EN MADRID
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.
Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro ha abierto diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE).
EN SALAMANCA
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).
EN ÁVILA:
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués (PP) dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. En Navahondilla (PP), con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco el Pocero). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto.
EN ALICANTE
Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.
Alicante: El juez ha imputado al alcalde (PP), Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares.
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
EN MURCIA:
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
EN GRANADA:
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
EN MÁLAGA:
Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.
EN SEVILLA
Camas: El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones.
Bormujos: El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE.
El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.
Burguillos: Se acusa al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE. El alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Las investigaciones acaban de comenzar.
La Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.
Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
Visto en 20minutos.es
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