Un ejemplo de destrucción y otro de recuperación del medio natural

Cinco parejas de cigüeña negra, de las 61 que existen en Castilla y León, han conseguido que el Tribunal Superior de Castilla y León haya vetado la construcción de «Ciudad del Golf», un gran complejo urbanístico con 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y un hotel en un paraje ecológico de las Navas del Marqués (Ávila).


A pesar de esta sentencia se ha procedido a la tala masiva de cientos de árboles.

Los empresarios tienen los medios y el capital; los políticos de entidades locales tienen el poder: el poder de recalificar terrenos. Mediante esta ecuación, media España -especialmente la costa ha vivido un boom urbanístico que ha llevado a algunas localidades originalmente pequeñas a convertirse en marabuntas acabando con la Naturaleza que las rodeaba. Tras la costa, son nuestras montañas las que están en peligro, algunas de ellas incluso con calidad de espacio natural protegido.



El ejemplo contrario de lo sucedido en Ávila lo encontramos en Alicante. Las cementeras son una de las industrias más contaminantes. Una norma de 1984 obliga a estas empresas que pongan en marcha un plan de restauración para garantizar la recuperación ambiental de las zonas afectadas. Y eso es precisamente lo que ha hecho una de estas empresas, pero con una idea original. Hasta ahora la solución fácil era plantar pinos, que no requieren mayores cuidados. Pero la cementera Cemex ha decidido poner en marcha una experiencia pionera a través de la recuperación de los terrenos que explota con la plantación de frutales, así además de la obligada recuperación ambiental de las zonas afectadas ha encontrado un nuevo negocio: la producción de vinos y el cultivo de frutas.

Visto en El Blog de Forestman

Costas plantea una permuta para frenar dos torres ilegales en la playa de Benidorm

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Jefatura Provincial de Costas, negocia la permuta de un solar en Benidorm para impedir la construcción de dos torres en la zona de Punta Llisera, en primera línea de la playa de Levante. Edificaciones Calpe, del Grupo Ballester, ha iniciado esta semana los cimientos de la obra y a finales de noviembre empezará a levantar la estructura de los dos edificios de 22 plantas, pero fuentes de Costas ha confirmado que mantienen abierta una línea de negociación para que el promotor paralice los trabajos, a los que siempre se ha opuesto el Ministerio de Medio Ambiente por entender que ocupan dominio público marítimo terrestre.

Fuentes del Ayuntamiento y de la promotora han confirmado que el organismo estatal quiere impedir a toda costa la construcción de estas dos torres y ha propuesto un plan para permutar a Ballester la parcela por los mismos metros de edificabilidad y un valor similar en otra zona del municipio. El jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, pidió la colaboración del Ayuntamiento para salvar este cabo en una reunión celebrada recientemente, sin que según fuentes municipales haya prosperado la idea. Desde Urbanismo señalan las dificultades que entraña esta operación, ya que el Consistorio debería recibir una compensación muy elevada por una permuta en la que sólo se implicaría el Ayuntamiento, gobernado por el PP. Además, las mismas fuentes indican que el precio del solar en un lugar privilegiado y único, hace prácticamente imposible encontrar un equivalente a permutar.

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El Consell reordenará la franja litoral entre Alicante y Santa Pola

La Conselleria de Infraestructuras ha licitado la redacción del proyecto del que será el primer parque litoral de la provincia de Alicante construido entre la Cala de los Borrachos (Alicante) y el faro de Santa Pola. Una línea de 14 kilómetros a lo largo de la costa que se reordenará habilitando zonas para el ocio y la conservación ambiental. El presupuesto de licitación es de 373.516 euros y el de las obras se incluirá ya en las cuentas de 2007, según informaron ayer fuentes de Infraestructuras.

El objetivo del proyecto es la regeneración ambiental del frente litoral y su adecuación para el uso público pero sin utilizar grandes obras de fábrica. Los técnicos consultados por el periódico aseguran que una actuación de estas características permitirá aumentar la protección sobre espacios naturales como las playas, sistemas de dunas, humedales y el entorno del faro de Santa Pola. Infraestructuras desarrolla en estos momentos proyectos similares en Castellón (El Pinar) y Valencia (Abre del Gross).

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La Consejería de Territorio admite la existencia de 504 vertederos ilegales

La Consejería de Territorio reconoce la existencia de 504 expedientes sancionadores abiertos por otros tantos vertederos ilegales en la Comunidad Valenciana. De ellos, 52 se encuentran en zona forestal de la provincia de Valencia. Esa cifra no coincide con la que señala la Fiscalía, que la pasada semana trasladó a la Fiscalía General del Estado la relación de vertidos ilegales de Valencia en zona forestal según la información facilitada por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil así como de la policía autonómica y alcanzaba los 70.

