La proliferación de casas construidas sobre suelo no urbanizable o sin licencia de obras no es un fenómeno aislado. Durante los últimos meses también se han publicado escándalos urbanísticos en otras localidades.
En Orihuela, donde gobierna el PP, "hay unas 8.000 viviendas ilegales sin licencia y con expediente sancionador que están siendo estudiadas por el Fiscal Anticorrupción", según recordó ayer Francisco García Ortuño, portavoz opositor en Orihuela expulsado del partido socialista. El concejal de Orihuela también recordó el caso de Albatera, gobernado por el PSPV, donde el juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela está investigando la denuncia presentada por el Seprona de la Guardia Civil, tras una anterior de Ecologistas en Acción, contra un promotor, San José SA, que presuntamente construyó una urbanización con campo de golf en un monte de utilidad pública.
En Benidorm el Ayuntamiento "ha dejado caducar" más de 1.000 expedientes de disciplina urbanística, como ocurre en Altea, Polop, Relleu o La Vila, según dijo el portavoz socialista de la Diputación de Alicante, Antonio Amorós que criticó que el presidente del Consell, Francisco Camps, haga un uso partidista y utilice una doble vara de medir. "Esperamos que aplique las mismas medidas en los ayuntamientos del PP", como Altea, Castalla, Relleu, Monòver o Dolores. Así, en Castalla, la segunda fase de la urbanización Castalla Internacional está compuesta por más de 500 viviendas unifamiliares, carece de licencia de obras, tampoco dispone de una declaración de impacto ambiental favorable, y no tiene luz ni agua corriente legalizada, según el PSPV. En Relleu, localidad de 1.000 vecinos, el equipo de Gobierno ha reclasificado, en contra de los criterios del Consell, 1,2 millones de metros cuadrados para construir viviendas para 20.000 personas. En Monòver, sin modificar el PGOU, el empresario Enrique Ortiz construirá una urbanización de 4.000 viviendas que incluye un campo de golf. En Dolores, una urbanización para 2.600 viviendas y campo de golf afecta al perímetro de protección del Hondo de Elche.
Según Amorós, el PP, a partir de ahora, deberá derribar "miles de casas que se encuentran levantadas sin permisos en municipios del PP, tales como las asentadas en Castalla, Novelda, Calpe o Callosa de Segura".
Por su lado, el colectivo La Vega Baja no se Vende también achacó la actuación del Consell a "otros motivos" ya que el "expolio" de la huerta tradicional en beneficio de la construcción es "conocido desde hace años". Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, lamentó que algunos poderes locales de la zona "consideren la huerta como un gran solar que espera impacientemente su urbanización".
Visto en El País
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