Las fosas comunes, en el juzgado

La tenaz desmemoria de la represión franquista esta siendo desbancada de su púlpito de honor. Más allá del 70 aniversario de la capitalidad republicana de Valencia, celebrado en diversos actos a merced de la iniciativa de asociaciones de tamiz progresista y sindicatos y sin el apoyo de la administración local, el dossier del olvido se paseó ayer por los tribunales. El juicio por la decisión del Ayuntamiento de Valencia de construir 1020 nichos sobre una de las fosas comunes del cementerio general de la ciudad, donde según la asociación Fòrum per a la Memòria del País Valencià fueron sepultadas víctimas republicanas de la represión, comenzó sus andadas en el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Valencia.

El recurso que dio lugar al actual proceso judicial, presentado por el Fòrum, estuvo motivado por la reiterada negativa consistorial a paralizar unas obras que podrían haber acabado con las pruebas físicas de esa barbarie y que pasaban por encima de la merecida consideración de difuntos de otras épocas, cuyos restos no habían sido exhumados y todavía descansaban en ese lugar. El equipo de Gobierno local, presidido por la popular Rita Barberá, hizo caso omiso de las peticiones del Fòrum y de la oposición -PSPV y EU- a este respecto y la concejal de cementerios, María Jesús Puchalt, afirmó que no había "restos humanos que investigar porque se hacen exhumaciones continuas".

A principios de mayo las máquinas de la contrata Secopsa entraron en la sección séptima del recinto fúnebre y empezaron a remover la tierra de parte de la fosa, concretamente del cuadro tercero y cuarto. Poco después, la juez decretó la paralización cautelar de esos dos cuadrantes -una de las reclamaciones de la asociación- pero Secopsa siguió sus trabajos en las parcelas 1 y 2, colindantes con las anteriores y también afectadas por la sepultura colectiva. La extracción de tierra de esa zona desató el escándalo: la contrata trasladó restos óseos allí encontrados y los tiró a la cantera de Sagunto. Las amenazas de PSPV y EU de recurrir a la vía judicial convencieron a Barberá de parar las máquinas también en esa zona.

"Yo vi restos óseos en la superficie de la tierra", afirmó ayer el concejal socialista Matías Alonso, en relación con los cuadrantes 3 y 4, tras declarar en el juzgado. La versión del edil de EU-L'Entesa, Antonio Montalbán, quien también compareció en calidad de testigo, coincide plenamente con la de su homólogo del PSPV. "Aparecieron en cuanto empezaron a remover la tierra", precisó. Según Montalbán, Barberá "pretendió hacer un atajo y burlar el gasto que significa hacer una simple exhumación". Ambos ediles expresaron su deseo de que el contencioso atribuya "de una vez por todas" las responsabilidades políticas pertinentes y no paguen por lo sucedido "los técnicos y los operarios de la contrata" que, a su modo de ver, no son quienes toman las decisiones.

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El franquismo y el Partido Popular.


Asociación para la recuperación de la memoria histórica

La huerta de Alboraia

Transformadas por el trabajo humano a lo largo de milenios, nuestras huertas litorales están pasando de ser una diosa de la fertilidad a un residuo. Residuo en el doble sentido: escasas por arrasamiento y despreciadas porque las tratamos como si no tuvieran valor alguno (por poner un ejemplo, de la de Alicante no queda nada). Han sido, sin embargo, un recurso vital y han constituido un paisaje. En los parajes donde subsisten y no se han visto invadidas por contenedores, cementerios de desechos, factorías o adosados, aun son un territorio triplemente interesante: recurso productivo, pulmón verde y belleza asequible.

La obstinación en convertirlas en historia arqueológica es persistente. Uno de sus más recientes avatares es el propósito del Ayuntamiento de Alboraia de proceder a una reclasificación decisiva del territorio de huerta que se mantiene en producción. En primera línea de su franja costera existe un tramo que ocupan, inapropiadamente, unas importantes empresas comerciales, terrenos que pasarían a ser suelo residencial, mientras ellas los venderían y se trasladarían a la conocida como partida de Vera, una de las zonas de la huerta situada al sur del término y del barranco del Carraixet. ¿Quién gana con todo ello?