La Inspección de la Consejería de Territorio respondió a esa cifra de la Fiscalía de Valencia, que computa los vertederos localizados desde junio, al amparo de una instrucción de la Fiscalía General del Estado para todas las fiscalías provinciales. Y lo hizo admitiendo la existencia de 52. Buñol, Vallanca, Jarafuel, Llíria, Tous, Gilet, Millares, Paterna, L'Eliana, Chiva, Vilamarxant, Sagunto, Enguera, L'Alcúdia, Guadassuar, Nàquera o Carcaixent son algunos de los municipios en los que se han localizado los vertederos ilegales en zona forestal en Valencia.

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"No daremos agua a algunas nuevas urbanizaciones"

Llueve en Madrid. Cristina Narbona dice que el suelo está tan seco que lo que está haciendo la lluvia es empaparlo, pero no llena los embalses: "Nos llega otra borrasca en próximos días. Éste es el mes de las lluvias y si no lloviera no sé qué íbamos a hacer".

El Gobierno ha renegado de la energía nuclear, pero sigue sin presentar un calendario de cierre de centrales. Usted ha dicho que es pronto para cerrar Garoña.

Antes de terminar la legislatura presentaremos un calendario de cierre. Garoña tiene plazo de funcionamiento hasta 2009 y la empresa pide ahora ir más allá. Sobre ese tema se tiene que pronunciar el Ministerio de Industria.

¿Y la ministra de Medio Ambiente qué opina?

Mi opinión es totalmente coincidente con la del presidente del Gobierno. España debe reducir gradualmente el uso de la energía nuclear y lo mejor que puede hacer es apostar por energías renovables que, combinadas con el hidrógeno, son la solución para el futuro de la humanidad.

BIO Nació en Madrid el 29 de julio de 1951. Divorciada y con un hijo. Obligada a emigrar a Roma con 12 años, se doctoró en Italia en Ciencias Económicas. Fue viceconsejera del primer Gobierno autonómico andaluz. En 1993 se afilió PSOE. Ha sido directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, diputada del PSOE por Almería y concejala del Ayuntamiento de Madrid, entre otros cargos.

¿Cumplirá España con el Protocolo de Kioto?

Estamos aprobando normas que, si se hubieran aplicado hace años, nos colocarían en una situación mucho mejor que la que tenemos.

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El PSPV replica que en el PP hay alcaldes «con poca decencia y mucho patrimonio»

El portavoz territorial del PSPV-PSOE en Alicante, Carlos González, aseguró ayer que en esta provincia hay «demasiados» alcaldes del PP con «muy poca decencia y mucho patrimonio», y recordó que los regidores de la capital, de Torrevieja y de Orihuela figuran como imputados en sendos sumarios judiciales.

González reaccionó así a las declaraciones de la secretaria ejecutiva de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ayer dijo en Alicante que los casos que conoce de cargos públicos ingresados en prisión o que hayan presentado la dimisión en relación a supuestos delitos urbanísticos «son del PSOE». El socialista consideró que Pastor ampara «con el "y tú más" la situación reprobable de muchos alcaldes del PP en la provincia de Alicante». Aseguró que «en el PP hay una lista de nombres de alcaldes que actúan con muy poca decencia y que han acumulado un gran patrimonio desde que accedieron a sus respectivas alcaldías», y se refirió expresamente al de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo. Sobre éste, dijo que constituye «un pésimo ejemplo ético» al «beneficiarse de la especulación urbanística y obtener plusvalías de casi seis millones de euros comprando y vendiendo fincas a empresas con las que se relaciona como alcalde».
Además, el portavoz socialista recordó a Pastor que «Hernández Mateo está imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada». Los escándalos salpican a alcaldes como el de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de Orihuela, José Manuel Medina, ambos imputados por numerosos y muy graves asuntos, pero también a otros como el de Dolores, Granja de Rocamora, Vila-joiosa, Hondón, Guadalest, Calp y Benissa, «todos bajo sospecha e investigados por actuaciones relacionadas con el urbanismo o irregularidades en la contratación pública», dijo.
González recordó que «el único alcalde de Alicante que está pendiente de ingresar en prisión es Luis Fernando Cartagena, militante del PP, ex alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas y Urbanismo». Cartagena fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil, «por quedarse con 49.000 euros de las monjas». Y está pendiente de ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander.

Visto en Levante / EMV

Europa estudia demandar al Gobierno porque el Consell no informa sobre los PAI

La Comisión Europea estudia la posibilidad de enviar al Gobierno de España «un dictamen motivado», un ultimátum precontencioso que puede acabar en el Tribunal de Justicia Europeo y en una sanción económica. La razón para ello es que la Generalitat no ha informado satisfactoriamente sobre las medidas adoptadas para evitar la tramitación de programas de actuación integrada (PAI), según una respuesta del comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, al eurodiputado socialista Joan Calabuig.

