La segunda fase de la urbanización Castalla Internacional, compuesta por más de 500 viviendas unifamiliares, carece de licencia de obras, tampoco dispone de una declaración de impacto ambiental favorable, y no tiene luz ni agua corriente legalizada, según denunció ayer el PSPV. Eugenio Burriel, responsable de Territorio y Vivienda del partido socialista, exigió al consejero, González Pons, que paralice de inmediato las obras en esta "ciudad sin ley" y que advierta al alcalde, Juan Rico, del PP, de las "ilegalidades" que está cometiendo por consentir estas obras.
La mayoría de los propietarios de estas viviendas son residentes extranjeros que alcanzaban el sueño de disfrutar del clima y vivir cerca de la costa. Sin embargo, estas casas se han construido sin que el planeamiento del terreno estuviera aprobado por la Consejería de Territorio. El informe de impacto medioambiental no es favorable y el Ayuntamiento no ha concedido la correspondiente licencia municipal de obra, con lo cual la luz y el agua que tienen las casas es provisional, no hay contadores y se abastecen del suministro de la calle, ya que las casas tampoco disponen de cédula de habitabilidad, según aseguró, Eugenio Burriel, máximo responsable de Territorio y Vivienda en la ejecutiva del PSPV.
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