lunes, octubre 30, 2006

El basurero, su gorila y las grabaciones secretas

De pequeño, Ángel Fenoll recogía la basura en el carromato de su padre. Ahora es dueño de un imperio adornado por 16 tigres y tres leones, hipopótamos, osos, vacas escocesas, burros de Afganistán y un gorila llamado Paco cuya principal habilidad es lanzar con mucho tino sus propios excrementos. Durante años, Fenoll, un empresario de Orihuela afín al PP, ha ido grabando todas las conversaciones comprometidas que mantenía con sus mentores políticos y justo ahora -en pleno auge de la corrupción inmobiliaria- las está sacando poco a poco, dejando al descubierto que lo sucedido en Marbella no es más que la versión glamourosa de un sistema muy extendido de corrupción en el que, bajo distintos nombres, se repiten idénticos personajes: el político que se vende a cambio de maletines, el especulador que paga a precio de oro la recalificación de sus terrenos, el constructor que soborna a quien aumente el volumen de edificación, el funcionario que avala con su firma todas esas prácticas fraudulentas... Al sentirse abandonado por los dirigentes del PP, para quienes en el pasado compró votos y hasta falsificó facturas, Fenoll está lanzando con mucha precisión toda la basura que ha venido grabando durante años. Es su manera de blindarse, de sentirse más seguro. Como Paco, el gorila, en su jaula.

-Nati, saca una bandeja de pasteles para estos señores.

Fenoll no es de los que se esconden. Hay quienes, una vez alcanzado cierto poderío económico o social, corren a borrar el pasado que les estorba. Él, en cambio, se enorgullece de su estirpe gitana, de haber juntado más de 200 animales salvajes en su planta de vertidos y hasta de llevar toda la vida en el negocio de la basura sin haber conseguido decir la palabra residuo sin comerse la u. "Tengo bisontes americanos, hipopótamos de 1.500 kilos, alces, zorros y hasta mofetas operadas para que no huelan". Tampoco se esconde de la manera en que de unos meses para acá está intentando blindar sus intereses.

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DOS EDILES DEL PP DE TORRELODONES DENUNCIAN A ANTICORRUPCIÓN LAS CORRUPTELAS DE SU PARTIDO ANTE LA CALLADA DE AGUIRRE.

Hoy sabemos que los dos concejales del PP de Torrelodones presentaron pruebas de las supuestas irregularidades del alcalde popular al partido y que Esperanza dió la callada por respuesta. El secretario regional del PP en Madrid por su lado, Francisco Granados, dijo que no les habían presentado ningún documento, luego, una de los dos partes miente. Pero pasa que las pruebas las tienen los ediles, con lo que Granados y el PP madrileño se encuentran en una situación incómoda: ¿financiación irregular del Partido Popular con los convenios urbanísticos?

Uno de los concejales del PP de Torrelodones (Madrid) que ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades urbanísticas en esta localidad, trasladó la documentación al secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados y envió una carta a Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad del Madrid, y a Mariano Rajoy, el presidente del PP. Es decir, todas las instancias han conocido las corruptelas y las han tapado sin ningún tipo de rubor. Doble rasero como siempre decimos, mientras que la más mínima sospecha en el PSOE conlleva la expulsión y el cese, los populares legitiman y protegen a los corruptos de su partido. ¿Puede el PP dar lecciones de moral a otros partidos?

Y es que Granados dijo el sábado que había sido informado pero que no recibió documentos que probaran la supuesta corrupción. "Por supuesto, entregamos pruebas a Granados" y además, "el promotor fue en persona", dice Jesús María Pacios, quien añade que él y su compañero denunciante dijeron a Granados que si éste resolvía el asunto, devolverían sus actas de concejales. Granados tendrá que explicar muchas cosas en un juzgado proximamente y como mínimo, dimitir políticamente. Porque con su actitud ha legitimado la corrupción de su partido y las sospechas sobre financiación irregular son más que evidentes si lo que se cuenta es cierto.

Antes de dirigirse a la Fiscalía, uno de los concejales denunciantes se dirigió a la sede del partido, en Madrid. Allí destapó el supuesto chantaje a constructores y la exigencia de pagos a empresarios que realizaron los líderes del este partido en el ayuntamiento de Torrelodones. El destino de ese dinero sería la financiación del PP. ¿Esperanza Aguirre estaba informada? Parece que sí. Todo empieza a cuadrar y la dimisión del parece una señal más evidente de lo que a Consejero PortoE$pe se le viene encima; mientras tanto, sería un detalle expulsar y cesar a los implicados, empezando por el secretario general del PP madrileño, ¿no Espe?

La otra concejal, Reyes Tintó, denunciante asegura que ha perdido el puesto de directora de un colegio religioso de localidad por orden del actual alcalde popular. ¿Encima palos a los que honradamente denuncian la corrupción? ¿Es que el PP madrileño castiga a sus militantes honrados y premia a los corruptos? Parece que sí, de nuevo. En este asunto, el PP ha terminado por demostrarnos que no solo no condenan la corrupción y exigen responsabilidades a sus ediles, si no que la amparan y la protegen con celo. Que la Fiscalía investigue y tire del hilo ya. Mientras tanto, aquí teneis la entrevista en EL PAIS con los dos ediles del PP.

