El retraso en la aplicación del acuerdo pendiente de formalizar entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana para transferir la gestión del servicio de Salud Mental del Psiquiátrico, supone para la institución provincial un gasto anual de 3.654.801,24 euros. Tal y como aseguró en el pleno de octubre del año pasado Ana Kringe, responsable de Salud Mental de la Diputación, esta cantidad debía asumirla desde enero de este año la Conselleria de Sanidad, a raíz de la ejecución de un convenio que, sin embargo, aún no se ha suscrito. De modo que mientras la Diputación de Valencia ya traspasó a Sanidad el mantenimiento de este servicio, en Alicante el acuerdo no termina de concretarse.
Lejos de culpar a la Generalitat, fuentes sindicales de la institución provincial apuntan a la lentitud del proceso negociador iniciado por la Diputación con sus trabajadores. El equipo de gobierno del PP ha optado por respetar el derecho de libre elección de los empleados para que decidan si prefieren depender de la Administración provincial o la autonómica. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que las reuniones están «atascadas y escasean».
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