El conseller señaló que si la corporación local no realiza en el plazo de un mes una propuesta de concierto en la que reconozcan las más de 1.200 viviendas ilegales construidas y en la que proponga soluciones, la Generalitat asumirá también las competencias en planeamiento urbanístico, atendiendo a la Ley de Bases de Régimen Local, y se planteará «solicitar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Catral», gobernado por el grupo socialista.
Según el responsable de Territorio, existen 1.270 viviendas construidas en suelo no urbanizable, parte de ellas en suelo protegido del Parque Natural del Hondo, que suponen un total de tres millones de metros cuadrados construidos sin licencia y sin dotación de servicios.
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Territorio retira el control urbanístico a Catral porque tiene 1.270 casas ilegales
La Generalitat retiró ayer las competencias urbanísticas al municipio alicantino de Catral, gobernado por los socialistas, por no atajar la "proliferación" de casas ilegales en su término. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, justificó la drástica medida, sin precedentes, en la existencia de al menos 1.270 casas sin licencia levantadas sobre suelo no urbanizable y en el parque natural de El Hondo. La decisión tomó por sorpresa al alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, que afirmó que negociaba una solución. Los socialistas exigieron al consejero la misma contundencia en localidades del PP.
El consejero aseguró que Catral ha experimentado un crecimiento "desordenado y completamente excesivo", y que la intervención de la Generalitat era "inaplazable" ante la falta de reacción del Ayuntamiento. Según sus datos, en 2002 había 358 viviendas ilegales, una cifra que en 2005 alcanzó las 1.270 y probablemente se haya sobrepasado ya. Las casas se han construido sin ningún tipo de licencia, planeamiento o servicios en suelo no urbanizable y en terreno protegido del parque natural de El Hondo. González Pons destacó que la ocupación ilegal de suelo en Catral se ha multiplicado por cuatro y afecta a casi tres millones de metros cuadrados.
La Generalitat conocía la situación urbanística de Catral, por denuncias de afectados a la justicia y al menos un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ya urgió a actuar en octubre de 2004. González Pons argumentó que la consejería ha estado en contacto con el Ayuntamiento desde principios de legislatura y le exigió la redacción de un concierto previo, el documento de directrices de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Catral lo presentó el 5 de mayo de 2005, y la consejería tardó más de un año en rechazarlo. Según el consejero, el pasado 24 de julio descartó el documento porque no contemplaba más del 50% de las casas ilegales y no aportaba salidas urbanísticas. La notificación oficial no llegó a Catral hasta el 22 de septiembre.
González Pons envió ayer al Ayuntamiento al director territorial de Alicante y a la Policía Autonómica para notificar al alcalde que le retira las competencias de ordenación urbanística y le da un mes para redactar otro concierto. De ser insatisfactorio, la Generalitat asumiría también las competencias de planeamiento y no descarta pedir al Gobierno la disolución de la Corporación, como en el caso de Marbella, recalcó el consejero. El expediente se remitirá a la Fiscalía por un posible delito contra la ordenación urbanística. El consejero no quiso señalar al alcalde o a las constructoras, pero sí acusó al Ayuntamiento socialista de "dejadez".
"Espero que esta actuación tenga un carácter ejemplarizante", enfatizó González Pons, quien enarboló la bandera del rigor urbanístico justo un día antes de la moción de censura del PSPV-PSOE contra el presidente del Consell, Francisco Camps, y después de meses de denuncias de la oposición al PP por el desaforado desarrollo urbanístico de los últimos años en la Comunidad Valenciana. La política urbanística del PP mereció el año pasado la censura del Parlamento Europeo, que recibió más de 15.000 quejas de afectados.
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El alcalde tacha la actuación del Consell de «descarada operación política»
El alcalde de Catral durante los últimos 15 años, José Manuel Rodríguez Leal, aseguró ayer que le parece «muy correcto y no hay ningún problema» en que la Conselleria de Territorio asuma las competencias en materia urbanística, aunque admitió que no se lo esperaba «porque se podía haber hecho hace años ya que el problema lo conoce perfectamente (la Conselleria ) desde el primer día, y a estas alturas asumir las competencias me parece que es una descarada operación política del PP de primer orden. Lo que cuenta es sacar lo de los alcaldes socialistas para contrarrestar».
En este sentido, dijo que otras localidades cercanas gobernadas por el PP, como «Dolores, Almoradí, menos pero también, y de Orihuela no hablemos, existen construcciones ilegales en la huerta, pero al parecer sólo las hay en Catral».
Opinó sobre la situación urbanística de Catral que se debe a un problema estructural que existe en la huerta, a un problema de rentabilidad de la tierra y a una gran presión urbanística que «en un principio se intentó paralizar y se vió que era imposible porque cuando se iban por uno venían por otro».
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Territorio emitió un informe en contra del nuevo PGOU por las ilegalidades
La Conselleria de Territorio y Vivienda informó de manera desfavorable al concierto previo (borrador) del Plan General de Ordenación Urbana de Catral el pasado 19 de septiembre al considerar «insuficiente» la documentación presentada por el Ayuntamiento respecto a las casas ilegales de la huerta.
Territorio señalaba en el documento que el Ayuntamiento debe formular una nueva propuesta que incluya las previsiones oportunas para minimizar el impacto territorial generado por los diversos núcleos de viviendas implantados en suelo no urbanizable (casas de huerta), al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación.
Previamente, el alcalde de Catral en un escrito de fecha 23 de marzo pedía a la Conselleria de Territorio que incluyese en el concierto previo del PGOU las casas ilegales al considerar que «es el momento idóneo» para acometer una solución al problema generado y en consecuencia se ordene en el instrumento de planeamiento los núcleos de población existentes.
