Jaume Matas abrió la veda: su choque con la dirección del PP por el sistema de financiación que proponía el Estatuto balear, muy similar al del catalán, acabó con un pacto. Finalmente, dicho texto fija una inversión del Estado de 3.000 millones en 10 años, aunque no la vincula a la participación de esta comunidad en el PIB español, la fórmula que figura en el Estatuto catalán y por la que apostaban Matas y los socialistas de Baleares.
De esta forma, la voluntad de uno de los barones regionales más importantes del PP de sacar adelante su propio estatuto, calificado por él mismo como una respuesta para "defenderse" del catalán, se impuso. Y poco a poco, ha sido así con todas las reformas estatutarias.
El PP aragonés, por ejemplo, que aún no se ha recuperado electoralmente desde que José María Aznar apostó por el trasvase del Ebro, contestado en la calle por miles de aragoneses, ha pactado con el PSOE regional una fórmula que prácticamente hace inviable el trasvase, ya que establece el derecho "preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos" de Aragón, y reserva 6.550 hectómetros cúbicos de agua para uso exclusivo de la comunidad.
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