El Ministerio de Medio Ambiente ultima la redacción de un decreto que regulará el uso de las aguas residuales depuradas en España y que pondrá fin a una laguna legal pendiente de resolver desde de que se aprobó la Ley de Aguas de 1986. Normativa que tampoco tuvo en cuenta este aspecto -hoy clave debido a la sequía- cuando se modificó en 1993. Veinte años después de su aprobación no existe una normativa que marque las pautas para utilizar un caudal que ahora se pide tanto para el regadío agrícola, como para el baldeo de calles y el riego de jardines y que, por lo tanto, no se puede imponer a los ayuntamientos porque, precisamente, no existe siquiera un control sanitario sobre las aguas depuradas, pese a que su calidad haya mejorado significativamente en los últimos años gracias a la modernización de las plantas depuradoras.
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