La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) ha presentado una propuesta de actuación a los colegios de arquitectos de Valencia y Alicante, con el fin de trabajar para atajar las actuaciones de construcciones ilegales en la provincia, sobre todo, en la Vega Baja.
En un documento con catorce propuestas, el presidente de esta entidad, Honorio Fernández, asegura que la gran discrepancia entre los colegios profesionales citados, y los consumidores, es que AECU cree que «ciertos abusos son cometidos de manera generalizada por la gran mayoría de arquitectos superiores y aparejadores», mientras que los arquitectos «presuponen que sólo unos pocos cometen irregularidades». AECU, que denunció en los juzgados la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico de Catral, afirma que «sabe» que no es función primaria de los arquitectos garantizar la legalidad urbanística, pero señala que estos profesionales tienen en «ciertos momentos» funciones «que son determinantes con los proyectos y certificados, en los que están obligados a conocer la legalidad urbanística». AECU admite también que no todos los proyectos se presentan a los ayuntamientos ni al Colegio de Arquitectos para visarlos, pero la aociciación cree que toda vivienda, «salvo raras excepciones», cuenta con un arquitecto que redacta un proyecto y emite certificados que el «infractor necesita para autorizar, registrar, declarar obra nueva y vender dando apariencia de legalidad»
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