El Partido Popular (PP) de Sueca y la Consejería de Territorio y Vivienda, dirigida por la misma formación política, se encuentran en plena campaña judicial contra Salvador Gil, alcalde socialista de la capital de la Ribera Baixa, por el otorgamiento de una licencia de obras en suelo que los populares calificaron como urbano (Edificación Abierta) durante la pasada legislatura, en la que gobernaban, y el Consell aprobó definitivamente a través de la Comisión Territorial de Urbanismo de 2 de mayo de 2001, en la cual se ratificaba el Plan General de Ordenación Urbana.
Un contencioso administrativo impulsado por la consejería a instancias de José Segarra, director del Parque Natural de L'Albufera y concejal suecano del PP; una denuncia presentada por la agrupación popular local; y un escrito de Gil ante el fiscal-jefe de la Comunidad Valenciana, solicitando que investigara los hechos que se le imputaban, son los tres primeros frentes abiertos.
El actual gobierno municipal concedió licencia de obras el 14 de septiembre de 2004 a la empresa Andián SL para la construcción de 25 viviendas y garajes sobre una parcela de unos 2.000 metros. Dos meses más tarde entraba en vigor el PRUG de L'Albufera. Y en diciembre eran paralizadas las obras, acabadas de iniciar, a instancias de la dirección del parque. Segarra, que estando en el gobierno local ratificó el PGOU con su voto, cuestiona la licencia por cuanto existía una suspensión temporal en las áreas afectadas por el espacio natural, si bien ésta no afectaba a las zonas consolidadas como urbanas. El propio ayuntamiento popular aprobó más de 50 autorizaciones, afectadas en mayor o menor nivel por la misma normativa. Desde la consejería argumentan, en el caso de la obra paralizada, la inexistencia del hipotético informe favorable por parte del consejo directivo del parque. En las obras aprobadas con Segarra en el poder municipal tampoco aparecen.
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