El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha autorizado la construcción de dos torres de viviendas en Punta Llisera de Benidorm, al denegar hasta cuatro veces la suspensión de las obras solicitada por la Dirección General de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Costas intenta que Edificaciones Calpe, perteneciente al Grupo Ballester, no construya los inmuebles al considerar que están en dominio público marítimo terrestre, pero la promotora asegura que las obras se ajustan a la legalidad y tiene intención de proseguir con los trabajos tras haber superado numerosos litigios desde 1988, cuando el Ayuntamiento le concedió la licencia.
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