El portavoz territorial del PSPV-PSOE en Alicante, Carlos González, aseguró ayer que en esta provincia hay «demasiados» alcaldes del PP con «muy poca decencia y mucho patrimonio», y recordó que los regidores de la capital, de Torrevieja y de Orihuela figuran como imputados en sendos sumarios judiciales.
González reaccionó así a las declaraciones de la secretaria ejecutiva de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ayer dijo en Alicante que los casos que conoce de cargos públicos ingresados en prisión o que hayan presentado la dimisión en relación a supuestos delitos urbanísticos «son del PSOE». El socialista consideró que Pastor ampara «con el "y tú más" la situación reprobable de muchos alcaldes del PP en la provincia de Alicante». Aseguró que «en el PP hay una lista de nombres de alcaldes que actúan con muy poca decencia y que han acumulado un gran patrimonio desde que accedieron a sus respectivas alcaldías», y se refirió expresamente al de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo. Sobre éste, dijo que constituye «un pésimo ejemplo ético» al «beneficiarse de la especulación urbanística y obtener plusvalías de casi seis millones de euros comprando y vendiendo fincas a empresas con las que se relaciona como alcalde».
Además, el portavoz socialista recordó a Pastor que «Hernández Mateo está imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada». Los escándalos salpican a alcaldes como el de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de Orihuela, José Manuel Medina, ambos imputados por numerosos y muy graves asuntos, pero también a otros como el de Dolores, Granja de Rocamora, Vila-joiosa, Hondón, Guadalest, Calp y Benissa, «todos bajo sospecha e investigados por actuaciones relacionadas con el urbanismo o irregularidades en la contratación pública», dijo.
González recordó que «el único alcalde de Alicante que está pendiente de ingresar en prisión es Luis Fernando Cartagena, militante del PP, ex alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas y Urbanismo». Cartagena fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil, «por quedarse con 49.000 euros de las monjas». Y está pendiente de ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander.
Visto en Levante / EMV
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