Como el polémico caso de los aparcamientos ya está en el juzgado el Ayuntamiento de Alicante nada tiene que investigar. Así zanjó ayer el grupo municipal del PP el primero de los dos plenos-exprés con los que, en poco más de una hora, dio carpetazo a los dos asuntos que más daño pueden hacer a los populares. No en vano ambos se encuentran en los juzgados. El de los estacionamientos adjudicados a Enrique Ortiz, por la denuncia remitida por el fiscal Anticorrupción tras ser alertado por el candidato a la Alcaldía por Vecinos por Alicante, José Luis Valdés; y el de una presunta infracción urbanística en terrenos no urbanizables del Bacarot, por denuncia del PSOE.
La estrategia de Luis Díaz Alperi en ambos casos fue la misma: con cara de quien está allí porque no le queda más remedio, lo rechazó todo. Denegó, en el caso de los aparcamientos, la creación de una comisión municipal para investigar las presuntas irregularidades existentes «para no crear juicios paralelos», se dijo, y en el del Bacarot, con la ayuda de su mujer de confianza, la edil de Urbanismo Sonia Castedo, recordó que esta actuación fue autorizada por una Generalitat gobernada por el PSOE.
El alcalde iba sobrado, si bien es cierto que por el espinoso asunto de los aparcamientos -en el que está imputado junto a Castedo, al edil Luis Concepción, a un técnico municipal y al representante legal de Ortiz e hijos- pasó con más rapidez que sobre el del Bacarot. Y además se permitió dar consejos cargados de ironía, como cuando el portavoz del PSOE le recriminó que hubiera convocado los dos plenos el mismo día. «Pues sean más espabilados y no los pidan juntos», le espetó no exento de razón.
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