El alcalde del municipio grancanario de Telde, Francisco Valido, del PP, y cinco concejales del Ayuntamiento han sido detenidos hoy en relación con el caso Faycán, en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales en el citado ayuntamiento, según han confirmado fuentes de la investigación.La detención del alcalde de Telde se produce meses después de que fueran arrestados la concejala de Obras de este Ayuntamiento, María Antonia Torres, y otros presuntos implicados en esta trama de corrupción.Visto en El País
J osé María Tabares, el que fuera primer director general del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), podría convertirse en el primer cargo público con el PP que entra en prisión por un delito relacionado con el ejercicio de su función. La Audiencia de Valencia ha ordenado su ingreso en el centro penitenciario de Picassent tras la confirmación de su condena de cinco años de cárcel por parte del Supremo. También ha ordenado el ingreso en prisión del empresario Jean-Luc Lagier.La Audiencia de Valencia ha ordenado el ingreso inmediato en prisión de Tabares y Lagier tras confirmar el Supremo la condena a cinco años de cárcel por estafar seis millones de euros al Instituto del Consell a través del contrato de derechos de compensación con Ford. Se trata del primer cargo público con el PP que entraría en la cárcel tras ser condenado por cometer unos hechos delictivos en relación con su gestión.La pasada semana, la sección quinta de la Audiencia de Valencia remitió un telegrama a ambos condenados con el fin de que ingresaran en prisión de forma voluntaria. A Tabares, con domicilio en Sevilla, le remitieron una orden para que ingresara voluntariamente en la cárcel de Picassent de forma inmediata. La fecha límite para su ingreso es de tres días después de recibir la notificación a través de un exhorto de los juzgados de Sevilla.Más en Diario Información
A partir de enero estarán en funcionamiento las 38 viviendas tuteladas que construye el Ayuntamiento de Altea en las dos plantas superiores del Centro Especializado de Atención a Mayores (Ceam). En cuanto a las características de las viviendas, éstas disponen de 43 m 2 cada una de ellas y estarán totalmente equipadas. Las 38 viviendas, dispuestas en dos plantas, están compuestas cada una por dormitorio con dos camas individuales; baño adaptado; cocina abierta al salón-comedor, con instalación eléctrica de encimera, horno, calefacción y agua; terraza independiente; servicio de alarma centralizado -atención y vigilancia las 24horas-. Además, los usuarios de las mismas contarán con espacios comunes, tanto en planta como en el Ceam para su disfrute, ha explicado el alcalde de Altea, Miguel Ortiz.Ortiz supervisó días pasados las obras de ejecución de las viviendas tuteladas para mayores, ubicadas sobre el Ceam y cuyo estado de ejecución es avanzado. El Alcalde estuvo acompañado por varios miembros de la Fundación para Nuestros Mayores Villa de Altea, que él mismo preside; del Concejal de Ordenación del Territorio y portavoz del equipo de Gobierno, Jacinto Mulet y de los representantes de la empresa constructora del proyecto, la UTE, Mayve-Generala.
