viernes, junio 23, 2006

Cinco años en el Síndic de Greuges

Han transcurrido más de dos meses desde que pasé mi última jornada de trabajo en la sede alicantina del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y no quiero dejar que pase más tiempo sin hacer públicas algunas consideraciones y reflexiones que, a través de estas líneas, someto a la consideración de los lectores.

Lo primero y principal que debo de poner de manifiesto es mi profundo agradecimiento a la gran cantidad de ciudadanos, asociaciones y organizaciones cívicas que me han hecho llegar su ánimo, su apoyo, su gratitud o simplemente su cariño, por lo que ellos han entendido ha sido una labor bien hecha desde la Institución a favor de sus demandas y derechos. En algunas ocasiones, esas palabras han ido teñidas de elogios excesivos, con los que exactamente no me identifico, pero que recojo, no en su sentido literal, sino como muestra de reconocimiento al trabajo, intenso y extenso, de todo un lustro de vida al frente del defensor del pueblo valenciano. Ni qué decir tiene que todo ese cariño y apoyo lo comparto gustoso con el personal que ha estado trabajando a mi lado en el Síndic, porque mi labor ha sido, lógicamente, la de un director de orquesta, pero quien hacía sonar los instrumentos eran ellos y ellas. No sé qué les deparará el futuro profesional al equipo de asesores jurídicos, a la jefa y a la asesora de prensa del gabinete del Síndic, a las y los oficiales de gestión, a la responsable de los asuntos económicos, al responsable del servicio de informática, a la bibliotecaria-documentalista, a la traductora de valenciano, a las asesoras del ciudadano, a los secretarios y secretarias personales del Síndic y de los Adjuntos o al conductor y al ujier, pero les puedo asegurar que, hasta este mismo momento en el que siguen desarrollando su labor, ese conjunto de personas constituye uno de los mejores equipos profesionales con los que cuenta la Administración pública de la Comunidad Valenciana. Y no sólo por su competencia profesional y su ciencia, sino porque, humanamente, han demostrado una lealtad a la Institución, una generosidad y una capacidad de compromiso, más allá de lo exigible. Quizás por eso, por su riqueza humana, ha sido para mí un placer conocerles y es un orgullo contar con ellos como amigos míos.

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Las obras del puerto deportivo Luis Campomanes al TSJ


Ecologistas en Acción del País Valenciano, Greenpeace y WWF/Adena han denunciado el incumplimiento de las medidas ambientales por parte del promotor Marina Greenwich S.A. Impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Consellería de Territori i Habitatge en 2002 en el proyecto de ampliación del Puerto Deportivo Luis Campomanes en Altea (Alicante). Durante todo el verano han continuado los trabajos de aterramiento de materiales sobre la playa situada al norte del espigón del actual puerto de Campomanes, en contra del condicionado de la D.I.A., que posibilitó la adscripción del dominio público marítimo-terrestre por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Estos hechos y la trasgresión de diversa legislación en la tramitación del expediente administrativo, han motivado que el pasado 11 de octubre las organizaciones ecologistas interpusieran un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la aprobación del proyecto de ampliación del Puerto Deportivo Luis Campomanes por parte de la Conselleria de Infraestructuras, solicitando la anulación del mismo y la restauración del medio ambiente alterado(...)

Más en Ecologistes en acció

Los ecologistas recurren ampliar el puerto de Campomanes

Ecologistes en Acció, WWF-ADENA y Greenpeace han presentado conjuntamente ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana un recurso contencioso administrativo contra el proyecto de ampliación y explotación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea, (Marina Baixa) por las "graves infracciones del procedimiento legal y por los graves impactos ambientales".

En el recurso se afirma que se ha vulnerado la legislación medioambiental, la Ley de Costas, y la legislación urbanística y comunitaria en la concesión administrativa para su ampliación y explotación, así como la adjudicación a la empresa Marina Greenwich. El proyecto contempla duplicar el número de amarres, de 520 a 1.062, y crear una zona comercial de 16.000 metros cuadrados. Aunque la intención de los promotores era que el puerto estuviera en pleno funcionamiento este año, coincidiendo con la Copa América, los trabajos se han bloqueado al fracasar las pruebas realizadas en mayo de 2005 de trasplante de muestras de posidonia (algas marinas). Costas condicionó la ejecución del proyecto al éxito del traslado y salvamento de este bosque marino de gran valor que quedaría sepultado con la ampliación, pero según los ecologistas, tres informes distintos han confirmado sus argumentos y las escasas posibilidades de supervivencia de las plantas, lo que mantiene en punto muerto la ampliación.

