Clara Pinar, Bruselas corresponsal
La Comisión Europea inició este mes de septiembre el nuevo curso político con numerosos expedientes encima de la mesa, entre los que también se encuentran los procedimientos de infracción que inició el pasado mes de mayo contra las provisiones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y las condiciones en las que se adjudicaron contratos para el transporte escolar en Valencia, así como relacionados con presuntas irregularidades registradas en la gestión de aguas urbanas, particularmente en la construcción de un parque de ocio en Paterna. Estos casos se han ido abriendo progresivamente desde principios de este año y, desde entonces, las autoridades comunitarias han demandado más información sobre ellos al Gobierno español que, como es habitual, ha sido sometida a estudio en Bruselas. La próxima fecha clave será la reunión que celebrarán los 25 comisarios a mediados del mes de octubre.
Por lo que respecta a los casos valencianos, la decisión consistirá en si, a la luz de la información y facilitada por España, la Comisión da por buenas las explicaciones sobre sus dudas y cierra los casos o si, por el contrario, cree que éstas no son suficientes y decide emprender un segundo paso en el procedimiento de infracción en el que ya no pedirá datos, sino que se modifiquen aspectos concretos que actualmente vulneran la legislación comunitaria. El tercer y último paso sería la denuncia de España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la ley . Tanto la demanda de información como eventuales posteriores recomendaciones y, en último caso, denuncia judicial, se dirigen al Gobierno central, puesto que la Comisión sólo mantiene este tipo de contactos con los Estados miembros de la UE. No obstante, como España tiene estas competencias transferidas, la responsable de responder y de modificar sus normas sería la Generalitat.
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