Más en Diario Información
El problema de los residuos en la Marina Alta sigue sin tener solución. Sin embargo, los ayuntamientos trabajan para erradicar vertederos alegales e incontrolados. El alcalde de Gata, el socialista Pepe Diego, apuntó ayer a INFORMACION que el vertedero incontrolado de les Alcolaies ya ha sido clausurado y será la próxima semana cuando se ponga en marcha el ecoparque del municipio. Diego aseguró ayer que Territorio anunció al ayuntamiento en repetidas ocasiones su obligación de clausurar el recinto pero no fue hasta el pasado miércoles cuando se tomó la decisión definitiva. De hecho, a las puertas del verterdero aún existe un cartel que evidencia que la conselleria obligó al cierre del recinto en 1994. Por otra parte, la Vall d'Ebo es uno de los rincones especiales que queda en la comarca de la Marina Alta y de esta característica surge la indignación de unos vecinos que han denunciado la proliferación de un vertedero incontrolado en la cuneta de la carretera que une la localidad de Ebo con la de Castell de Castells.Visto en Diario Información
El proyecto está aprobado y hay que acabarlo; como sea. El Ministerio de Medio Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Costas, dio comienzo en la mañana de ayer al vertido de camiones de grava para iniciar la regeneración de la playa de Les Deveses. El jefe provincial de Costas en Alicante, Vicente Martínez, justificó la actuación, que ha suscitado el rechazo de los vecinos, en la necesidad de concluir el proyecto que data de 1994, y que sólo se ha culminado en su primera fase, correspondiente a L'Almadrava. Sin embargo, los primeros trabajos ayer en la zona sólo pudieron durar unas horas. A la hora de la sobremesa, un grupo de vecinos acudió al lugar de las obras y no cejó en protestar hasta que logró que la maquinaria pesada abandonara la playa. Para ello, fue necesaria también la participación de la Policía Local.Ahora mismo, es una incógnita qué puede pasar en las proximas horas. En la mañana de hoy está prevista una reunión entre el ayuntamiento, Costas y los representantes vecinales para abordar la situación. Por un lado, está la determinación ministerial de acabar el proyecto; enfrente, unos vecinos que, pese a haber sido siempre partidarios de la regeneración, prefieren ahora que no se lleve a cabo antes que hacerse con grava en lugar de arena; y el ayuntamiento en una incómoda posición intermedia que ayer se decantaba más por dictar la paralización de las obras. Más en Diario Información
El PSOE informa que la Conselleria de Infraestructuras ha sacado a licitación un proyecto para crear un parque litoral que afecta al Cabo de Santa Pola que no se ajusta a la propuesta que, para este entorno, se hacía en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para el PSOE, éste es un claro indicio de que «ni el propio Partido Popular de la Conselleria» comparte la planificación que se hacía en el documento.Los socialistas recuerdan que su partido realizó alegaciones contra el Plan General, «algunas de ellas en materia medioambiental». Así, afirman que, en cuanto a la zona del Cabo, la propuesta del PGOU «contenía dos macroparcelas hoteleras, ponía en peligro la zona y estaba en contra del informe de impacto ambiental que la propia propuesta del Plan 2005 contenía». Además, el grupo municipal informó de que «no se incorporaba al documento el plan especial de protección del Cabo ya aprobado por el Ayuntamiento». Por lo tanto, los socialistas consideran que en cuanto a «la regeneración y protección del Cabo de Santa Pola tenemos razón, y así parece verlo también la Conselleria puesto que con la licitación del proyecto de parque litoral se sitúa, al igual que nosotros, en contra de la propuesta de Miguel Zaragoza».Para el PSOE, es necesario un nuevo PGOU que sea un documento consensuado por todas las fuerzas políticas, que se realice con criterios sostenibles, «que proteja y regenere nuestro gran patrimonio medioambiental, que no hipoteque el futuro dejándonos sin suelo para desarrollos posteriores, y que no esté presidido por criterios mercantilistas que parecen favorecer intereses privados sobre los públicos.Visto en Diario Información
Gimeno Sendra, miembro de una de las tres subcomisiones nombradas por el Ministerio para la elaboración del borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, acudió ayer a su segunda visita al CEU, donde ya habló de la Ley de Juicios Rápidos. ¿En qué debe consistir la reforma penal que propugna Este es un tema que se hace eterno porque la Ley de Enjuiciamiento es de 1882; es decir, tiene un siglo y cuarto, pero la justicia penal española continúa siendo la «Cenicienta» de la justicia. Es necesaria una profunda reforma porque no son suficientes las reformas parciales que se han llevado a cabo pues a corto plazo se revelan contraproducentes. ¿Puede poner un ejemplo La Ley de Enjuiciamiento Rápido ha supuesto un buen avance porque ha venido a paliar la inseguridad ciudadana callejera, pero, por contra, los juzgados se dedican sólo a la pequeña delincuencia, robándole energías a la lucha contra la gran delincuencia de cuello blanco, a la corrupción política, que requiere una mayor atención por parte de nuestra justicia penal. En su opinión, ¿cuáles son los males de la justicia penal? Sobre todo su extremada lentitud, su ineficacia y su carácter inquisitorio y lo digo porque es incluso poco irrespetuosa con el derecho de defensa pues responde a postulados del siglo XIX del tipo «quien la hace la paga». ¿Cree usted que en España el culpable de un delito tiene su castigo?
