La tercera fase de la «Operación Malaya», cuyas pesquisas ultiman el juez Miguel Ángel Torres y la Policía, abarcará la presunta implicación de altos cargos de partidos políticos nacionales, así como de las comunidades de Valencia y Murcia, en adjudicaciones de concursos, concesiones administrativas, subvenciones y recalificaciones urbanísticas.
La justicia trata de establecer si cargos públicos de las comunidades de Valencia y Murcia estarían implicados en presuntas actuaciones irregulares en las provincias de Alicante y Murcia que pudieran haber favorecido los intereses del cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, a través de su red de testaferros y empresas interpuestas.
Dichas fuentes indicaron que el juez Torres ha dividido el sumario en tres partes. La primera abarca los presuntos delitos cometidos por funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Marbella en actos administrativos. La segunda se centra en los presuntos delitos de blanqueo de capitales atribuidos a Juan Antonio Roca y su red de testaferros y sociedades.
Por último, la tercera fase, como queda referido, abarcaría la presunta implicación de altos cargos de partidos políticos nacionales, así como de las comunidades de Valencia y Murcia, en adjudicaciones de concursos, concesiones administrativas, subvenciones y recalificaciones urbanísticas.
Uno de los casos más documentados se refiere a la finca murciana de Lo Poyo, de cinco millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable cuyo expediente de recalificación, ya en su fase de aprobación definitiva, permitirá la construcción de 5.000 viviendas junto a un paraje natural protegido.
En la finca La Loma, propiedad de Roca y situada en el municipio murciano de Los Alcázares, registrada por orden del juez Torres el 29 de marzo, la policía encontró una carpeta roja con documentación y el nombre de Lo Poyo en su cubierta.
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Promociones inmobiliarias y pagos por actuaciones
Parte de las investigaciones desarrolladas en lo que conformará la «Operación Mañana III» se refieren a las inversiones realizadas por afamados actores y cantantes con intereses en Marbella, que habrían invertido fuertes sumas de dinero en negocios y promociones inmobiliarias ligadas a Roca.
Según explicaron fuentes policiales, mientras en unos casos se trata de la adquisición de fincas y de promociones inmobiliarias realizadas con la mediación de la «trama marbellí» en las provincias de Alicante y Murcia, en otros casos se trataría del pago por actuaciones profesionales o promociones a favor de Marbella. Al parecer, según dichas fuentes, estas inversiones fueron realizadas a través de sociedades interpuestas o de testaferros, aunque en algunos casos la relación con los personajes del espectáculo resulta «ineludible».
Las fuentes consultadas indicaron, no obstante, que en muchos casos se trataría únicamente de meros fraudes al fisco, al haberse distraído del control de Hacienda elevadas cantidades de dinero, pero se trataría de delitos menores.
En esa situación se encontraría una importante actriz y empresaria agropecuaria, que habría invertido parte de su capital en apartamentos de lujo en la costa mediterránea.
No es el caso, en cambio, de un catante de fama internacional cuyas empresas se habrían servido de las influencias de Roca y sus socios para obtener recalificaciones urbanísticas en Alicante y Murcia, donde han desarrollado promociones inmobiliarias.
Las investigaciones judiciales y policiales se extenderían igualmente al ámbito político para averiguar si hubo tráfico de influencias y si cargos públicos de la región pudieron haberse beneficiado a cambio de apoyar las irregularidades urbanísticas y administrativas.
Visto en Levante / EMV
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