Visto en La Sombra de Aznar

Nueva protesta vecinal por la privatización de una playa en Altea

Los vecinos de L'Olla d'Altea realizaron ayer una nueva protesta contra lo que consideran una "privatización encubierta y progresiva de la playa de L'Olla". El colectivo reunió 3.000 firmas de apoyo contra el "urbanismo desaforado, irregular y abusivo", que consiguió levantar hace unos años una urbanización de lujo en el paraje de Villa Gadea, tras lo cual Costas decidió cerrar el tráfico de vehículos a la playa. Este enclave era visitado por pescadores y familias que accedían con el coche hasta la orilla.

Visto en El País

El incendio forestal en Confrides calcina más de cinco hectáreas de pinar

Un incendio en el término municipal de l´Abdet, una pedanía de Confrides, ocasionó ayer la quema de más de cinco hectáreas de pinar adulto en «una zona de difícil acceso ubicada en las inmediaciones de la carretera que une los municipios de Confrides, Abdet y Benimantell», tal y como apuntaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Desde las 22.45 horas del sábado, ocho vehículos de Bomberos y tres brigadas forestales se desplazaron hasta la zona afectada para atender las tareas de extinción que se prolongaron hasta las 7 horas de ayer.

Unas dos horas después de que se iniciara el fuego, el Consorcio de Bomberos amplió el números de dotaciones debido a la importancia del incendio.

Un total de diez vehículos -entre ligeros y autobombas- y cerca de veinticinco efectivos de bomberos procedentes de Alcoy, de Benidorm y de Dénia permanecieron en el lugar del suceso durante la madrugada de ayer con el objetivo de controlar el fuego; hecho que se produjo sobre las 2.30 horas.

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Benejúzar: El Ayuntamiento derriba dos chalés ilegales en la huerta tras 3 años de pleitos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benejúzar ha anunciado el derribo en los próximos días de dos chalés de 120 metros cuadrados, huerto y uno de ellos con piscina ubicados en la zona de huerta conocida como La Vereda, colindante al término municipal de Orihuela. Las viviendas se encuentran prácticamente construidas, pero la paralización de las obras bloqueó que estuvieran acabadas para su posterior ocupación.

El Consistorio procederá así al restablecimiento de la legalidad urbanística, después de tres años de pleitos con la promotora Explotación Rústica Chimo 2010, que recurrió judicialmente el decreto de 16 de abril de 2003 por el cual se acordó la demolición de las obras por carecer de la preceptiva licencia. A mediados de 2004, el fallo del tribunal de lo Contencioso Administrativo número uno de Elche mantiene la orden de derribo por entender que se trata de una infracción urbanística grave y obliga al pago de la multa por carencia de licencia en el momento de la construcción. Según el edil José Antonio Martínez Martínez, un nuevo recurso, que volvió a dar la razón al Ayuntamiento, paralizó hasta tres años la orden de derribo.

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Los ecologistas exigen que la desaladora de l´Alacantí no se destine a usos urbanísticos

Los ecologistas han alegado ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) contra la desaladora de Alicante-Marina Baixa, reclamando que el caudal que se obtenga de esta planta sirva para sustituir el agua procedente de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, de la que se abastece parte de la comarca de l´Alacantí. Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, la Colla Muntanyenca de El Campello y Ecologistes en Acció han presentado alegaciones a los proyectos informativos de desalación y obras complementarias, así como a sus estudios de impacto ambiental, de esta planta, cuya ubicación aún no se ha decido si será en El Campello o en Mutxamel. Los conservacionistas solicitan a la CHJ que el agua obtenida en la futura estación de l´Alacantí se vincule de forma prioritaria a la recuperación de los acuíferos del Vinalopó. Explican que en la documentación oficial consultada se justifica la construcción de la planta en la sobreexplotación de los pozos de los que se abastece en parte l´Alacantí, unos acuíferos situados en el Alto Vinalopó, pretendiéndose liberar recursos subterráneos de dichos acuíferos.

«En nuestra opinión, más que de liberación de recursos debiera hablarse de sustitución de recursos, de modo que conforme se produzcan recursos en la desaladora se dejen de extraer caudales de esos acuíferos sobreexplotados a fin de que se posibilite su recuperación. Por ello pedimos que se establezca un calendario concreto de reducción de extracciones de los pozos del Alto Vinalopó de los que actualmente se derivan aguas subterráneas a l´Alacantí para abastecimiento, fijando los caudales a dejar de extraer y vinculándolos con la progresiva puesta en funcionamiento de la planta desaladora», destacan. Insisten en que «el agua desalada no debe destinarse a crecimientos urbanísticos insostenibles que están planteándose en las comarcas de l´Alacantí y Marina Baixa, entre los que podemos destacar el PGOU de El Campello, con 30.000 nuevas viviendas -que supondrá una demanda extra de 10 hm 3 anuales- o el plan Rabasa de Alicante, con 15.000 viviendas -5 hm 3 anuales más-». Sólo entre ambos planes se incrementaría la demanda de agua potable en 15 hm 3 al año, casi la totalidad de la capacidad de producción que tiene prevista la planta en 2015 (17,5 hm 3 anuales). Los conservacionistas insisten que «ambos planes deberían ser informados negativamente por la CHJ, al generar una demanda de agua que podría hipotecar la viabilidad del sistema proyectado».