Sigue en Diario Información
El nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó se acerca mas a la normativa europea medioambiental, según las conclusiones extraídas tras la reunión ayer con altos funcionarios de Bruselas, por la delegación de la provincia en la que se encontraban la alcaldesa de Villena, el alcalde de Aspe, el concejal de Medio Ambiente de Elche y representantes de una comunidad de Regantes de Monóvar. Se desplazaron a Bruselas para reivindicar que la UE financie con 120 millones de euros las obras del trasvase desde el Azud de la Marquesa.Según la alcaldesa de Villena, el Director de Política Regional y otros altos funcionarios con los que mantuvieron una reunión de trabajo, «nos trasladaron su sorpresa porque nunca habían recibido una visita en la que les pidieron que no se dieran fondos para un pais», en referencia a la efectuada en días pasados por Andrés Martínez presidente de la Junta de Usuarios», dentro de las gestiones que lleva a cabo para impedir la financiación del nuevo trazado. Más en Diario Información
E l conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, esquivó ayer por completo la polémica del urbanismo durante su intervención en las Cortes para explicar las cuentas de su departamento para 2007 y destacó que más de 55% de los 289 millones con los que cuenta su conselleria para el próximo ejercicio económico estarán dedicados a la «conservación y restauración de los activos medioambientales del territorio valenciano». «Son unos presupuestos verdes y adaptados a un modelo de desarrollo sostenible», afirmó el conseller González Pons.«De los 289 millones de euros del presupuesto global, 165 se destinarán al mantenimiento y mejora de los parques naturales, a la conservación del paisaje, a la gestión de los montes o a mejorar la calidad del medio urbano», insistió. «Se trata de unos presupuestos que no gastan en medio ambiente, sino que invierten en un activo con infinitos valores de ahorro a medio y largo plazo», añadió. González Pons remarcó además el presupuesto destinado a la prevención de incendios, que supera los 40 millones de euros, un 33% más que el ejercicio anterior.Asimismo, el programa Vivienda y Proyectos Urbanos contará con un presupuesto de 124 millones de euros con el objetivo principal de «garantizar el acceso una vivienda digna y adecuada a las necesidades de los colectivos con menor capacidad de adquisición en el mercado», según el conseller. La oposición se mostró extremadamente crítica con el máximo responsable de Territorio.Más en Diario Información
El grupo municipal de Esquerra Unida ha reclamado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, que emita un informe negativo respecto al plan de Rabasa «de modo que se cuestione la disponibilidad de recursos hídricos para esta actuación urbanística, dada su magnitud y su repercusión sobre el conjunto del sistema de abastecimiento de agua potable, al suponer un incremento de la demanda de 5,5 hectómetros cúbicos anuales».Esquerra Unida indica que un hipotético aumento de los caudales disponibles por la ampliación o puesta en marcha de nuevas desaladoras debería destinarse «prioritariamente a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Alto Vinalopó y a la satisfacción de la demanda ya existente, nunca a la de otras nuevas que son claramente insostenibles».
