La juez de Torrevieja María Teresa Belmonte, que investiga la compra y venta de fincas en Almoradí del alcalde de la ciudad Pedro Hernández por un presunto delito de tráfico de influencias e información privilegiada, ha solicitado a cada una acusaciones particulares personadas en el caso, PSOE e Izquierda Unida, una fianza de 30.000 euros.
Una petición que paraliza desde hace meses toda la instrucción, en palabras del secretario local y portavoz del PSOE, Ángel Giménez. El auto de la juez busca que ambas acusaciones sean populares y no particulares, lo que obliga a prestar fianza al no considerar a ambos grupos afectados directamente por los hechos. Las acusaciones interpusieron un recurso de reforma contra el auto de la juez que fue rechazado por la magistrada. El recurso de apelación ante la sección VII de la Audiencia Provincial de Elche se presentó hace «seis meses», según Giménez, y no ha sido resuelto.
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El alcalde incluye a cinco imputados en el tribunal para una oposición a policía
El alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández, ha firmado un edicto por el que se hace pública la composición de un tribunal de oposición para proveer tres plazas de inspector y cuatro de oficial de la Policía Local en la que aparecen entre titulares, suplentes y asesores, cinco de los policías imputados por la investigación por un presunto delito de «torturas y contra la integridad moral, encubrimiento, falsificación de documento oficial, omisión del deber de perseguir determinados delitos y otro contra las administraciones públicas». Este último delito está siendo investigado por los juzgados de Torrevieja a raíz de las escuchas realizadas a un mando de la policía local que hablaba con un teniente de la Guardia Civil, también imputado, precisamente del temario de una oposición a la Policía Local.
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