En 2002, el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, modificó la ley de drogodependencias de 1997 e introdujo la posibilidad de suministrar heroína a los toxicómanos de larga duración que hubieran fracasado repetidamente en los intentos de desengancharse. La noticia recabó una amplia difusión en los medios de comunicación, al tratarse una medida novedosa que equiparaba a la Comunidad Valenciana con países europeos tan avanzados en la materia como Suiza. Pero Valencia no es Zúrich, y cuatro años más tarde esta posibilidad duerme el sueño de los justos y los técnicos de drogodependencias de la Consejería de Sanidad (departamento al que se trasladó el área de drogas hace tres años) no tienen ninguna intención de aplicarla.
Este es un ejemplo de medida legislativa inútil, pero no es el único. De las 131 leyes aprobadas en las Cortes Valencianas desde que el Partido Popular se instaló en el Palau de la Generalitat en 1995, ha habido no sólo artículos, sino decenas de leyes enteras que se encuentran sin estrenar. Algunas son leyes florero, promulgadas más que nada por cuestión de imagen; en otros casos se trata de textos que, si bien eran necesarios y positivos, han quedado olvidados en los cajones de la Generalitat, sin desarrollo reglamentario y sin aplicación práctica, ya sea por falta de voluntad política o bien debido a la ausencia de dotación presupuestaria, o por ambas cosas a la vez.
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