La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que ordene que el ministerio público «se muestre activo» en la persecución de delitos urbanísticos cometidos supuestamente en Catral.
Su presidente, Honorio Fernández, reclamó así a Conde-Pumpido que dé instrucciones a la Fiscalía de Alicante para que actúe contra el sobreseimiento provisional de la causa judicial contra el alcalde de la localidad alicantina, José Manuel Rodríguez Leal (PSPV-PSOE), cuatro concejales socialistas, dos funcionarios municipales y unos 30 promotores por la construcción «de unas 1.300 viviendas ilegales».
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