Seseña paraliza en un tenso pleno un polígono industrial de 1,6 millones de metros de El Pocero
La confusión, las divisiones y los incidentes marcaron el pleno del Ayuntamiento de Seseña (Toledo) que ayer acabó paralizando un polígono industrial de 1,6 millones de metros cuadrados presentado por Francisco Hernando, El Pocero. El rechazo salió adelante gracias a los cinco votos del equipo de Gobierno (IU) y la abstención de los cuatro concejales del PP. Los únicos dos ediles socialistas (expulsados del PSOE) que participaron en la votación -los otros dos dejaron el pleno al trabajar para El Pocero- se pronunciaron a favor de Hernando, que previamente había recusado al alcalde, Manuel Fuentes, en lo que éste calificó de "golpe de Estado".
El salón de plenos del Ayuntamiento de Seseña, un espacio de unos 60 metros cuadrados, se encontraba abarrotado de vecinos y periodistas. El único objeto de tanta atención era el punto décimo del orden del día: la propuesta de paralización del Proyecto de Actuación Urbanística (PAU) de Los Albañales presentada por el equipo de Gobierno. El plan urbanístico consistía en un polígono industrial de 1,6 millones de metros cuadrados presentado por el promotor Francisco Hernando, Paco el Pocero.
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"Siempre daba a Roca el dinero en efectivo y en un sobre y nunca me daba recibo"
El pasado 17 de julio de 2006, el promotor inmobiliario Fidel San Román, con numerosos negocios urbanísticos en la Comunidad de Madrid y concesionario de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas, hizo una ampliación de su declaración al juez de Marbella y logró salir en libertad tras pasar unas semanas en la cárcel. En esa declaración, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS, San Román admite que pagó en distintas ocasiones al ex asesor urbanístico de Marbella Juan Antonio Roca, en efectivo y sin recibo de por medio.
San Román asegura en su declaración que era la primera vez en su vida que tenía que pagar dinero para conseguir determinados favores urbanísticos y que en los balances de su empresa incluyó esos gastos como pagos por tramitación de licencias. La declaración fue la siguiente:
- "En realidad, sí pagué". "Cuando declaré la primera vez que nunca había pagado al señor Roca, en realidad sí tuve que pagarle. Con la sociedad Edificaciones Tifan compré unas parcelas y quería subrogarme en unos convenios anteriores, por lo que tuve que pagar al Ayuntamiento de Marbella unos dos millones de euros. Un día, el señor Roca, cuando estaba reunido con él en Planeamiento, me dijo que hacía falta más dinero y me pidió unos ochocientos o novecientos mil euros para que pudiera subrogarme en el convenio. Me permitió pagar en varios plazos. Un pago lo realicé en un restaurante de Madrid y otros dos en Marbella en la sede de Planeamiento, entregándole el dinero al señor Roca. Tuve que pagar este dinero para poder construir más viviendas de las que aparecían en el plan de 1986 pero a día de hoy todavía no he podido construir nada".
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El juez cita a declarar como imputados a dos ex alcaldes de Ciempozuelos
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Valdemoro de Madrid, Agustín Carretero, tomará declaración el próximo viernes en calidad de imputados a los ex alcaldes de la localidad madrileña de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez también ha citado para que declaren ese día como imputados a Francisco Javier Castillo y Jose Luis del Olmo Lorenzo, de la promotora Esprode, y a Juan Angel Muñoz García, de la empresa Forest Consulting.
El juez de Valdemoro ha decidido abrir diligencias previas por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, supuestamente cometidos por Torrejón y Tejeiro tras recibir una denuncia del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias.
En concreto, la denuncia, firmada por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, está dirigida contra Tejeiro, Torrejón y también contra Francisco Javier Castillo, que es, según este colectivo, consejero delegado de la promotora Esprode, mencionada en las denuncias sobre presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio. Y los posibles delitos en los que según el colectivo podrían haber incurrido son prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y contra la ordenación del territorio.
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