El déficit de plazas escolares públicas en el centro de Valencia y la presión inmobiliaria sobre el suelo escolar en los barrios de nueva expansión han provocado, en 11 años de gobierno del PP, un vuelco en el equilibrio entre la red pública de enseñanza y la privada concertada. La fiebre constructora se ha comido ya el 10% de la reserva de suelo para nuevos colegios mediante la recalificación de solares para hacer pisos de renta libre. Y también para beneficiar a la Iglesia y a alguna academia privada. Esto hace que la matrícula de titularidad privada se haya disparado del 30% al 60% en sólo una década.
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