miércoles, septiembre 06, 2006

Los hoteles de Alicante cierran agosto con una bajada de ocupación

La provincia de Alicante, con Benidorm como destino preferente, registró un descenso en la ocupación hotelera, con bajadas de un 0,3% en el caso de la capital de la Costa Blanca y de un 1% en el resto de la provincia, según datos facilitados por las respectivas patronales.

La Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) -entidad que representa a 75 establecimientos con un total de 12.000 plazas- informó ayer de que la ocupación en agosto fue del 79%, dato que representa un 1% menos con respecto al mismo mes del año precedente. En esa fecha, según la patronal, la ocupación fue del 80%. No obstante, APHA atribuye este descenso al aumento en lo que va de año de un 20% de las plazas hoteleras. El pasado agosto, la Playa de San Juan revalidó el porcentaje del pasado año, mientras que El Campello y Santa Pola lo superaron.

Por lo que respecta a Benidorm y la Costa Blanca y según la patronal Hosbec, que representa cerca de 70.000 plazas, la ocupación media en agosto fue del 93,8%, 0,3 puntos menos que en el mismo mes en 2005. Como es habitual, la mayoría de los visitantes (el 53,6%) fueron turistas nacionales, y un 46%, extranjeros. Los británicos siguen siendo los primeros clientes extranjeros.

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Lo mítico y lo real

Los datos que van conociéndose del sumario sobre el presunto fraude del parque Terra Mítica, de Benidorm, revelan la existencia de una trama empresarial capaz de proezas como cobrar 10 millones de euros por obras nunca hechas y de facturar por informes inexistentes y por compras de material nunca entregado. Las declaraciones del inspector de la Agencia Tributaria desvelan prácticas financieras y contables impresentables en una empresa en la que el 60% de su capital está controlado por la Generalitat valenciana y por las dos principales cajas de ahorro de la comunidad. Las prácticas irregulares incluían desde el pago a sabiendas de facturas falsas por parte del parque, hasta la contratación de determinadas obras con empresas que no tenían ningún empleado y que sólo existían sobre el papel. Las declaraciones en este sentido de los dos testaferros interrogados por la inspección son cristalinas: ambos firmaron documentos que permitieron la constitución de empresas de las que nunca jamás volvieron a saber nada. Y esas sociedades proveían de facturas falsas a otras mercantiles con mayor volumen de negocio para estafar a Hacienda hasta 4,4 millones de euros en los ejercicios 2000 y 2001.

Todo esto ha ocurrido en una empresa que a finales de 2003, a los tres años de su apertura, acumulaba pérdidas cercanas a los 200 millones de euros, lo que abocó a una suspensión de pagos, recientemente levantada. La fuerte presencia de capital público nunca ha sido garantía de transparencia contable. No es extraño. Terra Mítica se construyó contra la opinión de competentes estudios de viabilidad encargados por la Generalitat valenciana antes de lanzar la iniciativa. Informes que nunca fueron puestos a disposición de los inversores privados (cajas de ahorro incluidas) a la hora de solicitarles, en algunos casos de forma imperativa, su participación en el invento.

La Generalitat, presidida entonces por Eduardo Zaplana, esgrimió un estudio que preveía para 2003 unos ingresos de 102 millones de euros y unos beneficios de 5 millones. La realidad es que las pérdidas acumuladas suman 123 millones en seis años. La contundencia de las cifras no parece afectar para nada a los impulsores del faraónico proyecto, y la investigación judicial, tampoco: Zaplana sigue sin explicar por qué ignoró los informes que desaconsejaban la puesta en marcha del parque, ni los sobrecostes que se produjeron; y su sucesor, Camps, por mucho que se le pregunte, tampoco parece tener interés en informar dónde han ido a parar los 10 millones de euros esfumados y cuyo paradero investiga el juzgado. Lo mítico era el cuento fabuloso con que se vendió el proyecto, y lo real, el despilfarro del dinero de los contribuyentes.

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Orihuela: Medina suspende el pleno para eludir las preguntas de los ediles sobre su declaración judicial por corrupción

El alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, imputado por la juez por usar bienes particulares de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales, suspendió ayer un pleno ordinario después de que un edil en la oposición sacara a colación su presunta implicación en un caso de corrupción y le sugiriera que abandonara la política municipal. Con esta suspensión se elevan a tres las sesiones plenarias interrumpidas por el primer edil oriolano antes de completar el orden del día en esta legislatura. Según la oposición, Medina, con justificaciones "peregrinas", zanja los plenos para evitar dar explicaciones en el primer foro municipal sobre los supuestos delitos en los que está imputado.

La sesión plenaria, de carácter ordinario, comenzó al filo de las once menos cuarto de la mañana. El punto principal del pleno centró la impugnación por parte de Los Verdes del presupuesto de 2006. Según esta formación, el equipo de gobierno entregó con retraso el informe de intervención de este ejercicio, documento que aborda entre otros asuntos la capacidad de endeudamiento del municipio.

