Miguel Ángel Agüera, portavoz municipal del gobierno del PP en Ibi, señaló ayer que la retirada de la condición de agente urbanizador a Las Generala y la paralización del proyecto de urbanización del Alamí le supondría al Ayuntamiento el pago de una indemnización mínima de 18 millones de euros. El dirigente popular indicó que la empresa tendría derecho a pedir esta compensación y señaló que los responsables de este gasto, en caso de producirse, serían los partidos de la oposición que han intentado paralizar el proyecto.
Dos días después del pleno en el que la oposición revocó el acuerdo sobre el Alamí, sigue abierta la polémica en torno a este proyecto de urbanización, que prevé la construcción de más de mil viviendas. Miguel Ángel Agüera insistía ayer en señalar las graves consecuencias económicas que podría tener para la corporación una posible paralización de esta iniciativa. El portavoz popular recordó que el convenio con la empresa La Generala esta aprobado en dos plenos y firmado. La marcha atrás, si se mantienen las teses de la oposición, obligaría a la empresa a recurrir a los tribunales y podría reclamar una indemnización que se situaría en torno a los 18 millones de euros, según estimaciones del PP. Esta dinero correspondería a la redacción del proyecto, a los intereses y al denominado lucro cesante; es decir el dinero que tenía previsto ganar la empresa y no ganará.
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