Sigue leyendo en Diario Información
La concejala socialista Teresa de Nova ha denunciado las prisas del equipo de Gobierno a la hora de adquirir cinco turismos para la Alcaldía mientras se demora la compra de varios vehículos destinados a brigadas municipales del área de Servicios y Mantenimiento, como las que se encargan del alumbrado público.De Nova se refirió a un acuerdo adoptado ayer por la Junta de Gobierno Local para adquirir cinco vehículos que sustituyan a un Audi A6 y cinco Wolkswagen Passat. Según informó el portavoz del PP, Pedro Romero, se van a renovar coches de la Corporación, no sólo del alcalde, aunque en la propuesta figuraba que estaban destinados a Alcaldía. Romero indicó que los turismos que se van a cambiar tienen más de diez años y 250.000 kilómetros recorridos.De Nova destacó que en el concurso que se va a convocar para comprar estos vehículos, valorados en su conjunto en 145.151 euros, se establece una penalización de 200 euros por cada día de retraso en el suministro de estos coches. Sin embargo, la concejala denunció que a lo largo de este año el Ayuntamiento ha adjudicado la adquisición de varios vehículos destinados a las brigadas municipales y que todavía no han sido entregados. La edil critica «la mala gestión de la Concejalía de Servicios y Mantenimiento ya que el informe del interventor asegura que el dinero estaba disponible en una partida en el presupuesto 2005 y a fecha de hoy aún no sabemos qué va a suceder». Más en Diario Información
El Ayuntamiento de Catral ha requerido a la Generalitat para que revoque la resolución por la que asumió las competencias en materia de disciplina urbanística al considerar que esta medida «viola la Constitución y las leyes».La petición municipal fue presentada el pasado día 2 en el Registro General de la Dirección Territorial de Territorio y Medio Ambiente antes de que se cumpliera el mes desde que la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente dictara la Resolución por la que la Generalitat asumía las competencias urbanísticas de Catral, tras la construcción en suelo no urbanizable de huerta tradicional de más de 1.200 viviendas ilegales.En el escrito se pide que al amparo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa se revoque la resolución ya que «desconoce» la garantía institucional de la autonomía local derivada de la Constitución e «infringe» el artículo 255 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), al haber ordenado la abstención del Ayuntamiento, sin que haya mediado previo requerimiento ante una hipotética inactividad municipal y sin que aparezca acreditado que la Generalitat haya iniciado formalmente los correspondientes expedientes sancionadores, con anterioridad a la misma. Más en Diario Información
E l portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño, se ratificó ayer por la mañana en su declaración sobre la empresa Doalco por presuntas irregularidades en obras realizadas para el Consistorio oriolano en los últimos años. Un testimonio que se produjo en el marco de las 30 acusaciones agrupadas en 16 causas independientes abiertas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sobre la gestión económica y urbanística del Ayuntamiento de Orihuela. Entre otras intervenciones presuntamente irregulares García Ortuño citó la adquisición de Doalco, empresa que no se pronunció ayer, por más de dos millones de euros del Palacio de Teodomiro para habilitarlo como hotel en 1998, y que carece, dijo, de licencia de apertura del Ayuntamiento, puesto que no puede estar destinado a este fin. En una comparecencia de algo menos de una hora el concejal también relató a la magistrada y al fiscal - no acudió Felipe Briones - presuntas irregularidades con «contratos ilegales» en las obras de rehabilitación del Hospital San Juan de Dios, sucesivas reparaciones del Palacio Rubalcaba, Palacio del Obispo, el sobrecoste de las actuaciones realizadas por esta mercantil en el entorno del Puente Rey; además de la vinculación de la mercantil con ex altos cargos de la Generalitat, como José María García Zarco. El concejal en su nueva visita al Palacio de Justicia también confirmó ante la juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción N 0 1, Raquel Lacunza, y al ministerio fiscal, el testimonio que realizó ante el fiscal Anticorrupción meses atrás sobre la existencia de una minuta de seis mil euros abonada, según ha confirmado el propio alcalde José Manuel Medina, por el Ayuntamiento a nombre del abogado murciano Miguel Pardo para afrontar la defensa legal de una familia por una asunto ajeno a la administración local. Ortuño dijo que la liquidación de presupuestos que podría aclarar este pago, que no pasó por pleno, no se ha aprobado todavía.Más en Diario Información
El grupo municipal de Los Verdes denunció ayer la puesta en marcha de una antena de telefonía móvil en la pedanía oriolana de San Bartolomé sin licencia municipal instalada a 200 metros del hospital Vega Baja y cercana a medio centenar de viviendas diseminadas. Según el portavoz de Los Verdes, Monserrate Guillén, un centenar de vecinos han presentado firmas en el Ayuntamiento para exigir su retirada. La edil de Urbanismo, Eva Ortiz, dijo que tratará el asunto «con cautelela». Recordó que otros municipios han perdido contenciosos contra empresas de telefonía que disponían de licencia del Ministerio de Fomento.