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El líder del PSPV de Benidorm, imputado por oponerse a un desahucio

El portavoz del PSPV en Benidorm, Agustín Navarro, ha sido imputado por la titular del juzgado número 7 de Benidorm por un presunto delito de prevaricación por un acuerdo plenario relacionado con el desahucio de una vivienda. Navarro acaba de ser desingnado candidato de los socialistas a la alcaldía de Benidorm para los comicios de 2007.

Ayer la juez no pudo interrogar al edil debido a un error en la citación, ya que tanto él, como el secretario y el interventor municipal, en representación de todo el grupo, habían sido llamados como testigos. Sin embargo, Navarro figuraba en la diligencias como imputado. La magistrada tomará declaración al portavoz socialista el próximo 7 de noviembre.

La imputación de Navarro se remonta a un pleno municipal de agosto cuando se debatía el desahucio de un vecino de una vivienda por parte del Ayuntamiento de Benidorm. El grupo municipal socialista, en la oposición, sacó adelante una moción que defendía y que restituye el derecho al afectado a usar la casa, merced a la ausencia de 6 ediles del PP, en el gobierno con mayoría absoluta. El grupo popular consideró "ilegal" la propuesta al entender que se planteaba la cesión de la propiedad, cuando según los socialistas "en ningún momento se habla de devolver la propiedad, sino de restituir el derecho al uso de la casa hasta que se resuelve el recurso presentado por el afectado".

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La Vila: El PSPV asegura que la Guardia Civil ha denunciado construcciones en suelo protegido

El portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, Gaspar Lloret, afirmó ayer que ante «la pasividad» del alcalde, José Miguel Llorca, la Subdirección General de la Guardia Civil «ha remitido oficio de denuncia por construcciones en suelo no urbanizable y de protección paisajística en la Partida del Carabassot, carentes de licencia de obra», según informaron en un comunicado fuentes del grupo.

Lloret aseguró que Llorca es «especialista en no querer ver las infracciones urbanísticas que se están dando en nuestra ciudad» aludiendo a casos como «el hotel Atrium Beach, chalés en el acantilado de la playa Bol Nou, locales comerciales efectuados sin licencia y planes parciales de mejora suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia», a los que «se suman ahora casos fragantes de incumplimiento de la legislación del suelo no urbanizable».

En este sentido, indicó que «la Guardia Civil ha remitido oficio de denuncia por construcciones en suelo no urbanizable y de protección paisajística en la Partida del Carabassot, carentes de licencia de obra». Para Lloret , «el alcalde está permitiendo que este pueblo se convierta en una ciudad sin ley respecto a un urbanismo depredador y repetidamente está demostrándolo».

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Vecinos de Xaló denuncian la subida de hasta un 400% del valor catastral de sus casas

Un grupo de vecinos de Xaló envió ayer a los medios de comunicación un escrito anónimo en el que denuncian que en determinadas partidas rurales «se ha elevado el valor catastral de los inmuebles hasta un 400%». Una circunstancia que ha supuesto a los vecinos el pago de cuotas «muy superiores a las que se están pagando en el casco urbano». Estos ciudadanos se han tomado la libertad de tildar de «catastrazo» la subida _a pesar de que no es fruto de una revisión catastral_ y aseguran que ya han presentado recursos administrativos contra esta decisión.

El alcalde de Xaló, Cèsar Civera, del Bloc, aseguró a este diario que lo único que ha cambiado es que «antes algunos chalés en suelo urbano pagaban como suelo rústico y ahora ya no». «Era injusto que antes unos pagaran como suelo urbano y otros no a pesar de que el suelo tenía la misma calificación». Civera afirmó que la revisión y actualización de las cuotas era una cuestión de «justicia democrática».

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Parcent: Los vecinos rechazan los PAI y ocultan sus nombres para evitar represalias

La plataforma «Veïns de Parcent» presentó ayer en la Comisión Territorial de Urbanismo de Alacant las alegaciones al concierto previo del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, en el que se contemplan los tres planes urbanísticos. Los tres PAI supondrán la construcción de 1.800 nuevas viviendas en plena montaña y provocarán que su actual población pase de los 1.000 habitantes a los 10.000. El plan más agresivo de los tres que aprobó el PP a principios de año está ligado al afamado cantante Julio Iglesias.

