La Coordinadora La Vega Baja no se Vende responsabilizó ayer al Consell de la proliferación de casas ilegales en el perímetro de protección del parque natural de El Hondo, así como de indiscriminada edificación en el resto de suelo agrícola de la mayoría de los municipios de la Vega Baja. La entidad denunció la ausencia de un plan para proteger la huerta. La oposición también se sumó a estas críticas y achacó a la política del Gobierno del PP las viviendas ilegales en decenas de municipios valencianos. El Consell anunció que se personará en la investigación judicial sobre el caso Catral.
La Coordinadora La Vega Baja no se Vende -entidad que aglutina una veintena de colectivos cívicos y conservacionistas de la comarca- se constituyó en abril de 2005 para alegar al Plan de Acción Territorial de la comarca y como reacción a la proliferación de proyectos urbanísticos que afectan a espacios naturales de la comarca, como la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor. El colectivo calificó como "un gesto con vistas a la galería" la iniciativa de la Consell de suspender las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral por la construcción de unas 1.200 casas ilegales en suelo agrícola.
El portavoz de la coordinadora, Miguel Ángel Pavón, subrayó que "gran parte" de la responsabilidad de esas edificaciones recae en el Consell. Pavón denunció que la Administración autonómica no haya impulsado ninguna medida concreta para proteger la huerta, pese a estar previsto en el Plan de Acción Territorial de la comarca. "De esta forma las construcciones se hubieran limitado a las estrictamente de carácter agrícola", puntualizó.
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