Honorio Fernández Llamas (Caboalles -Asturias- 1939), presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), asegura que los responsables del caótico modelo urbanístico valenciano son los ayuntamientos y, en paralelo, la falta de control por parte de la Administración autonómica. El colectivo, creado en 1996, denunció ante el juez las casas ilegales de Catral. Fernández, afiliado a CC OO y ex concejal de Orihuela por el PCE, en el primer mandato, reclama más recursos para los Consistorios para "evitar caer en la tentación de financiarse a través del urbanismo".
Pregunta. Las casas ilegales de Catral han destapado la caja de Pandora del urbanismo valenciano ¿a qué responde este caótico modelo de desarrollo urbano?
Respuesta. El problema está en los Ayuntamientos. Los municipios son los primeros que deben acatar la legalidad y disciplina urbanística, y no lo hacen. Pero hay diferencias radicales entre el urbanismo que se hace en Salamanca o el de la Vega Baja. En esta zona de la costa, desde hace 25 años se persigue exclusivamente hacer negocio rápido y no se ha respetado la normativa urbanística de nuestra legislación, que arranca con la ley de 1955, hasta llegar a la Aznar, en 1998. Esas normas plantean una serie de obligaciones urbanísticas, como que el promotor que inicia una promoción es el que debe hacerse cargo de las infraestructuras y ejecutarlas antes o simultáneamente a las casas. Pero aquí, desde la década de los sesenta, se hace al revés. La normativa valenciana ha sido el mejor regalo para los promotores y constructores para burlar y eludir sus obligaciones urbanísticas previas a levantar las casas.
Entrevista completa en El País
1 comentario:
buena denuncia, juande.
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