Más del 50% de la actual población de este pequeño municipio del interior de la comarca ha apoyado las alegaciones presentadas por «Veïns de Parcent». De hecho, la plataforma ha dado fe del apoyo de los ciudadanos con 528 firmas de vecinos y propietarios, personas vinculadas de forma directa con la futura planificación urbanística del municipio. No obstante, el colectivo se ha tenido que acoger a la ley de protección de datos para evitar que la Coselleria de Territorio transmita los nombres que identifiquen a los vecinos al Ayuntamiento de Parcent ante el miedo a «represalias».

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Grupos cívicos achacan a la pasividad del Consell las casas ilegales en El Hondo

La Coordinadora La Vega Baja no se Vende responsabilizó ayer al Consell de la proliferación de casas ilegales en el perímetro de protección del parque natural de El Hondo, así como de indiscriminada edificación en el resto de suelo agrícola de la mayoría de los municipios de la Vega Baja. La entidad denunció la ausencia de un plan para proteger la huerta. La oposición también se sumó a estas críticas y achacó a la política del Gobierno del PP las viviendas ilegales en decenas de municipios valencianos. El Consell anunció que se personará en la investigación judicial sobre el caso Catral.

La Coordinadora La Vega Baja no se Vende -entidad que aglutina una veintena de colectivos cívicos y conservacionistas de la comarca- se constituyó en abril de 2005 para alegar al Plan de Acción Territorial de la comarca y como reacción a la proliferación de proyectos urbanísticos que afectan a espacios naturales de la comarca, como la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor. El colectivo calificó como "un gesto con vistas a la galería" la iniciativa de la Consell de suspender las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral por la construcción de unas 1.200 casas ilegales en suelo agrícola.

El portavoz de la coordinadora, Miguel Ángel Pavón, subrayó que "gran parte" de la responsabilidad de esas edificaciones recae en el Consell. Pavón denunció que la Administración autonómica no haya impulsado ninguna medida concreta para proteger la huerta, pese a estar previsto en el Plan de Acción Territorial de la comarca. "De esta forma las construcciones se hubieran limitado a las estrictamente de carácter agrícola", puntualizó.

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El PP de Burriana rechaza investigar un polémico PAI

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Burriana se negó ayer, en bloque, a votar a favor de crear una comisión de investigación sobre el polémico programa de actuación integrada (PAI) Pedrera Port. Ante un salón de plenos abarrotado, el alcalde, Alfonso Ferrada, argumentó que el reglamento no contempla este tipo de órganos y desvió el debate a las comisiones informativas de Urbanismo, en las que se tratan temas ordinarios.

El objetivo de la comisión, según el texto de la moción, era "dilucidar si ha habido tráfico de influencias y utilización e información privilegiada, así como la conveniencia y transparencia en la tramitación del PAI". En cualquier caso, Ferrada volvió a recurrir a las descalificaciones y a retar a ir a los tribunales a quienes consideren que en la adjudicación ha habido algún tipo de ilegalidad.

El PP votó en bloque a la moción presentada por la oposición en bloque (PSPV, Bloc y UV). En este caso, no tuvo la disidencia de la concejal Mariola Aguilera que, por este mismo procedimiento, provocó una crisis en el equipo de gobierno que obligó a intervenir al presidente del PP provincial, Carlos Fabra.

Alfonso Ferrada mantuvo que la rápida e inusual adjudicación del PAI "fue legal" y, aunque admitió "conocer" a uno de los adjudicatarios, Carlos Esteve, aseguró que la relación con éste no es de amistad. El alcalde de Burriana adjudicó el desarrollo de 700.000 metros cuadrados de una franja próxima a la costa, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. La adjudicataria, Corporación Inmobiliaria Albia, SA, había adquirido meses antes terrenos rústicos que, con la aprobación, se recalificarían como urbanizables. Más de un año antes, otro empresario presentó una propuesta para urbanizar parte del mismo terreno pero el PP no tramitó el expediente.

