La tenaz desmemoria de la represión franquista esta siendo desbancada de su púlpito de honor. Más allá del 70 aniversario de la capitalidad republicana de Valencia, celebrado en diversos actos a merced de la iniciativa de asociaciones de tamiz progresista y sindicatos y sin el apoyo de la administración local, el dossier del olvido se paseó ayer por los tribunales. El juicio por la decisión del Ayuntamiento de Valencia de construir 1020 nichos sobre una de las fosas comunes del cementerio general de la ciudad, donde según la asociación Fòrum per a la Memòria del País Valencià fueron sepultadas víctimas republicanas de la represión, comenzó sus andadas en el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Valencia.
El recurso que dio lugar al actual proceso judicial, presentado por el Fòrum, estuvo motivado por la reiterada negativa consistorial a paralizar unas obras que podrían haber acabado con las pruebas físicas de esa barbarie y que pasaban por encima de la merecida consideración de difuntos de otras épocas, cuyos restos no habían sido exhumados y todavía descansaban en ese lugar. El equipo de Gobierno local, presidido por la popular Rita Barberá, hizo caso omiso de las peticiones del Fòrum y de la oposición -PSPV y EU- a este respecto y la concejal de cementerios, María Jesús Puchalt, afirmó que no había "restos humanos que investigar porque se hacen exhumaciones continuas".
A principios de mayo las máquinas de la contrata Secopsa entraron en la sección séptima del recinto fúnebre y empezaron a remover la tierra de parte de la fosa, concretamente del cuadro tercero y cuarto. Poco después, la juez decretó la paralización cautelar de esos dos cuadrantes -una de las reclamaciones de la asociación- pero Secopsa siguió sus trabajos en las parcelas 1 y 2, colindantes con las anteriores y también afectadas por la sepultura colectiva. La extracción de tierra de esa zona desató el escándalo: la contrata trasladó restos óseos allí encontrados y los tiró a la cantera de Sagunto. Las amenazas de PSPV y EU de recurrir a la vía judicial convencieron a Barberá de parar las máquinas también en esa zona.
"Yo vi restos óseos en la superficie de la tierra", afirmó ayer el concejal socialista Matías Alonso, en relación con los cuadrantes 3 y 4, tras declarar en el juzgado. La versión del edil de EU-L'Entesa, Antonio Montalbán, quien también compareció en calidad de testigo, coincide plenamente con la de su homólogo del PSPV. "Aparecieron en cuanto empezaron a remover la tierra", precisó. Según Montalbán, Barberá "pretendió hacer un atajo y burlar el gasto que significa hacer una simple exhumación". Ambos ediles expresaron su deseo de que el contencioso atribuya "de una vez por todas" las responsabilidades políticas pertinentes y no paguen por lo sucedido "los técnicos y los operarios de la contrata" que, a su modo de ver, no son quienes toman las decisiones.
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