La Comisión Europea estudia la posibilidad de enviar al Gobierno de España «un dictamen motivado», un ultimátum precontencioso que puede acabar en el Tribunal de Justicia Europeo y en una sanción económica. La razón para ello es que la Generalitat no ha informado satisfactoriamente sobre las medidas adoptadas para evitar la tramitación de programas de actuación integrada (PAI), según una respuesta del comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, al eurodiputado socialista Joan Calabuig.
El parlamentario valenciano presentó dos preguntas por escrito ante la Comisión, en las que se interesaba por las medidas adoptadas para adaptar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) a la legislación comunitaria, así como por el número de Programas de Actuación Integrada (PAI) aprobados según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) desde que el 21 de marzo del 2005 la Comisión informara del expediente de infracción abierto contra esa normativa por estimar que incumplía las leyes de la UE. Calabuig también solicitaba saber las medidas tomadas para evitar adjudicar PAI según la LRAU a partir de esa misma fecha.
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