El grupo del PP en el Ayuntamiento de Burriana se negó ayer, en bloque, a votar a favor de crear una comisión de investigación sobre el polémico programa de actuación integrada (PAI) Pedrera Port. Ante un salón de plenos abarrotado, el alcalde, Alfonso Ferrada, argumentó que el reglamento no contempla este tipo de órganos y desvió el debate a las comisiones informativas de Urbanismo, en las que se tratan temas ordinarios.
El objetivo de la comisión, según el texto de la moción, era "dilucidar si ha habido tráfico de influencias y utilización e información privilegiada, así como la conveniencia y transparencia en la tramitación del PAI". En cualquier caso, Ferrada volvió a recurrir a las descalificaciones y a retar a ir a los tribunales a quienes consideren que en la adjudicación ha habido algún tipo de ilegalidad.
El PP votó en bloque a la moción presentada por la oposición en bloque (PSPV, Bloc y UV). En este caso, no tuvo la disidencia de la concejal Mariola Aguilera que, por este mismo procedimiento, provocó una crisis en el equipo de gobierno que obligó a intervenir al presidente del PP provincial, Carlos Fabra.
Alfonso Ferrada mantuvo que la rápida e inusual adjudicación del PAI "fue legal" y, aunque admitió "conocer" a uno de los adjudicatarios, Carlos Esteve, aseguró que la relación con éste no es de amistad. El alcalde de Burriana adjudicó el desarrollo de 700.000 metros cuadrados de una franja próxima a la costa, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. La adjudicataria, Corporación Inmobiliaria Albia, SA, había adquirido meses antes terrenos rústicos que, con la aprobación, se recalificarían como urbanizables. Más de un año antes, otro empresario presentó una propuesta para urbanizar parte del mismo terreno pero el PP no tramitó el expediente.
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