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Precintadas y en obras

Hay en el Camí La Mar de Almassora dos edificaciones que se están levantando sobre suelo no urbanizable de protección agrícola. Las construcciones han sido precintadas y sancionadas por el Ayuntamiento pero tales medidas no han sido obstáculo para que sus promotores sigan con la obra con total impunidad. Al contrario, el proyecto está cada vez más avanzado mientras el equipo de gobierno del municipio, del PP, pese a las reiteradas denuncias de la oposición, no adopta una determinación que zanje la ilegalidad.

Las primeras denuncias se realizaron hace más de cinco meses, entre febrero y marzo de este mismo año cuando, en un lugar visible y transitable como es uno de los caminos que unen el casco urbano de Almassora con la playa, detectaron movimiento de tierras en una superficie que está calificada como no urbanizable. Poco después el movimiento se convirtió en el inicio de una obra para la construcción de dos edificaciones. La denuncia, realizada durante una de las reuniones de la comisión de Urbanismo, tuvo como resultado la visita a las obras, la constatación de su ejecución en suelo rústico y la apertura de un expediente sancionador. Además, los funcionarios municipales procedieron al precinto de ambas obras con el fin de que no pudieran continuar. Así, se rodeó el lugar con cinta de policía y se colocó, en un lugar visible para todo el mundo, la advertencia de la ilegalidad. Sin embargo, de nada sirvió la medida y los promotores siguieron con su trabajo, para lo cual tuvieron que romper el precinto. Eso ocurrió en junio, y en septiembre el concejal del Bloc, Xavier Trenco, volvió a denunciar la pasividad de la inspección.

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Guardamar, Rojales y Elche son los únicos municipios que han derribado viviendas

A pesar de las miles de viviendas ilegales construidas en las comarcas de la Vega Baja y en el Bajo Vinalopó, la demolición de las mismas destaca por su ausencia, ante la inactividad municipal en primera instancia y de la Generalitat en segunda.
Los únicos tres ayuntamientos del sur de la provincia de Alicante que han decretado y ejecutado el derribo de viviendas ilegales por distintos motivos y en diversas situaciones han sido Rojales, Elche y Guardamar del Segura, los tres con equipos de gobierno del PSOE.
Además, en los tres municipios existen otros expedientes de infracción urbanística que se tramitan en estos momentos y cuyo fin es proceder a nuevas demoliciones.
En los casos de Guardamar del Segura y Rojales se han derribado hasta el momento cuatro viviendas ilegales al no contar con ningún tipo de licencia ni autorización.
Tres de ellas lo han sido en el primer municipio y las restantes en el segundo.

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El Seprona recibe órdenes de perseguir la construcción ilegal de la provincia tras el caso de Catral

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han recibido ordenes a raíz de la intervención del Consell en Catral, a cuyo Ayuntamiento gobernado por el PSOE ha retirado las competencias urbanísticas, para que intensifiquen las investigaciones en todo el territorio provincial, con el objetivo de detectar y abrir los correspondientes expedientes a todas las construcciones ilegales.

Por otro lado, el Seprona se encuentra investigando desde hace meses, al igual que en Catral, la construcción de cientos viviendas levantadas en suelo no urbanizable de la huerta de Dolores, en este caso una localidad gobernada por el PP. Los expedientes instruidos por la Guardia Civil están siendo remitidos al fiscal de Medio Ambiente y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Orihuela, es decir, donde también se investigan las más de 1.200 viviendas ilegales de la huerta de Catral, por un supuesto delito contra la ordenación del Territorio. Fuentes cercanas a los Juzgados de Orihuela explican que las diligencias podrían incluir, ademas, los supuestos delitos de cohecho y prevaricación contra responsables políticos.

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Caso Catral: El alcalde alegará la decisión del Consell y estudia querellarse contra González Pons

El alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, anunció ayer que presentará alegaciones contra la decisión de la Conselleria de Territorio y Vivienda de retirar las competencias urbanísticas de este Ayuntamiento al apreciar «defectos de forma» en la notificación.

Según señaló el alcalde, que calificó la medida adoptada por el Consell de «atropello», sus asesores legales han constatado en la notificación de la resolución que le entregó en mano el pasado martes el director territorial de la Conselleria en Alicante, Ramón Rizo, «defectos administrativos de bulto».