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"Hay que demoler las viviendas ilegales"

En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas bajo un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. En el último año y medio, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 de estas construcciones, 24 al día. Y eso no es nada: sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias, Cantabria... Los dueños dormían tranquilos porque, con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas. Rara vez los jueces forzaban la demolición y la fiscalía aceptaba la situación. Hasta ahora. El recién nombrado fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, 53 años), anuncia una interpretación más restrictiva del Código Penal con un fin: "Hay que demoler", anuncia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas viviendas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados al comprar. Es la nueva filosofía.

Antonio Vercher Noguera, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tiene como misión coordinar a los fiscales de toda España en la defensa de la naturaleza y en la lucha contra los incendios, los vertidos ilegales, la contaminación acústica y todos los delitos contra la ordenación del territorio, excepto las grandes tramas de prevaricación urbanística, que corresponden a la Fiscalía Anticorrupción. Formado en Cambridge y Harvard, Vercher tendrá a su cargo guardias civiles y policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas en la fiscalía, recién creada por el Gobierno para atajar la proliferación de escándalos urbanísticos. El fiscal apuesta por "demoler las viviendas ilegales" a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal. Vercher recomienda a los compradores que comprueben en el registro que todo está en orden antes de adquirir una vivienda.

Pregunta. Desde que se detecta una infracción urbanística hasta que llega la sentencia que ordena una demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda más remedio que consolidar la situación. ¿Qué va a hacer?

Respuesta. Es cierto. Desde la Fiscalía del Estado se trata de buscar soluciones más prácticas mediante la aplicación del artículo 319.3 del Código Penal, es decir, la demolición. La fiscalía considera además que la demolición es un tema que hay que replantearse y que hay que buscar fórmulas que sirvan para que sea aplicable.

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"Hay que proteger el paisaje y a los paisanos"

Entre la infinidad de méritos de Manuel Nieto (Granada 1949) está haber incorporado la variable medioambiental en los primeros trabajos de ordenación del territorio. En 1988 fundó Evren, una prestigiosa consultora de ingeniería medioambiental habilitada por la Unión Europea, que ahora efectúa las actuaciones medioambientales de la CHJ, así como la evaluación ambiental estratégica de los planes de cuenca para el Ministerio de Medio Ambiente y del PAT de l'Horta para Territorio.

La consultora dirigida por Manuel Nieto ha realizado 1.200 trabajos, por dos de los cuales sus clientes han obtenido los premios nacionales de Medio Ambiente. Sobre la mesa tiene, como si se tratara de un alegato, el discurso de ingreso en la Real Academia de Miguel Delibes, Un mundo que agoniza.

Pregunta. ¿Comparte ese título?

Respuesta. Estamos bastante mal. Actuamos sobre la Tierra con mucha irresponsabilidad, hay preocupación social con reflejo político y en consecuencia no estamos mal abastecidos de leyes, reglamentos, programas y políticas que pretenden corregir el rumbo. Lo que pasa es que las correcciones son posibles a escalas locales, pero a nivel planetario es mucho más difícil.



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Pelotazos patrióticos

La cosa está clara: la entidad privada Sociedad Deportiva Valencia CF quiere construir un nuevo estadio en una parcela de suelo público, situada en la avenida de las Cortes Valencianas, para lo cual el Ayuntamiento de Valencia deberá proceder a su recalificación. Los costes de ese nuevo estadio, la citada sociedad deportiva quiere obtenerlos de la edificación en el terreno del actual campo de Mestalla. El importe del nuevo estadio está cifrado en 200 millones de euros. Los beneficios que obtendría por el Valencia serían de unos 300 o 500 millones, lo que le permitiría sufragar los costes del nuevo estadio y embolsarse, en efectivo, entre 100 y 300 millones. No es mala operación. Claro que, para ello, necesita la colaboración del Ayuntamiento. Primero, para que proceda a la recalificación del suelo en la avenida de las Cortes Valencianas. Y segundo, que se le permita por el Ayuntamiento una edificabilidad adecuada en los terrenos del actual Mestalla. Adecuada para que al presidente de la Sociedad Deportiva Valencia CF, Juan Soler, no le fallen sus cálculos. Cálculos que son estos: 89.380 metros cuadrados para construir 750 viviendas y una gran área comercial. Para esto se tendrían que incluir las calles adyacentes al actual campo de fútbol, si el Ayuntamiento se lo permite. ¡Por favor! ¿Cómo se va a negar doña Rita Barberá a que se lleve a cabo este pelotazo patriótico?

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