Visto en Diario Información
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño, declaró ayer que el alcalde, José Manuel Medina, del PP, ordenó al interventor municipal, en contra de los informes de los técnicos municipales, que tramitara en 2004 el cobro de la minuta de un abogado de oficio. El letrado ejerció de acusación particular en el caso de una familia cuyo hijo fue asesinado por un colombiano en 2002. Según García Ortuño, el primer edil ordenó al interventor que incluyera el importe del abogado en el apartado de asuntos generales. En su declaración ante el juzgado de instrucción número 1 de Orihuela, el portavoz socialista atribuyó al alcalde un informe supuestamente realizado por Bienestar Social para "excusarse" en los técnicos municipales para financiar a la familia la acusación particular en el caso. El juzgado número 1 de Orihuela investiga esta causa, una de los 15 asuntos de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el consistorio oriolano por irregularidades contables y urbanísticas.Visto en El País
El ex gerente del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) José Fermín Doménech, que impulsó desde la entidad pública de la Generalitat valenciana el proyecto urbanístico del llamado Manhattan de Cullera, fue antes asesor y secretario de la agrupación de interés urbanístico de los propietarios del suelo afectado por el plan. Según fuentes socialistas, Doménech trabajó para la agrupación de propietarios de La Vega entre 1998 y 2000. Tres años después, este abogado fue nombrado responsable del Ivvsa por el ex consejero de Territorio y Vivienda Rafael Blasco. Precisamente a finales de 2003, el Ayuntamiento de Cullera, cuyo gobierno local lidera el PP, firmó un acuerdo con el Ivvsa para que colaborara en la planificación y redacción de este plan urbanístico, por el que se construirán junto al mar 35 rascacielos.El secretario de Territorio de los socialistas valencianos, Eugenio Burriel, consideró ayer que la relación del ex gerente con los propietarios del suelo urbanizable de la Vega antes de que asumiera el control del plan desde el Ivvsa es cuando menos una "curiosa casualidad". El instituto dependiente de la Generalitat se convirtió en 2003, bajo la dirección de Doménech, "en el sorprendente impulsor y diseñador, no de un proyecto de vivienda de protección oficial, sino de una urbanización de viviendas de turismo de lujo", denunció Burriel.Más en El País
Un técnico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ratificó ayer ante el juez su informe contrario a modificar las condiciones del contrato de adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor local Enrique Ortiz. El magistrado, que interrogó al funcionario en calidad de testigo, inició de esta forma la instrucción de la denuncia de la Fiscalía contra el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, por supuesto trato de favor al empresario.El titular del Juzgado número 8 de Alicante abrió las diligencias del caso con el interrogatorio al ingeniero de Caminos Lázaro López, adscrito a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. Este funcionario y otro ingeniero municipal informaron en contra de la propuesta del empresario Enrique Ortiz de modificar al alza -tanto en el presupuesto como en el plazo de explotación- la adjudicación inicial por parte del pleno del Ayuntamiento de tres aparcamientos subterráneos. Ante la oposición, de los funcionarios de ese departamento municipal, el alcalde trasladó el expediente al negociado de Tráfico, cuyo jefe, el funcionario Antonio Escobedo Moya, sí informó a favor de la propuesta del empresario.Más en El País
