El Consell de la Generalitat Valenciana y las Cortes Valencianas deberían acabar cuanto antes con el penoso espectáculo que están dando con esa Comisión de la Sequía, cortada a su medida política y electoral. Y deberían hacerlo porque el problema hidrológico de mayor dimensión del País Valenciano, que es la dramática situación que atraviesa el Júcar, es responsabilidad directa de los gobiernos anteriores del Partido Popular. El desastre actual del río es el resultado de una situación de facto que fue legitimada en el Pacto del Agua entre Bono y Zaplana en 1997, en el que Castilla-La Mancha se quedó con dos terceras partes de las disponibilidades que ahora se está viendo que tiene realmente el Júcar.
Ese fue el precio que pagó Zaplana para que Bono apoyase el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, y para que aceptase el envío a los promotores de Alicante de los últimos caudales del Júcar por el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes. No es cierto que ambos mandatarios no pensaran en el futuro del Júcar en Valencia. Sabían muy bien que con esa política no había tal futuro, porque legalizando la esquilmación del acuífero de la Mancha Oriental, que de modo natural mantenía el caudal base del río en los ciclos de sequía, el Júcar estaba condenado a atravesar, de modo cada vez más frecuente, situaciones extremas como la actual. Por eso, cuando se hiciera patente el colapso del Bajo Júcar, algo totalmente previsible y planificado, contaban con abastecer la Ribera de Valencia con agua del Ebro.
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