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Familiares de las víctimas del accidente del metro de Valencia protestan contra el carpetazo del PP

La presencia, ayer, en la tribuna de invitados de las Cortes Valencianas de familiares de los fallecidos en el accidente que el 3 de julio se cobró 43 vidas en el metro de Valencia no condicionó al PP ni al Consell. Ante la indignación de los afectados que asistieron al pleno en el que se votó el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente, los populares mantuvieron sus conclusiones exculpatorias y reiteraron que el siniestro no era previsible ni evitable, que su única causa fue el exceso de velocidad, que el único culpable fue el maquinista y, en definitiva, que fue “mala suerte”, por lo que rechazaron que exista responsabilidad política.

“Cuando le he oído decir que la línea era segura, me han dado ganas de cogerlo del cuello y ahogarlo. Porque se está riendo de mi mujer, que está bajo tierra, y de las otras 42 víctimas y de sus familiares”, decía en los pasillos de las Cortes Francisco Hernández, de 57 años, marido de una de las fallecidas, tras la intervención del portavoz popular, Serafín Castellano. Algunos familiares abandonaron el hemiciclo cuando Castellano empezó a hablar. Pero Milagros, de 24 años, hija de Francisco, se quedó, se levantó, dio la espalda a Castellano y permaneció así durante todo su parlamento. Después sacó una foto de su madre, Milagros López, fallecida en el accidente, y la sostuvo durante las tres horas que duró el pleno, a pesar de que los servicios de seguridad de la Cámara le instaron varias veces a retirarla.

Los grupos de la oposición reclamaron la dimisión del consejero de Transporte, José Ramón García Antón, y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Éste rompió por fin el silencio que ha mantenido durante más de un mes, que justificó porque no quería “interferir en el debate parlamentario”, y eludió de nuevo las preguntas. “Presidente, con 43 muertos, ¿qué más tiene que pasar para que alguien dimita?”, le preguntó EL PAÍS cuando Camps ya se iba. No hubo respuesta.

El PP se aferró a lo que la oposición ha venido calificando como “su verdad oficial” en torno al accidente más grave de la historia del metro en España y el cuarto en el mundo y aprobó sus conclusiones de la investigación. Pero los semblantes de los populares y de los integrantes del Consell reflejaban incomodidad ante los gestos de desaprobación de los familiares de las víctimas y las acusaciones de la oposición sobre las prisas y el cierre “en falso” de la investigación.


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Rajoy da su respaldo a los cargos del PP valenciano investigados por la justicia

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, no se anduvo ayer por las ramas a la hora de pronunciarse, a preguntas de un periodista, sobre la situación por la que atraviesan diversos cargos públicos de su partido en la Comunitat Valenciana investigados por la Justicia, aunque evitó de forma expresa realizar alusiones concretas. «El PP respalda a todos los cargos públicos del PP en todas partes, salvo que se demuestre que han hecho cosas que no se adecuen a la ley, pero en la Comunidad Valenciana y en cualquier país del mundo», dijo en su respuesta durante la rueda de prensa posterior a la reunión que celebró ayer el comité de dirección del partido en la sede nacional del PP.
No obstante, Rajoy no quiso limitarse a dar esa explicación, consciente de la publicidad que han alcanzado las actuaciones judiciales sobre diferentes cargos públicos del PP en la Comunitat Valenciana y de que este hecho es uno de los argumentos esgrimidos por el PSPV para justificar la anunciada moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Más en levante / EMV

Pla asegura que instituciones europeas y el Banco de España ya han censurado a Camps

El líder socialista, Ignasi Pla, enumeró ayer como un martillo las razones de su moción de censura contra el presidente Camps. Pla puso una detrás de otra todas las reprobaciones que han precedido a la suya: La del Banco de España; el Parlamento Europeo; la Sindicatura de Comptes, la de Greuges; la Plataforma de Salud Mental; el Colegio de Arquitectos, el de Abogados y más. Lo hizo en la sede de UGT, primera parada en la ronda previa a la presentación de la iniciativa. Allí, su secretario general, Rafael Recuenco, afirmó: "Solamente con lo del metro ya se justificaría una moción de censura".

"[Francisco] Camps no puede ser ni un día más presidente de la Generalitat", dijo Pla, porque ha dimitido de sus responsabilidades y porque siempre busca a los culpables en el exterior. El líder del PSPV concretó: De la crisis industrial son responsables los chinos. De la bajada del turismo, los visitantes extranjeros. De "casi todos los males", Zapatero y los socialistas. "Y si mueren cinco personas en una residencia para personas mayores en la que no debían estar", continuó, "es mala suerte; y si mueren 43 personas en un servicio público básico, como es el metro de Valencia, la culpa es del maquinista".

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