La Comisión Europea ha advertido al Consell de que debe reformar la LUV con el fin de que los planes urbanísticos se adjudiquen con garantías de publicidad y concurrencia. ¡Ahí es nada! Pedirle a Camps y a sus consejeros garantías de que deben actuar con publicidad, con transparencia. Y en cuestiones urbanísticas, nada menos. Es como pedirle al prestidigitador que muestre al público sus trucos, que descubra cómo lo hace.
Así que, ni corto ni perezoso, el conseller del ramo, señor González Pons, ha salido a la palestra y ha culpado al presidente Zapatero de ocultar en sus informes a Bruselas que no es sólo la Comunidad Valenciana la que cuenta con el "agente urbanizador privado", sino que esta figura se incluye por otras comunidades autónomas en sus leyes. Sucede, sin embargo, que no es la existencia del citado agente el fondo de la cuestión que denuncia Bruselas. Lo que la Comisión Europea reprocha a la ley valenciana es la ausencia de mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad de los procedimientos de adjudicación de los planes urbanísticos que promueven los citados agentes urbanizadores. En otras comunidades autónomas sí que se delimita esta cuestión. Pero el conseller González Pons monta el truco del almendruco, y nos ofrece en rueda de prensa lo siguiente: "La Comunidad Valenciana no es ninguna isla legislativa en materia de urbanismo, puesto que otras comunidades autónomas incluyen en sus leyes la figura del agente urbanizador, que también prevé el proyecto de ley del suelo presentado por el Ejecutivo estatal que se tramita en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿por qué la Comisión Europea sólo conmina a la Generalitat valenciana a modificar su ley?".
Pues muy sencillo. Porque la Comisión Europea no se refiere a la figura del agente urbanizador. No maree la perdiz, señor González Pons. La Comisión Europea no le pide al Consell que elimine la figura del citado agente. Ese no es el problema. Lo que la CE le censura al gobierno valenciano es el procedimiento, que no cuenta con "los mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad en la adjudicación de los planes urbanísticos que promueven los agentes urbanizadores". Es decir, que la LUV no cumple la directiva europea sobre contratos.
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