El conseller de Territorio, Esteban González Pons, denunció ayer en el pleno de las Cortes Valencianas que el Ayuntamiento de Catral, al que la Generalitat ha retirado las competencias urbanísticas, otorgaba licencias de vallado o de casas de labor con las que se construían viviendas en zona no urbanizable, cuyos promotores legalizaban con certificaciones técnicas que acreditaban la antigüedad necesaria para que prescribiera la infracción urbanística.
González Pons respondió en la sesión de control al Consell a sendas preguntas del PSPV y EU-Entesa, que pretendían conocer los criterios objetivos de la Conselleria de Territorio para llevar a cabo la retirada de competencias municipales en materia de disciplina urbanística en ayuntamientos tras el caso de Catral. El conseller señaló que el procedimiento que seguían los promotores era solicitar licencia de vallado al Ayuntamiento, que era aprobada por la junta de gobierno con informe en contra del arquitecto municipal y del secretario. La autorización requería una solicitud previa a la Conselleria de Territorio y Vivienda, pero no se efectuaba, y era la que permitía construir una vivienda donde se había solicitado construir una valla o refugio de labor.
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