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Las denuncias por irregularidades se iniciaron hace cuatro años
La huerta tradicional de Catral se ha llenado en los últimos años de más de mil casas construidas de forma ilegal con la «permisividad» de un Ayuntamiento que aunque ha abierto expedientes a 244 viviendas no ha sido capaz de paralizar la acción de los constructores y promotores a pesar de existir un decreto de Alcaldía en tal sentido, según recoge un informe del Seprona de la Guardia Civil. El caso lo instruye el Juzgado número 5 de Orihuela que además investiga las posibles falsificaciones de certificados para poder inscribir las casas en el registro de la propiedad y una vez legalizadas poder optar a los boletines de luz y agua.
Cuando la Asociación Europea de Consumidores en General y Urbanismo (AECU) denunció en julio de 2004 ante el Seprona la construcción de cientos de casas ilegales en Catral -aunque las primeras denuncias se inician en 2002- no podía suponer que fuera a tener la trascendencia que ha tenido, ya que la Conselleria de Territorio ha intervenido el área de Urbanismo del Ayuntamiento. El Gobierno valenciano tiene argumentos de sobra para justificar su decisión, aunque habría que preguntarse si ésta hubiera sido la misma si el color político de la Corporación municipal no fuera socialista.
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Un informe del Seprona demoledor
El informe instruido por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) es demoledor. El instructor señala que en vistas de las irregularidades observadas en la construcción de viviendas de forma abusiva en suelo no urbanizable, sin ningún control, sin presentación de proyectos técnicos, sin ejecutarse planes urbanísticos, sin realizar las infraestructuras necesarias para preservar el medio ambiente, puede suponer una vulneración del Código Penal. Por tal motivo, «se puede imponer la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable».
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La oposición exige al Consell la misma contundencia en municipios del PP
Una sola vara de medir. Socialistas y EU-L'Entesa exigieron ayer al Consell la misma firmeza y severidad en todos los municipios que incumplan la normativa urbanística. El PSPV-PSOE recordó que hay denuncias sobre viviendas ilegales en Orihuela, Castalla y Dolores, entre otros, y exigió que la legalidad se imponga "en todos". La retirada de competencias de Catral será un acto "hipócrita" si no extiende a otros municipios afectados, coincidieron los partidos de la oposición. El PSPV-PSOE pidió la dimisión del consejero de Territorio por lanzar "un montaje" contra la moción de censura.
"Ya era hora de que González Pons ejerciera sus competencias urbanísticas", ironizó el secretario de Territorio y Vivienda socialista, Eugenio Burriel, al conocer la intervención en Castalla. El dirigente del PSPV-PSOE emplazó al PP a demostrar que tiene la voluntad de "exigir la ley a todos" si no quiere que la retirada de competencias en Catral se reduzca a una medida partidista e "hipócrita". "Sacar hoy el espantajo con un municipio pequeño huele a una maniobra de propaganda, no indica una voluntad de ordenar el territorio", dijo Burriel.
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Castellón legaliza 2.000 casas en la Marjalería y hace la vista gorda a otras 1.000 en suelo protegido
En Castellón, el PP ha gobernado durante casi dieciséis años. En el término municipal hay más de 3.000 viviendas ilegales que, en cualquier caso, han ido en aumento sin que autoridad autonómica alguna bloqueara su proliferación. De hecho, lejos de adoptar esta medida, el Ayuntamiento y la Generalitat han optado por aprobar un plan especial que legalizará la mayoría de estas construcciones, levantadas sobre 5 millones de metros cuadrados de la Marjalería castellonense que han pasado a ser urbanizables. El pasado mes de marzo, Territorio dio el último visto bueno a esta medida por la que más de 2.000 viviendas pasarán a ser legales, en el momento en el que se ejecute el plan para el que hay prevista una inversión inicial de 20 millones de euros, una cantidad que saldrá de las arcas públicas, tanto de la Generalitat como del propio Ayuntamiento de la capital de La Plana. En el caso del consistorio, el gasto obligará a un endeudamiento. Los otros 100 millones de euros necesarios para realizar infraestructuras básicas como alumbrado, alcantarillado o asfaltado correrán a cargo de los propietarios de las viviendas.
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Otros casos en la provincia
Catral no es la excepción. Varias localidades de la provincia están afectadas por construcciones ilegales, sobre todo en la comarca de la Vega Baja. Así, en Dolores hay al menos 500 viviendas construidas en zona de huerta. En Albatera también se construyeron sin licencia 20 chalés. Luego, en ayuntamientos como el de Pilar de la Horadada se ha proyectado varios proyectos urbanísticos en suelo de huerta. Tampoco se salva San Fulgencio, Bigastro y Almoradí, entre otras poblaciones. Pero no sólo en esta comarca. En parcelas rurales de Aspe, en el Medio Vinalopó, se han edificado decenas de casas. El Ayuntamiento ordenó hace unos meses los primeros derribos pero aún no se ha llevado ninguno a cabo al recurrir los dueños de los inmuebles. Sin embargo, en La Romana ya se han efectuado las primeras demoliciones. Por otro lado, el PSOE anunció el pasado mes de julio la presentación de una denuncia ante los tribunales para que se abra una investigación sobre la segunda fase de la urbanización Castalla Internacional, donde se están construyendo 410 chalés. Los socialistas afirmaron que estas obras carecían de licencia, motivo por el que solicitaban al Consell la paralización de la actuación. El responsable de Territorio del PSPV, Eugenio Burriel, destacaba que en 2004 la Conselleria emitió un informe de impacto ambiental desfavorable y que como consecuencia, el Ayuntamiento de Castalla no había podido conceder licencia de Obras.
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