El parlamentario valenciano presentó dos preguntas por escrito ante la Comisión, en las que se interesaba por las medidas adoptadas para adaptar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) a la legislación comunitaria, así como por el número de Programas de Actuación Integrada (PAI) aprobados según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) desde que el 21 de marzo del 2005 la Comisión informara del expediente de infracción abierto contra esa normativa por estimar que incumplía las leyes de la UE. Calabuig también solicitaba saber las medidas tomadas para evitar adjudicar PAI según la LRAU a partir de esa misma fecha.

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El PSOE planea que el Estado vuelva a intervenir en el ordenamiento urbanístico

El PSOE presentará hoy un decálogo de medidas contra el "desarrollo urbanístico salvaje" y promoverá cambios legislativos para que el Estado intervenga, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, en la ordenación del territorio. Para lograr ese objetivo, los socialistas aprovecharán la reforma de la Ley del Suelo, en tramitación en el Congreso, y su programa para las próximas elecciones municipales y autonómicas. En su oferta electoral incluirán la propuesta de crear comisiones mixtas formadas por el Estado, comunidades autónomas y áreas metropolitanas.

Además de la reforma de la Ley del Suelo presentada por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, el pasado mayo y que se encuentra en el Congreso en fase de presentación de enmiendas, el PSOE prepara un bloque de propuestas, que detallará en su programa electoral municipal, para frenar "el urbanismo especulativo". Esa parte del programa, dirigida por el responsable de Ciudades, Álvaro Cuesta, cuenta ya con numerosas aportaciones para perfilar "una nueva política urbanística y del territorio". La cúpula del PSOE estima que están saliendo a la luz escándalos de corrupción porque el Gobierno ha activado mecanismos "dormidos o inexistentes" para combatirla.

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El PSOE aprobará hoy diversas medidas contra el ´urbanismo salvaje´ y la ´especulación urbanística´


La dirección del PSOE aprobará hoy un decálogo de medidas contra el "urbanismo salvaje" y la "especulación urbanística" en el que se plantea la necesidad de una gestión racional del suelo "acabando con la política que potenció el PP durante sus 8 años de Gobierno de urbanismo incontrolado", según informaron fuentes de la Ejecutiva socialista.

A su juicio, fue esa "estrategia" de los gobiernos ´populares´ la que provocó los "casos de corrupción" actuales.

Aunque ayer el secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, avanzó que el PSOE formularía el lunes una propuesta al PP para acabar con la corrupción urbanística, finalmente el decálogo que verá la ´luz verde´ hoy será asumido por el partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero y, según Europa Press, no se planteará al resto de los partidos en términos de pacto. Eso sí, la dirección socialista cree que todas las formaciones deberían asumirla y "muy especialmente el PP".

La dirección socialista insiste en la tesis defendida por Blanco, esto es que la situación de corrupción que se está dando "es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo" y de que "se había vaciado de contenido la Fiscalía Anticorrupción".

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El fin de la tregua de Rajoy

Rajoy se lo preguntó a Zapatero en la sesión de control del 19 de octubre de 2005: “Opinión del Gobierno sobre si se está dando respuesta a los problemas reales de los españoles”. La pregunta parecía un poco tonta –lo normal es contestar que sí- pero encerraba dos dificultades añadidas. La primera era determinar cuáles eran esos problemas reales; la segunda, averiguar qué entendía Rajoy por “los problemas de la gente”. Cabría pensar que cada miércoles en el Congreso Rajoy, como un certero barómetro ciudadano, ha puesto el dedo en la llaga de esos problemas, en el entendimiento de que lo que preocupa a la gente desazona al líder de la oposición. El resultado es el siguiente: los dos grandes problemas de los españoles son, por este orden, ETA en sus distintas variantes (Batasuna, negociación, rendición) y el Estatuto de Cataluña.

De las 51 preguntas formuladas por Rajoy a Zapatero desde mayo de 2004, no menos de diez han tenido como argumento el terrorismo y a Batasuna y otras tantas se ha centrado en el ‘problema catalán’. ¿Cuántas veces ha preguntado Rajoy por la inmigración? Dos. ¿Por el problema del agua? Una. ¿Por la vivienda? Una. ¿Por la educación? Una. ¿Por el empleo? Una, y en octubre de 2004. El resto versan sobre asuntos exteriores (3), economía (reforma fiscal, Presupuestos, operaciones empresariales...) y Justicia (3), fundamentalmente. En consecuencia, dos son los grandes problemas, porque uno no va a dudar a estas alturas del olfato del presidente del PP. El resto, o son problemillas o son irreales o no son problemas de los españoles.

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