"Hay que demoler las viviendas ilegales"

En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas bajo un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. En el último año y medio, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 de estas construcciones, 24 al día. Y eso no es nada: sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias, Cantabria... Los dueños dormían tranquilos porque, con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas. Rara vez los jueces forzaban la demolición y la fiscalía aceptaba la situación. Hasta ahora. El recién nombrado fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, 53 años), anuncia una interpretación más restrictiva del Código Penal con un fin: "Hay que demoler", anuncia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas viviendas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados al comprar. Es la nueva filosofía.

Antonio Vercher Noguera, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tiene como misión coordinar a los fiscales de toda España en la defensa de la naturaleza y en la lucha contra los incendios, los vertidos ilegales, la contaminación acústica y todos los delitos contra la ordenación del territorio, excepto las grandes tramas de prevaricación urbanística, que corresponden a la Fiscalía Anticorrupción. Formado en Cambridge y Harvard, Vercher tendrá a su cargo guardias civiles y policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas en la fiscalía, recién creada por el Gobierno para atajar la proliferación de escándalos urbanísticos. El fiscal apuesta por "demoler las viviendas ilegales" a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal. Vercher recomienda a los compradores que comprueben en el registro que todo está en orden antes de adquirir una vivienda.

Pregunta. Desde que se detecta una infracción urbanística hasta que llega la sentencia que ordena una demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda más remedio que consolidar la situación. ¿Qué va a hacer?

Respuesta. Es cierto. Desde la Fiscalía del Estado se trata de buscar soluciones más prácticas mediante la aplicación del artículo 319.3 del Código Penal, es decir, la demolición. La fiscalía considera además que la demolición es un tema que hay que replantearse y que hay que buscar fórmulas que sirvan para que sea aplicable.

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