Los líderes zaplanistas del PP, hegemónico en la provincia de Alicante, están "disgustados" por la confección que ha hecho el consejero Vicente Rambla del comité electoral regional, en el cual de los 11 miembros sólo 1 pertenece al denominado sector zaplanista. Se trata del consejero de Justicia, Miguel Peralta, que además figura en este equipo por su condición de secretario provincial del PP. Los zaplanistas estiman que no se trata de un comité "conciliador" y confían que en la inminente confección de las listas municipales la dirección regional cuente con ellos.El comité provincial del PP en Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, admitió anoche que existe un "importante disgusto" entre todos sus miembros al comprobar cómo el comité de campaña regional, diseñado por Rambla y controlado por los campistas, ha excluido a casi todos los representantes zaplanistas. Ripoll informó a su ejecutiva que la confección de este comité regional, que se presentó el sábado en Valencia, "se hizo sin tener en cuenta nuestras opiniones" y admitió que "el camino se hace con gestos, pero éstos no han ido en buena dirección".Más en El País
El límite lo marca la ley. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, valoró ayer "la buena voluntad" del presidente del Valencia CF, Juan Soler, para retomar el diálogo sobre la operación de Mestalla tras los ataques del club al PSPV-PSOE. No obstante, Rubio fijó como condición que la recalificación se ajuste a la normativa, con un máximo de 60.000 metros de edificabilidad frente a los 89.830 previstos.La operación de Mestalla implica una doble modificación urbanística que permitirá al Valencia CF construir viviendas en el solar del viejo estadio y construir otro campo en un terreno de la avenida de las Cortes Valencianas que se convierte en deportivo privado con uso recreativo. El PSPV-PSOE rechaza la recalificación del suelo de Mestalla pactada entre el gobierno local de Rita Barberá, del PP, y el Valencia CF, y ayer Rubio advirtió de que cualquier acuerdo sobre la operación -con la que el club ganará un mínimo de 100 millones de euros y pagará el nuevo estadio- debe cumplir la normativa. "¿La ley permite una actuación discrecional a los ayuntamientos en el urbanismo? Sí. ¿Qué límites tiene? Los que marca la ley", afirmó Rubio. El portavoz auguró que el PP torpedeará una solución dialogada con el club.Sigue leyendo en El País
Las obras de un muro en un solar de Castellón fueron la causa más probable, según fuentes de la policía local, del derrumbe parcial de una vivienda colindante en la que vivía una mujer, de 65 años, que en ese momento no estaba en su hogar. El derrumbe ocurrió la pasada semana y ayer el portavoz socialista Miguel Alcalde desveló que las obras carecen de licencia y la constructora no es ni siquiera propietaria de toda la parcela.La constructora está en proceso de adquisición de una parte de la parcela, que es de propiedad municipal. A todo ello se une, según indicó el socialista, el hecho de que el Ayuntamiento haya dictado una orden de ejecución "para que la propietaria de la casa afectada se haga cargo inmediatamente de la reconstrucción de su vivienda", alegando que como titular del inmueble, ha de velar por la correcta situación de éste. Aunque aún no se puede determinar oficialmente que las obras fueran las causantes del derrumbe, el hecho es que los trabajos de construcción de un muro guía se habían iniciado días antes. La mujer había abandonado su domicilio, apenas una hora antes, para acudir al cementerio. El derrumbe provocó, además, daños en un vehículo.Más en El País
* Lo ha dicho en un programa de televisión. * Acusa al constructor 'El Pocero' de convocar campañas de presión contra él. * El alcalde no dio el visto bueno a una macrourbanización de la que el constructor era promotor.El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, denunció este lunes en el programa El Círculo a Primera Hora que se emite en Telemadrid que se siente amenazado ante las campañas de presión lideradas por el constructor Francisco Hernando, conocido como 'El Pocero'.Manolo, eres el único alcalde honrado que hay en España, eres un gilipollas
"Me siento amenazando y pido auxilio (...), pido auxilio a las Administraciones", expuso el alcalde, que en 2003 subrayó la aprobación "deprisa y corriendo, de forma inusual" del PAU de El Quiñón, a cargo de 'El Pocero', en su municipio.Según el edil, los empleados de Hernando se han estado concentrando frente al Consistorio para exigirle que conceda licencias de construcción porque la empresa amenaza con despedirles si no hay trabajo.
Más en 20minutos.es