Rodríguez Leal se refirió a la última página de la resolución, donde se ordena el inicio de actuaciones para determinar los hechos susceptibles de sanción e identificar a los responsables de los mismos, todo ello «en el ámbito del suelo no urbanizable del término municipal de Catral respecto a las parcelas que quedan descritas en el anexo que se acompaña a la presente». El anexo aludido no le ha sido entregado por la Conselleria y sostiene que tampoco figura en la resolución la «motivación real» correspondiente al ámbito disciplinario.

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Catral recurrirá la suspensión de sus normas urbanísticas ( El Pais )

El Consell anuncia que se personará en el proceso judicial por el urbanismo de Catral

La Generalitat se personará en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela en relación a las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio de Catral, según informó ayer la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Por otra parte el secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, se refirió ayer a la situación urbanística de la Comunitat Valenciana, que calificó de «desastrosa», ya que «no se trata sólo de Catral, sino de decenas de miles de viviendas en muchos municipios en su mayoría gobernados por el PP».

De esta forma, el responsable socialista señala que este desastre urbanístico «no es fruto del azar y la casualidad, sino que es el resultado de once años de gobierno de Camps en la Generalitat, y ahora son precisamente los responsables los que se escandalizan».

En este sentido, Burriel afirma que el conseller de Territorio y Medio Ambiente, Esteban González Pons «se escandaliza de Catral mientras se tapa los ojos para no ver todas las causas judiciales pendientes por corrupción urbanística de muchos municipios gobernados por el PP», algo, que según afirma, «es fruto de la gestión del gobierno de Camps, que ha permitido, tolerado e impulsado ese tipo de urbanismo».

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‘Abusos Urbanísticos NO’ estudia denunciar el caso en Europa

Ya llevaron ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo cerca de 15.000 denuncias, según sus cálculos, sobre supuestos abusos urbanísticos en la Comunitat Valenciana.
Ahora, con el nuevo caso de irregularidades en el uso del suelo, la plataforma Abusos Urbanísticos NO (AUN) estudia llevar el caso ante los altos funcionarios de la Unión Europea (UE).
“Primero tendremos que estimar si existen pruebas que determinen la existencia de abusos a los propietarios de esas viviendas y en el caso de que sea así, no dudaremos en denunciarlo en Europa”, aseguró Enrique Climent, portavoz de la asociación.
El responsable de la plataforma aseguró que AUN “tratará de ayudar a todos aquellos vecinos que se hayan visto afectados” por la construcción de viviendas sin licencia.
“No queremos inmiscuirnos en el caso, pero si los vecinos solicitan nuestra ayuda podremos a su disposición nuestra logística y les recomendaremos a los mejores abogados en la materia”, apostilló el portavoz de la asociación.

Visto en Las Provincias



Los arquitectos reclaman mano dura contra las ilegalidades

El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ha pedido una "actuación ejemplar" contra los responsables de las construcciones ilegales. La junta de gobierno de este órgano profesional se reunió ayer en Alicante tras la decisión del Consell de suspender la normas urbanísticas al Ayuntamiento de Catral. El decano, Juan Castillo, resaltó que el Colegio no ha visado nunca edificiación alguna en suelo no urbanizable.

La junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana se desplazó ayer por la tarde hasta Alicante para analizar el escándalo de construcciones ilegales en la Vega Baja. A la cita acudieron ocho arquitectos municipales, entre ellos el del Consistorio de Catral, Luis Rocamora.

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La «Operación Malaya» busca tramas políticas en la provincia y en Murcia

La tercera fase de la «Operación Malaya», cuyas pesquisas ultiman el juez Miguel Ángel Torres y la Policía, abarcará la presunta implicación de altos cargos de partidos políticos nacionales, así como de las comunidades de Valencia y Murcia, en adjudicaciones de concursos, concesiones administrativas, subvenciones y recalificaciones urbanísticas.

La justicia trata de establecer si cargos públicos de las comunidades de Valencia y Murcia estarían implicados en presuntas actuaciones irregulares en las provincias de Alicante y Murcia que pudieran haber favorecido los intereses del cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, a través de su red de testaferros y empresas interpuestas.

