenido acceso este diario. Un auto judicial firmado por la juez Raquel Lacunza admite a trámite la querella que ha presentado el portavoz del PP, Antonio Ricart, contra el primer edil por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales.
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La titular del Juzgado número uno de Orihuela que investiga presuntas irregularidades urbanísticas del Ayuntamiento de Bigastro descarta por ahora imputar al alcalde de la localidad, José Joaquín Moya, según la documentación del proceso judicial a la que ha tenido acceso este diario. Un auto judicial firmado por la juez Raquel Lacunza admite a trámite la querella que ha presentado el portavoz del PP, Antonio Ricart, contra el primer edil por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales.
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San Vicente del Raspeig: Urbanismo ordenará cerrar un centro de telecomunicaciones por carecer de licencia
El Ayuntamiento ha autorizado ya la instalación de cinco de las doce antenas de telefonía móvil previstas en el plan de implantación
La concejalía de Urbanismo ordenará el cierre de un centro integrado de telecomunicaciones, propiedad de la firma Amena, por carecer de licencia de apertura. Una brigada de la Policía Local detectó la presencia de este actividad en el Camí de Terol y comprobó que no contaba con la oportuna autorización. El concejal de Urbanismo emitió un decreto el pasado 26 de junio en el que concedía a los propietarios quince días para formular alegaciones. Si finalmente queda acreditado la carencia de licencia de apertura se procederá al cierre, según consta en el decreto.
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La concejalía de Urbanismo ordenará el cierre de un centro integrado de telecomunicaciones, propiedad de la firma Amena, por carecer de licencia de apertura. Una brigada de la Policía Local detectó la presencia de este actividad en el Camí de Terol y comprobó que no contaba con la oportuna autorización. El concejal de Urbanismo emitió un decreto el pasado 26 de junio en el que concedía a los propietarios quince días para formular alegaciones. Si finalmente queda acreditado la carencia de licencia de apertura se procederá al cierre, según consta en el decreto.
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Los platós acuáticos de Ciudad de la Luz invaden la costa y afectan a una zona protegida
Los terrenos abarcan 80.458 metros cuadrados y ocupan el entorno del espacio natural de la isla de TabarcaLos platós acuáticos de la Ciudad de la Luz se construirán en primera línea de la costa de Agua Amarga, en una zona de 80.458 metros cuadrados situada entre la cala de Los Borrachos y las instalaciones de captación de la desaladora de Alicante. Parte de los terrenos invaden la primera línea de costa así como el área de influencia del espacio natural protegido de Tabarca, declarado por la Generalitat de «interés comunitario». El Consell saca ahora a exposición pública el proyecto antes de su aprobación definitiva.
El emplazamiento elegido para las piscinas y tanques destinados a los platós acuáticos de Ciudad de la Luz no puede ser más polémico, ya que gran parte de los terrenos que ocupará tienen una especial protección o se integran en la zona de dominio público marítimo terrestre. La Generalitat es consciente de la singularidad de los terrenos a ocupar y es por ello que enfatiza la necesidad de construir estas instalaciones al afirmar que la ubicación «se justifica en razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica».
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Los fiscales del Supremo rechazan tramitar la querella de Zaplana contra Camarasa y Such
El portavoz del PP denunciaba injurias y calumnias por las grabaciones en las que se le vincula con el presunto cobro de comisiones ilegales por las obras de Terra Mítica
La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha emitido una opinión contraria a la admisión a trámite de la querella presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such y los imputados en la causa de la facturas falsas que implica a Terra Mítica Antonio Moreno y José Herrero. Zaplana presentó su denuncia después de que se hiciesen públicas las trascripciones de unas conversaciones de Camarasa con los dos contratistas imputados en las que éstos implican al ex ministro y ex presidente de la Generalitat en el cobro de comisiones por obras en la fase de construcción del parque temático de Benidorm.
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