Según el conseller, «vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe y ahora se encuentran con una vivienda ilegal, que podría incluso ser demolida».
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Orihuela denuncia a constructoras que importaron el «modelo Catral»
El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado desde el año 2002 más de una veintena de denuncias por la vía penal contra construcciones ilegales en la huerta, sobre todo, concentradas en la pedanía de El Mudamiento, aunque también, aisladamente, en la zona de La Campaneta.
En algunos casos el Ayuntamiento de Orihuela, según fuentes del área de Urbanismo, ha añadido a las querellas el desacato a la autoridad por la rotura de precintos de las obras paralizadas por la brigada de inspección.
«Las mismas empresas» que «trabajan» en los términos colindantes de Callosa de Segura, Catral y Dolores, adquirieron en 2002 grandes superficies de terreno en la huerta de El Mudamiento. Comenzaron a construir y reparcelar suelo rústico. Estos empresarios apostaron por «probar» a ver si podían «sistematizar» su procedimiento de otros municipios en Orihuela. La mayoría de las casas se terminaron y vendieron.
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Los otros catrales de la C. Valenciana
La intervención por parte del Consell de las competencias urbanísticas de Catral chirría con la realidad valenciana, sólo en esta provincia existen, al menos, 26.000 viviendas por legalizar, según una primera estimación realizada por Levante-EMV ayer. En 2003 el hasta hace poco conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció lo que hasta hace 48 horas ha sido política oficial del Consell: «legalizar, donde se pueda», los chalés construidos irregularmente.
El que hasta hace unas semanas era conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció en diciembre de 2003, casi una década después de la llegada del PP al gobierno de la Generalitat Valenciana, que era voluntad del Consell «legalizar donde se pueda» los miles de chalés irregulares construidos.
Blasco fue diligente en su tarea, aunque su relevo le impidió concluirla: sólo en la provincia de Valencia al menos 26.000 viviendas situadas en decenas de municipios continúan sin legalizar o, como mucho, en un proceso de legalización que difícilmente será tan traumático como el de Catral, donde el Consell ha intervenido las competencias municipales.
Recientemente la Conselleria de Territorio y Vivienda ha autorizado al Ayuntamiento de Albaida, gobernado por el PP, una modificación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá reclasificar cualquier terreno del término municipal, incluido aquel que cuente con alguna protección especial.
La desprotección del término municipal de Albaida se produjo instancias del propio alcalde del municipio, Juan José Beneyto, y facilitará, además de la construcción de nuevas urbanizaciones, la legalización de todo lo construido ilegalmente en los últimos años.
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La Marjalería de Castelló triplica las viviendas ilegales de Catral
Las 4.000 viviendas ilegales que el Ayuntamiento de Castelló y la Conselleria de Territorio consienten en el humedal protegido de la Marjalería triplican las 1.270 casas sin licencia detectadas en Catral, circunstancia que ha utilizado el Consell para quitar las competencias urbanísticas a un ayuntamiento gobernado por el PSPV.
A pesar de la proliferación de construcciones en suelo protegido durante los últimos 14 años, la Generalitat no ha planteado en ningún momento retirar el control urbanístico del gobierno local del PP. Más bien al contrario, la conselleria no ha hecho más que respaldar públicamente las controvertidas operaciones urbanísticas del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra.
No pasa desapercibido que el PP ha preferido mirar hacia otro lado y no ha derribado ninguna de las viviendas construidas de forma ilegal en la Marjalería durante los últimos años. De hecho, en la memoria política del gobierno local sigue presente que la promesa de no derribar las construcciones ilegales decantó los comicios electorales de 1991 en favor del candidato popular, José Luis Gimeno.
Su compromiso era elaborar un plan especial para legalizar las viviendas alzadas en suelo protegido hasta esa fecha. Pese a ello, dicho proyecto aún no se ha ejecutado y las edificaciones se han multiplicado durante más de una década.
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La Fiscalía investiga ocho delitos urbanísticos y ha denunciado 20 ante el juez
La Fiscalía de Valencia investiga en estos momentos ocho denuncias por delitos urbanísticos cometidos en distintas poblaciones valencianas. No obstante, ha denunciado de oficio otras 20, que están siendo instruidas en diversos juzgados.
No obstante, en 2005, resolvió 123 expedientes relativos a delitos urbanísticos y todos los pendientes de 2004, que eran 31. Así, el pasado año, la Fiscalía de Valencia interpuso 80 denuncias, de las que 43 estaban relacionadas con la ordenación del territorio, según informó en abril el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo.
Según fuentes del portavoz de esta Fiscalía, Joaquín Baños, «a fecha de ayer se habían incoado en la Fiscalía de Valencia 37 diligencias por delitos urbanísticos». De ellas, ocho diligencias siguen en trámite; ocho se han archivado directamente porque no había indicios de delito, y 20 se han mandado a diferentes juzgados, al apreciarse indicios de delitos durante las diligencias de investigación. La restante fue remitida a la Fiscalía de Castelló, porque los hechos se referían a esta provincia. A ello hay que añadir cuatro diligencias incoadas por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos públicos relacionadas con la actividad urbanística. De éstas, dos están en los juzgados y una de ellas se archivó antes del verano, la del alcalde de Tavernes de Valldigna (PP). Esta información fue facilitada en abril por Ricard Cabedo, tras una orden del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que solicitó la relación de «actuaciones por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos de la administración pública relacionados con la actividad urbanística».
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Miles de casas ilegales en decenas de municipios
La proliferación de viviendas ilegales es una realidad palpable en el urbanismo valenciano. El fenómeno no es nuevo y se extiende de norte a sur de la Comunidad Valenciana. Sea en la costa, en el interior o en plena huerta, se han levantado a partir de los noventa miles de casas, en suelo no urbanizable y sin licencia. Municipios como Orihuela, gobernado por el PP, acumulan más de 30.000 casas irregulares. El Consell ha tomado cartas en el asunto y ha intervenido las normas urbanísticas de Catral, gobernado por el PSPV, con un número de casas ilegales menor que el caso oriolano. La suspensión de las competencias urbanísticas por primera vez en la historia a un Ayuntamiento ha motivado una reunión urgente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
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