Enrique Crespo, de la ejecutiva regional, y Alberto Martínez, de la provincial, declaran en el juicio que eran la única autoridad para suspender o celebrar la votación tras impugnar Ortuño los censos
El episodio más triste de la historia del PP local, como fue la votación del 22 de noviembre de 2004 para elegir compromisarios al congreso provincial de Altea, que terminó con urnas destrozadas, listados rotos y denuncias cruzadas entre los miembros de las dos candidaturas, ocurrió porque dos cargos del Partido Popular (PP), uno en representación de la ejecutiva regional y otro de la provincial, se consideraban la única autoridad para decidir o no la suspensión de aquellos comicios después de que Manuel Ortuño denunciara horas antes una supuesta manipulación de los censos que aún se está investigando.
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Acusados y acusadores llevan testigos que vieron cosas totalmente dispares
El juzgado de Instrucción 3 celebró por la mañana, en la primera parte del juicio, las tres denuncias por supuestas lesiones producidas dentro de la sala del colegio público habilitada como lugar de votaciones. Se da la curiosa circunstancia que, pese a tratarse de un pequeño habitáculo, los afiliados que prestaron declaración respaldaron las respectivas manifestaciones hechas previamente por la parte que les había citado a la vista. Así fue posible encontrar a gente a dos metros de un agredido que aseguraba haberlo visto todo y que identificaba plenamente al agresor, como también quien manifestaba encontrarse en el lugar pero negar absolutamente que se hubiera producido. Pese a que el magistrado advirtió uno por uno a los testigos sobre las consecuencias que acarrea el falso testimonio no cabe la menor duda que la mitad de los que ayer declararon no dijeron la verdad.
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