La Fiscalía Anticorrupción, que tiene abiertas 10 causas en España por supuesta corrupción urbanística en distintos ayuntamientos y comunidades, carece de expertos en esa materia para profundizar en sus investigaciones. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer por carta al Ministerio de Justicia que se dote a la Fiscalía Anticorrupción de expertos en materia urbanística para que las investigaciones sean más efectivas y evitar retrasos en el análisis de casos complejos como el de la recalificación masiva de suelo rústico en Seseña (Toledo) a favor de un promotor u otros.
La Fiscalía Anticorrupción tiene actualmente 11 fiscales encargados de la investigación a los que apoyan 11 funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria y otros cinco del Cuerpo de Interventores del Estado, además de 12 policías, nueve guardias civiles y otros 22 funcionarios. Sin embargo, no cuenta con expertos para luchar contra delitos de prevaricación urbanística, y considera necesario que se le adscriban al menos un par de técnicos que podrían proceder de los ministerios de Fomento o de Vivienda.
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