El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Catral afirmó ayer, en una nota de prensa, que un alto porcentaje de los comparadores de las cerca de 1.200 viviendas de este municipio declaradas ilegales por la Generalitat fueron engañados en el momento de la adquisición, ya que desconocían la situación irregular.
Esta opinión no coincide con lo afirmado recientemente por la asociación de constructores de la Vega Baja (Procosta) cuyo presidente, Aurelio Murcia, dijo que la mayoría de compradores conocían la situación de ilegalidad.
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