Dichas fuentes indicaron que el juez Torres ha dividido el sumario en tres partes. La primera abarca los presuntos delitos cometidos por funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Marbella en actos administrativos. La segunda se centra en los presuntos delitos de blanqueo de capitales atribuidos a Juan Antonio Roca y su red de testaferros y sociedades.
Por último, la tercera fase, como queda referido, abarcaría la presunta implicación de altos cargos de partidos políticos nacionales, así como de las comunidades de Valencia y Murcia, en adjudicaciones de concursos, concesiones administrativas, subvenciones y recalificaciones urbanísticas.
Uno de los casos más documentados se refiere a la finca murciana de Lo Poyo, de cinco millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable cuyo expediente de recalificación, ya en su fase de aprobación definitiva, permitirá la construcción de 5.000 viviendas junto a un paraje natural protegido.
En la finca La Loma, propiedad de Roca y situada en el municipio murciano de Los Alcázares, registrada por orden del juez Torres el 29 de marzo, la policía encontró una carpeta roja con documentación y el nombre de Lo Poyo en su cubierta.

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Promociones inmobiliarias y pagos por actuaciones

Parte de las investigaciones desarrolladas en lo que conformará la «Operación Mañana III» se refieren a las inversiones realizadas por afamados actores y cantantes con intereses en Marbella, que habrían invertido fuertes sumas de dinero en negocios y promociones inmobiliarias ligadas a Roca.
Según explicaron fuentes policiales, mientras en unos casos se trata de la adquisición de fincas y de promociones inmobiliarias realizadas con la mediación de la «trama marbellí» en las provincias de Alicante y Murcia, en otros casos se trataría del pago por actuaciones profesionales o promociones a favor de Marbella. Al parecer, según dichas fuentes, estas inversiones fueron realizadas a través de sociedades interpuestas o de testaferros, aunque en algunos casos la relación con los personajes del espectáculo resulta «ineludible».
Las fuentes consultadas indicaron, no obstante, que en muchos casos se trataría únicamente de meros fraudes al fisco, al haberse distraído del control de Hacienda elevadas cantidades de dinero, pero se trataría de delitos menores.
En esa situación se encontraría una importante actriz y empresaria agropecuaria, que habría invertido parte de su capital en apartamentos de lujo en la costa mediterránea.
No es el caso, en cambio, de un catante de fama internacional cuyas empresas se habrían servido de las influencias de Roca y sus socios para obtener recalificaciones urbanísticas en Alicante y Murcia, donde han desarrollado promociones inmobiliarias.
Las investigaciones judiciales y policiales se extenderían igualmente al ámbito político para averiguar si hubo tráfico de influencias y si cargos públicos de la región pudieron haberse beneficiado a cambio de apoyar las irregularidades urbanísticas y administrativas.

Visto en Levante / EMV

San Vicente: El Bloc y EU piden a González Pons que impida la urbanización del Sabinar

El Bloc y EU exigirán la intervención del conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, para evitar que se destruya el paraje del Sabinar. Ambos grupos han pedido mantener una entrevista con el máximo responsable de la planificación urbanística de la Generalitat para que haga valer «las manifestaciones que ha realizado en el sentido de buscar un pacto para la protección del paisaje y del medio ambiente de la Comunidad Valenciana». Los grupos apelan a su ofrecimiento para «el consenso y el diálogo» y entienden que «es el camino adecuado para la salvaguardia y la ordenación racional del territorio». Por ello le exigen que dé un paso más y paralice la tramitación de un proyecto que contempla un campo de golf y más de 600 viviendas en la única zona preservable del municipio.

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Alicante: Costas pide informes de las piscinas de Ciudad de la Luz

El Servicio Provincial de Costas, cuya resolución es fundamental para que la Generalitat pueda ocupar un tramo de la cala de los Borrachos, integrado en el dominio público marítimo-terrestre, para construir las piscinas y platós acuáticos de la Ciudad de la Luz, ha solicitado al Ayuntamiento un informe sobre este proyecto. Costas advierte de que proseguirá adelante en la resolución de este asunto si en un mes el Ayuntamiento no le remite dicho informe.

La decisión que tome Costas no está muy clara ya que hay que tener en cuenta que este organismo del Ministerio de Medio Ambiente tiene como función fundamental la defensa de la zona de dominio público del litoral y en el proyecto de la Generalitat se ocupan 9.626 metros cuadrados de dicho dominio público, al situarse los platós en el borde litoral.

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