El recurso al TSJ se fundamenta en informes elaborados por las Universidades de Alicante, Almería y las Islas Baleares. El primero de ellos indica que se destruirían decenas de hectáreas de praderas de posidonia y se verían gravemente afectadas las playas situadas junto al puerto. El portavoz de Ecologistes en Acció, Carlos Arribas, destacó que la empresa promotora "no ha aportado el preceptivo estudio de impacto ambiental de la solución finalmente elegida para el puerto", y que la consejería de Territorio "no ha evaluado correctamente ni los impactos ambientales ni el estado de las praderas de posidonia existentes". El trasplante de matas de posidonia es, a juicio de Arribas, "una pretensión insostenible que está condenada al fracaso, dada la dificultad de reimplantación y agarre de esta especie". Ecologistes en Acció destaca además la "inviabilidad económica de la solución", ya que el coste de tal actuación puede alcanzar, según sus cálculos, del orden de entre 200 y 400 millones de euros.

"Graves infracciones"

En el recurso también constan las "graves infracciones" que se han producido en el procedimiento, ya que "se ha omitido notificar a los interesados personados en el procedimiento respecto de los trámites que se han ido sucediendo, con la indefensión jurídica que ello implica", explica Carlos Arribas. Entre las irregularidades que denuncian figura la omisión de la realización de los trámites de información pública y el incumplimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Visto en El País

Benidorm: Amor reúne a Pérez Fenoll y Moll para escenificar una tregua en la crisis del PP

El PSOE dice que la unión se demostrará si el alcalde se somete a un voto de confianza

La presidenta del Partido Popular de Benidorm, Gema Amor, hizo ayer un nuevo intento para apaciguar la crisis en la que se halla el grupo municipal del PP reuniendo al alcalde, Manuel Pérez Fenoll, y al primer teniente alcalde, Salvador Moll, para llamarles al orden y manifestarles «la importancia de estar unidos». El encuentro tuvo lugar a las nueve de la mañana en un despacho del Ayuntamiento de Benidorm y se prolongó durante cerca de cuarenta minutos. Pero ahí no quedó todo. Después de la reunión, los tres protagonistas salieron del Consistorio, cruzaron juntos de punta a punta la plaza de Sus Majestades los Reyes de España y compartieron un café en un bar cercano al Ayuntamiento, con el fin de que la tregua no quedara únicamente de puertas hacia adentro sino que fuera visible para una gran mayoría.

Más en Diario Información

Propietarios de un edificio denuncian presiones para vender sus viviendas

Propietarios del edificio Marabayu, paralizado por el Ayuntamiento alteano por infracción urbanística desde el año 2000, han denunciado presiones por parte de algunas empresas para que vendan las viviendas que adquirieron en su día al mismo precio que pagaron a la promotora. Para hoy está prevista una reunión entre los propietarios de la veintena de viviendas construidas en este inmueble con empresarios para ultimar esta venta, aduciendo que está pendiente de vencer el hipoteca que sobre el inmueble tenía suscrita una entidad bancaria.

Algunos de estos propietario han puesto los hechos en conocimiento del equipo de gobierno municipal, quien les ha expresado todo su apoyo y la decisión de defender los intereses de los ciudadanos afectados, incluso por la vía judicial, para exigir a la promotora, técnicos y asesores las indemnizaciones por los daños ocasionados al no haber recibido aún sus viviendas por hallarse paralizada la construcción del inmueble por infracción urbanística.

El Ayuntamiento de Altea inició a principios de año el expediente de demolición del mencionado edificio Marabayu. Tras un levantamiento topográfico por los técnicos municipales, se ha comprobado que el citado inmueble, construido en el casco antiguo de Altea entre las calles Santa Teresa y Calvario, acumula un exceso de edificación de más de 600 metros, casi la superficie de una plata entera del bloque de viviendas.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril del pasado año obligaba al Consistorio a dar licencia a un nuevo proyecto presentado por la promotora, «pero no a las obras ejecutadas».

Visto en Diario Información